El Gobierno quiere garantizar comedores escolares en escuelas e institutos en 2030 para luchar contra la obesidad infantil

El Gobierno quiere dar la vuelta al alarmante dato de obesidad infantil de España: afecta a 2 de cada 10 niños de entre seis y nueve años, y otros dos tienen sobrepeso, el tercer peor dato de la Unión Europea. El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil ha presentado este viernes un plan para revertirlo de aquí a 2030 con 200 medidas (algunas más concretas que otras). Entre ellas está garantizar el comedor escolar en todas las etapas educativas, servicio con el que ni siquiera cuentan hoy por hoy numerosas escuelas de primaria. Es una iniciativa que precisaría la implicación de las comunidades autónomas, que tienen las competencias.

El plan, en el que han participado 15 ministerios, establece metas concretas de aquí a 2030: bajar el sobrepeso infantil al 20%-25%; reducir en un 40% la brecha social de la obesidad, que afecta el doble a los niños de familias con rentas más bajas; incrementar un 10% la actividad física; reducir en un 25% el sedentarismo; aumentar en un 10% las horas de sueño o incrementar en un 50% la adherencia a la dieta mediterránea.

Para conseguir estas metas, la estrategia pasa por promover el deporte, la alimentación sana, el bienestar emocional y el descanso, reforzar los sistemas públicos para fomentar estilos de vida saludables y garantizar la protección de la salud de la infancia.

Uno de los pilares para conseguir estos cambios está en el ámbito educativo. Por un lado, en los planes de estudio y los contenidos de las materias: propone aumentar la actividad física, tanto en clase como en las actividades extraescolares; incorporar educación sobre nutrición y gastronomía; incluir el cuidado de la salud mental en el currículo educativo y aumentar las actividades escolares en el entorno natural.

La otra vertiente está en los comedores escolares, con la promesa de garantizar las becas para la infancia en situación de vulnerabilidad y la oferta de comedor escolar en todas las etapas educativas. El jueves, la ONG Educo presentó un estudio que concluye que ofrecer las comidas gratis a todos los alumnos de primaria de los centros públicos, como hacen ya en países como Finlandia, Suecia y Estonia, costaría en España unos 1.664 millones de euros al año.

Lo que defienden tanto esta organización como muchas otras del sector educativo es que los comedores escolares tienen un componente que va mucho más allá del mero hecho de dar de comer a los niños. Si están bien gestionados, pueden servir para mejorar hábitos nutricionales y prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil, que es precisamente lo que persigue el plan.

Pero esto está hoy por hoy lejos de ser una realidad. El informe de Save the Children Garantizar comedor escolar sano y gratuito a toda la infancia en riesgo de pobreza reflejó en mayo el agujero negro que existe en la enseñanza pública. Un 27% de los colegios públicos de infantil y primaria carecen de comedor, y el porcentaje se dispara al 90% en los institutos. En la enseñanza privada y concertada el porcentaje se invierte: 9 de cada 10 centros que ofertan simultáneamente infantil, primaria y secundaria, la tipología más común en esta red, disponen de él. No solo faltan comedores, sino que un millón de alumnos que necesitarían becas para usar este servicio no las reciben, según este documento.

Álvaro Ferrer, especialista en educación de Save the Children, admite que extender el servicio de comedor a los institutos públicos representa un gran desafío. “Pero Euskadi y Galicia, donde sí existen, son una muestra de que se puede. Y ahora, con la caída de natalidad, van a quedar espacios libres en muchos centros”.

La organización escolar, incluido el servicio de comedor, es competencia autonómica. Ferrer cree aun así que el Gobierno tiene margen para actuar, tanto aportando recursos (“cabe recordar que el Ministerio de Educación no pone ni un euro para la financiación de los comedores escolares”) como cambiando la normativa. “El Estado podría regular las ayudas al comedor, como ha hecho con las becas en otras etapas educativas. Fijar que todos los niños y niñas que estén bajo el umbral de la pobreza tengan beca de comedor sería un paso enorme”, señala.

Si fuera necesario priorizar, la entidad apuesta por empezar aumentando la cobertura de las becas en infantil y primaria y extendiendo el servicio a los colegios que ahora no disponen de él. “Y después podría aplicarse un criterio de renta. Sabemos que hay una relación entre los problemas de exceso de peso y el nivel de ingresos, así que podría optarse por una política que lo tenga en cuenta. Por ejemplo, asegurando que todos los centros que están en contextos de vulnerabilidad tengan comedor escolar”.

“Tenemos que ver cómo se concreta, pero como objetivo nos parece perfecto”, afirma Mari Carmen Morillas, portavoz de la confederación de asociaciones de madres y padres de la escuela pública Ceapa, “porque ahora hay niños que no pueden ir al comedor, y sobre todo la mayoría de adolescentes pierden el derecho cuando llegan a la secundaria”.

Miguel Dengra, que dirige un instituto público en Granada y preside la asociación andaluza de directores de centros públicos de secundaria, advierte: “Nosotros no tenemos cocina, ni comedor, ni tampoco espacio para habilitarlos. Habría que gastarse un dineral para adaptar los edificios para poner un comedor en cada instituto”. Una decena de alumnos del centro de Dengra, de un total de 650 matriculados, acude al comedor escolar de un colegio de primaria del barrio, donde funciona un turno para chavales de secundaria de tres institutos de la zona.

Fuera de la escuela

Además del ámbito educativo, el plan incide en otros. Pretende establecer una fiscalidad saludable, lo que podría incluir un aumento de impuestos a alimentos insanos o desarrollar la regulación del marketing de alimentos y bebidas. Esto va en la línea de lo que ya ha propuesto el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para vetar la publicidad de alimentos no saludables en horario infantil.

Como sucede con cualquier plan estratégico gubernamental, se trata de una hoja de ruta que no siempre es fácil de desarrollar. Los ministerios implicados tendrán que amoldar presupuestos y desarrollar normativas para conseguirlo, y lo tendrán que hacer de la mano de las comunidades. Aunque el plan no tiene una memoria financiera, esboza cómo será su financiación: “Las actuaciones tendrán una consideración prioritaria en los Presupuestos Generales de Estado y se promoverá que también la tengan en los autonómicos y locales. Se fomentará la utilización de fondos europeos y el impulso de la colaboración público-privada para el desarrollo de las medidas contempladas en el plan, incluyendo la declaración del plan como Acontecimiento de Excepcional Interés Público”.

Hay ocho años para comprobar cuáles de las metas propuestas se consiguen.