El acoso a la clínica de Misisipi que detonó la sentencia contra el aborto: “Los que matan bebés merecen morir”

La decisión del Tribunal Supremo de derogar ‘Roe contra Wade’ obliga a echar el cierre en Jackson al centro que perdió el juicio. Su dueña tiene previsto abrir otro a 1.600 kilómetros de distancia

Kim Gibson, a la izquierda, y otra defensora, sostienen pancartas este viernes frente a la única clínica de abortos en Misisipi.
Kim Gibson, a la izquierda, y otra defensora, sostienen pancartas este viernes frente a la única clínica de abortos en Misisipi.Rogelio V. Solis (AP)

A la clínica Jackson Women’s Health Organization la conocen en la capital de Misisipi como la Casa Rosa. Su fama alcanzó nuevas cotas este viernes con su entrada en los libros de Historia, cuando el caso que la enfrentaba contra su Estado por una ley que fijaba en 15 semanas el límite para interrumpir el embarazo sirvió al Tribunal Supremo para enterrar, por seis votos conservadores contra tres, Roe contra Wade, la sentencia que en 1973 legalizó el aborto en Estados Unidos y que fijaba ese límite en 23 semanas.

Tras conocer la noticia, que por muy esperada que fuera, cayó como una bomba, su dueña, Diane Derzis, de 68 años, anunció, vestida de verde y frente a la clínica, que no piensa rendirse. “Las mujeres siempre hemos abortado. Ha sido un honor y un privilegio estar aquí”, dijo antes de desvelar sus planes: “seguir funcionando 10 días más” y “abrir pronto un centro en Las Cruces, Nuevo México”, a 1.600 kilómetros de Jackson. En ella, esta veterana de la causa, que lleva 46 años dando servicios de salud reproductiva a las mujeres, pretende continuar atendiendo a las pacientes de Misisipi.

Hace no mucho, este Estado estaba considerado como un Estado refugio para quienes querían abortar. Ahora es uno de los 13 (con Arkansas, Kentucky, Luisiana, Missuri, las dos Dakotas, Oklahoma, Wyoming, Texas, Tennessee, Idaho y Utah) que cuenta con una ley-gatillo lista para entrar en vigor en los próximos días. Hasta ahora, estaba permitido practicar una intervención hasta la decimoquinta semana, salvo si el embarazo era fruto de una violación o si estaba en riesgo la vida de la madre. Tras el fin de Roe, se espera que aquí entre en vigor una de las legislaciones más restrictivas del país.

“Mucha gente no sabe lo que está sucediendo. No saben que esa decisión judicial es un atropello a un derecho fundamental”, afirmó esta semana en Jackson la activista Kim Gibson, cofundadora de Pink House Defenders, un grupo de escoltas de las pacientes que llegan a la Casa Rosa, que desde 2004 es la única clínica de este tipo en un Estado con altos niveles de pobreza entre sus tres millones de habitantes. Junto con una decena de personas, se encarga de encarar a los fanáticos religiosos que acuden a las puertas con grotescos carteles de fetos ensangrentados y persiguen humillar a las pacientes. Gibson lleva haciéndolo desde 2017.

—”No pongas el regalo más bello que te dio nuestro salvador en manos asesinas. ¡Arrepiéntete!”, gritaba esta semana a una mujer un hombretón con una gorra de camuflaje.

―”Si realmente crees que allí dentro se están cometiendo asesinatos, ¿por qué no llamas al 911 y se lo dices a la policía?”, le interpelaba uno de los escoltas de la clínica.

La Casa Rosa se encuentra en Fondren, un barrio progresista de Jackson. En los años ochenta, Misisipi llegó a tener más de una docena de clínicas. Hoy solo queda esta, ubicada en una esquina, sobre una pequeña loma, en una calle donde los negocios de siempre, como una zapatería y una cerrajería, conviven con modernos comercios como una tienda de vinilos, bares de cócteles tikis y un cine de barrio.

La clínica privada trata a unas 300 pacientes por semana. Muchas son pobres y reciben el apoyo de fundaciones y organizaciones para costear la intervención. El número de mujeres que acuden ha crecido desde que Texas prohibió en diciembre pasado la intervención desde las seis semanas de gestación, casi un veto total del aborto que se hará todavía más duro 30 días después de la sentencia. Esto ha empujado a muchas a la carretera, obligadas a recorrer cientos de kilómetros para abortar.

Los activistas hacen junto a las pacientes un camino más corto, pero también difícil, el que separa sus coches del interior del centro. Cargan altavoces inalámbricos de los que sale música a todo volumen para ahogar las plegarias lanzadas por los fanáticos. Derenda Hancock, otra de las fundadoras del grupo de defensores, va armada con gas pimienta.

Este viernes, tras el fallo, los ánimos se calentaron a las puertas de la Casa Rosa. “Todos los que matan bebés merecen morir. Tienes suerte de que en este país se perdona la vida a los asesinos, Kim”, gritaba Gabe Oliva, de 30 años, a Gibson, desde el otro lado de la acera.

El sur de Estados Unidos, sobre todo la región conocida como el cinturón bíblico, registra una activa presencia de movimientos radicales de defensa de la vida. Uno de los primeros activistas que acudieron a las puertas de la Jackson Woman’s Health Clinic cuando abrió las puertas, en 1995, fue Roy McMillan, quien aterrorizaba por igual a médicos, enfermeras y pacientes. “No creo que sea pecado matar a alguien que se las arregla para exterminar niños”, decía entonces. Un juez le impidió acercarse a menos de 15 metros de cualquier clínica de abortos. Uno de sus compañeros de cruzada, el sacerdote Paul Hill, había matado de un escopetazo a un médico y a su escolta un año antes, en 1994, en el Estado de Florida. Lo condenaron a muerte, y lo ejecutaron por inyección letal en 2016.

El acoso persiste. El jueves, un hombre sostenía un cartel con el nombre de uno de los ginecólogos que trabaja en Jackson. “Bruce Norman mata bebés aquí”, decía el mensaje. Cosas como esta, junto a una legislación local muy estricta, han hecho que las administradoras de la clínica decidan traer una vez por semana desde otros Estados al equipo médico que realiza los abortos. Los alojan en casas seguras. “La gente no quiere trabajar donde vive”, explica Derenda Hancock, que dice que algunos radicales seguían a médicos y enfermeras a sus casas. “Simplemente, no los dejan en paz”.

Diane Derzis, dueña de la clínica Jackson Women's Health Organization.
Diane Derzis, dueña de la clínica Jackson Women's Health Organization.Rogelio V. Solis (AP)

Los médicos se enfrentaban a varias barreras impuestas por el Gobierno local, del Partido Republicano, que en 2011 sometió a plebiscito dar a los fetos los mismos derechos de las personas. La iniciativa fracasó, pero en la década siguiente, y gracias al gobernador ultraconservador Phil Bryant, se aprobaron nuevas trabas para abortar. Por ejemplo, las pacientes tienen que recibir una asesoría facilitada por el Estado diseñada para hacerlas cambiar de opinión. Después de la sesión se deben esperar 24 horas, lo que las obliga a hacer dos viajes a la clínica. Los padres de las menores de edad deben dar permiso para la intervención. La clínica está obligada a efectuar ultrasonidos a las pacientes y ofrecerles la opción de ver la imagen.

“Esto no acaba en el aborto. Ahora van por el control natal. Y después a por la fertilización in vitro, aunque esa les costará más prohibirla porque es un método usado por los ricos. Es la vuelta a un estado teocrático”, afirmó Hancock tras la derrota.

Derzis, la dueña, suele contar que abortó a las 12 semanas de su embarazo. Era estudiante universitaria y estaba casada. No se arrepiente a pesar de que la describe como una experiencia desagradable. Tiempo después se divorció y no tiene hijos. Abrió su primera clínica en los años 70. Uno de sus centros, en Birminghman, Alabama, donde vive, a tres horas y media en coche de Jackson, fue objetivo de un atentado con bomba en 1998. El principal sospechoso de aquel ataque fue el terrorista Eric Rudolph, quien después fue señalado por el FBI como responsable de las explosiones en los Juegos de Atlanta ‘96. La clínica fue reconstruida, pero la obligaron a cerrarla en 2012, porque incurrió en varias infracciones del reglamento sanitario. Ese año emprendió también otro litigio contra las leyes de Misisipi, que exigían a los médicos de su clínica tener residencia en un hospital local para poder llevar a cabo los abortos.

En 2018 volvió a los tribunales para demandar de nuevo al Estado, en un caso que el Supremo cerró definitivamente el pasado viernes. Ahora, se llevará la clínica aún más lejos, a Nuevo México. La vieja Casa Rosa termina con el legado de Roe. La nueva abrirá sus puertas en el amanecer de la era Dobbs.

Sobre la firma

Luis Pablo Beauregard

Es uno de los corresponsales de EL PAÍS en EE UU, donde cubre migración, cambio climático, cultura y política. Antes se desempeñó como redactor jefe del diario en la redacción de Ciudad de México, de donde es originario. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y el Máster de Periodismo de EL PAÍS. Vive en Los Ángeles, California.

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