Las víctimas tendrán una vía directa para asesorar al Defensor en su investigación sobre los abusos en la Iglesia

Ángel Gabilondo, titular de la institución, anuncia los nombres de los 20 expertos que elaborarán el informe que le encargó hace tres meses el Congreso

Ángel Gabilondo, este lunes durante su comparecencia en el Congreso para presentar su estrategia para investigar los abusos en la Iglesia.Foto: VÍCTOR SAINZ | Vídeo: EUROPA PRESS

Las víctimas de pederastia en la Iglesia española contarán con una vía directa para asesorar al Defensor del Pueblo en su investigación, según ha informado ese lunes el titular de la institución, Ángel Gabilondo, en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, en la que ha comparecido a petición propia para “dar cuenta” del trabajo que ha realizado hasta ahora sobre este asunto. Este canal de asesoramiento se llamará Foro de Asociaciones, un espacio donde los representantes de las organizaciones de víctimas de abusos que lo deseen aportarán “su experiencia y posiciones a través de diferentes sesiones de trabajo” para reunir indicaciones y recomendaciones que, posteriormente, el Defensor pueda incorporar en el informe final que el Congreso de los Diputados le encargó hace tres meses. “Es imprescindible contactar con las víctimas para conocer la verdad y para contrarrestar la injusticia. Solo a partir del reconocimiento de sus testimonios se puede propiciar una adecuada interpretación de lo sucedido. De ahí, que no pueda realizarse un informe sin ellas”, ha declarado.

Gabilondo también ha anunciado la creación de dos equipos de trabajo. El primero, una comisión asesora formada por 17 especialistas y tres miembros de la oficina del Defensor del Pueblo, el mismo Gabilondo y sus dos adjuntas, Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena. El resto de integrantes son asesores externos del ámbito profesional y académico, con experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos jurídicos y en victimología. Entre ellos, destacan Miguel García-Baró López, catedrático de Filosofía de la Universidad Pontificia Comillas y coordinador del Proyecto Repara —oficina de atención a víctimas de abusos de la Archidiócesis de Madrid—; María Jesús Raimundo, fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado; Letizia De la Hoz, letrada y abogada de Derecho canónico por la Nunciatura Apostólica; Lourdes Menacho Vega, Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales; María Vilches Fernández, fiscal y letrada de Igualdad y Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial; Julián Carlos Ríos, abogado penalista y mediador en procesos de justicia restaurativa en delitos de terrorismo y en abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica; Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal en la Universitat Oberta de Catalunya y coautor del informe Abusos sexuales en la Iglesia Católica: análisis del problema y de la respuesta jurídica e institucional y la también coautora del mismo informe Gema Varona, profesora de Victimología y Política Criminal en la Universidad del País Vasco. El trabajo de este grupo consistirá en recopilar los testimonios recogidos, valorarlos y analizarlos, con el objetivo de elaborar un informe que refleje la dimensión real del problema de los abusos en la Iglesia y su encubrimiento. “La comisión asesora no es un tribunal”, ha matizado Gabilondo. Los trabajos comenzarán, previsiblemente, a comienzos de julio.

El otro equipo será una unidad integrada por 10 personas asalariadas a tiempo completo para atender a las víctimas. Todas ellas tendrán experiencia en este tipo de entrevistas. El Defensor ha anunciado que dispondrá de un piso en Madrid donde se abrirá una oficina dedicada a la atención de las víctimas. Un local fuera de la sede de la institución que garantice la privacidad durante el proceso de escucha de los afectados. Del mismo modo, habilitará un buzón electrónico —accesible desde su página web— y un teléfono de contacto. La función de este equipo, según ha dicho Gabilondo, es la de recopilar datos para el informe, pero no será “una unidad de terapia de las víctimas”. Sin embargo, el Defensor ha enfatizado el papel central que tienen quienes sufrieron abusos en todo el proceso de investigación, en el que se buscará un trato cercano. “Es importante el respeto y la escucha a quienes por abuso han venido a ser víctimas. A quienes, y no son pocos casos, han vivido una vida profundamente marcada por dichos abusos, con gravísimas consecuencias. Y a quienes con su dignidad son el centro de lo que haya de hacerse en esta encomienda. Sin considerarlas nunca un medio para la elaboración de un informe, sino estimando clave su dolor”, ha destacado.

El Defensor también ha solicitado a EL PAÍS acceso a los casos de pederastia en la Iglesia Católica que haya verificado desde 2018, cuando comenzó su investigación periodística sobre este tema, con el fin de incorporar ese material a la elaboración de dicho informe. Entre los datos solicitados se encuentran los dos informes que el diario ha entregado al Vaticano y a la Conferencia Episcopal Española (CEE); el primero, el pasado diciembre, con 251 casos inéditos y el segundo, la semana pasada, con 278 testimonios que señalan 200 casos nuevos, además de a otros 44 sacerdotes que ya habían sido denunciados anteriormente. Hasta ahora han salido a la luz al menos 840 casos y 1.594 víctimas de pederastia clerical, según la contabilidad que lleva este diario a falta de datos oficiales.

En cuanto a la fecha límite para entregar el informe al Congreso, Gabilondo no ha avanzado nada. No obstante, sí ha precisado que comparecerá periódicamente en la comisión mixta del Congreso y el Senado para ir informando sobre sus avances. En principio, también prevé presentar un documento en 2023, antes de que acabe la legislatura, para resumir lo investigado hasta ese momento, aunque el trabajo proseguirá hasta que sea necesario. El cargo del Defensor del Pueblo no culmina con la legislatura, sino que fue elegido el pasado noviembre por un periodo de cinco años.

El objetivo principal del informe encargado por el Congreso es determinar los hechos, establecer formas de reparación, que pueden explorar las posibilidades de la responsabilidad civil, y sugerir propuestas de actuación y recomendaciones de cambios legales para mejorar la atención de las instituciones hacia este problema. De momento, no se ha especificado si se realizará un estudio sociológico sobre los datos recabados. En Francia, la comisión encargada de abordar esta cuestión elaboró un informe a través de una encuesta donde se calculó que al menos 330.000 franceses fueron víctimas de la pederastia clerical desde mediados del siglo pasado.

La relación de la Iglesia con la investigación del Defensor sigue siendo un interrogante. Gabilondo ha dicho durante la comparecencia que, en un primer momento, solicitó a los obispos que formasen parte de ella, pero que dieron un paso atrás. Los obispos afirmaron el pasado abril que no participarían en dicha comisión, y justificaron que no podían ser “juez y parte” en este tipo de iniciativas. No obstante, tanto el presidente de la CEE como la Confer (Conferencia Española de Religiosos) han añadido que “colaborarán en todo lo que les pida”. Paralelamente, el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo —bufete al que los obispos españoles le han encargado una auditoria sobre la pederastia en la Iglesia en las últimas décadas— se ha mostrado abierto a cooperar. Los trabajos de este bufete han atendido en los últimos dos meses unas 60 denuncias de víctimas, aunque la mitad corresponden con hechos que sucedieron fuera del ámbito eclesiástico.

Tanto el acceso a los archivos eclesiásticos como a las declaraciones de los posibles responsables —obispos, superiores de órdenes, miembros del clero, etcétera— es esencial para que el Defensor desarrolle un informe completo del problema. No obstante, ni las diócesis ni las congregaciones están obligadas a abrir sus archivos, ni tampoco a entregar los datos de los casos que han conocido o juzgado en sus propios tribunales, un derecho recogido en los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede vigente desde 1979.

Miembros externos de la comisión asesora

- Xabier Arzoz Santisteban. Catedrático de Derecho Administrativo de la UNED y titular de la cátedra Jean Monnet Integration through EU Fundamental Rights. Ha sido letrado del Tribunal Constitucional.

 

- Olga Belmonte García. Profesora de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Autora de 'Víctimas e ilesos. Ensayo sobre la resistencia ética'.

 

- Letizia De la Hoz. Abogada del Colegio de Gijón y abogada rotal por la Nunciatura Apostólica. Miembro de Justice Initiative - European Response to child abuse cases.

 

- Miguel García-Baró López. Miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Catedrático de Filosofía de la Universidad Pontificia Comillas. Coordinador del Proyecto Repara, oficina de atención de víctimas de la Archidiócesis de Madrid.

 

- Juan Carlos González Martín. Licenciado en Derecho y Filosofía. Miembro de Eshma, organización para el acompañamiento a supervivientes de abusos sexuales. González ha asesorado a instituciones religiosas sobre la implantación de entornos seguros, protocolos y políticas institucionales de prevención.

 

- Araceli Medrano Samaniego. Psicoterapeuta especializada en víctimas de abusos sexuales y víctimas de violencia de género. Doctora en Psicología por la Universidad del País Vasco y profesora del Máster en Intervención y Mediación Familiar de la Universidad de Deusto.

 

- Lourdes Menacho Vega. Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales.

 

- Paula Merelo Romojaro. Autora del libro 'Adultos vulnerados en la Iglesia'. Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de enseñanza secundaria.

 

- María Elena Olmos Ortega. Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado y Secretaria General de la Universitat de València. Doctora en Derecho por la Universitat de València y licenciada en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. Expresidenta de la Asociación Española de Canonistas.

 

- Noemí Pereda. Profesora Titular de Victimología en la Universidad de Barcelona y directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de dicha Universidad. Experta asesora de la Oficina Regional Europea de la OMS en el estudio de violencia contra la infancia en España.

 

- María Jesús Raimundo. Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Ha sido también letrada en el gabinete técnico del Tribunal Supremo.

 

- Julián Carlos Ríos. Profesor de Derecho Penal en la Universidad Pontificia Comillas. Criminólogo. Abogado penalista y mediador en procesos de justicia restaurativa en delitos de terrorismo y en abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.

 

- Alejandro Saiz Arnaiz. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y miembro del Consejo de Administración de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA).

 

- Josep María Tamarit. Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y catedrático de Derecho Penal en la Universitat Oberta de Catalunya y en la Universitat de Lleida. Investigador principal de proyectos relacionados con abusos sexuales en instituciones religiosas. Coordinador y coautor de 'Abusos sexuales en la Iglesia Católica: análisis del problema y de la respuesta jurídica e institucional'.

 

- Gema Varona. Profesora de Victimología y Política Criminal en la Universidad del País Vasco y codirectora del Postgrado 'Trabajar con Víctimas de Experiencias Traumáticas' de dicha Universidad. Miembro del comité ejecutivo de la Sociedad Mundial de Victimología.

 

- María Vilches Fernández. Fiscal y letrada de Igualdad y Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid. También ha sido asesora del Ministerio de Justicia.

 

- Ana Laura Zugaza Aizpuru. Diplomada en Magisterio y Licenciada en Psicología y en Teología. Profesora del IES Bertendona de Bilbao. Ha sido miembro del Consejo Diocesano de Bilbao. Miembro de la Asociación de Teólogas Españolas.

Si conoce algún caso que no ha sido denunciado o quiere aportar nueva información a los ya publicados, puede escribirnos a la dirección de correo abusos@elpais.es

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