El PP y algunas comunidades socialistas frenan el plan de Belarra para cambiar el modelo de residencias

Varapalo a la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales para cambiar el modelo de residencias. El departamento que dirige Ione Belarra (Unidas Podemos) no ha logrado este miércoles cosechar los apoyos suficientes en la reunión que ha mantenido con las comunidades autónomas para sacar adelante un acuerdo sobre los nuevos requisitos que se exigirán a los servicios de la dependencia en España. No ha llegado a haber una votación como tal, pero las autonomías han ido comunicando su postura. Todas las gobernadas por el PP (a excepción de Castilla y León, que ha anunciado que se abstendría), y también Castilla-La Mancha y Extremadura, ambas en manos del PSOE, han mostrado su rechazo. También se han opuesto Cataluña y País Vasco. Asturias ha informado de su abstención. Se ha llegado, por tanto, a la conclusión de que no se obtendrían los apoyos necesarios para sacar adelante la propuesta, según varias fuentes conocedoras de lo sucedido en la reunión. Fuentes del ministerio han informado de que han acordado con las autonomías posponer la votación, a la espera de cerrar los últimos detalles. El departamento de Belarra confía en poder alcanzar un pacto a lo largo del próximo mes, en el que incluyan una subida de las exigencias de personal en residencias.

Derechos Sociales y las autonomías llevan meses negociando para fijar los nuevos requisitos mínimos que deben cumplir todos los servicios de la dependencia en España, entre ellos, las residencias de mayores. El objetivo es cambiar el modelo de atención, que se tengan en cuenta las necesidades y preferencias de cada usuario, que sean los servicios los que se adapten a los dependientes, y no al revés. En su última propuesta, Derechos Sociales planteaba que los nuevos centros tuvieran un máximo de 75 a 120 plazas, en función de si se sitúan en zonas rurales o en ciudades, y que se dividan en unidades de convivencia de, como máximo, 15 personas. Pero el texto no ha cosechado suficientes apoyos. Varias fuentes autonómicas consultadas en los últimos meses habían manifestado sus dudas sobre cómo se afrontarán unos cambios que requerirán un gran desembolso económico.

El texto tampoco cuenta con el visto bueno de las patronales, que lo ven “inviable”, ni de los sindicatos, que lo ven insuficiente, igual que las asociaciones de familiares de usuarios de residencias. Fuentes del ministerio explican que en su propuesta final incluirán que la ratio en los centros residenciales se sitúe en un trabajador por cada dos residentes, que se amplíe el número de habitaciones individuales en las residencias públicas y que las unidades de convivencia sean de 15 personas como máximo (esto último ya recogido en el texto que estaba este miércoles sobre la mesa).

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha reiterado este miércoles que es precisa una adecuada financiación para el nuevo modelo. “O hay trigo o predicar queda en humo”, ha dicho en un acto en Guadalajara. “España puede y debe plantearse un nuevo modelo de residencias. Está bien un modelo ideal donde se triplique el coste de la plaza, pero exigimos que lo que se quiera hacer se financie”, ha dicho. “Ya está bien que el Estado invite, pero no pague”, ha añadido, según informa la agencia Efe. La consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos), ha manifestado que el texto le parece “la carta a los Reyes Magos”.

El sistema de la dependencia ha estado ampliamente castigado en la última década, especialmente a partir de los recortes de 2012, que no se recuperaron, de hecho, hasta el año pasado, cuando Derechos Sociales inyectó 600 millones, en el marco de un plan de choque para dar un impulso al sector. En total, hay unos 1.800 millones adicionales entre 2021 y 2022 respecto a 2020. Pero el problema, según plantean algunas fuentes autonómicas, es que hay que avanzar en muchos ámbitos: reducir las listas de espera y mejorar las condiciones laborales y la calidad de los servicios. El grueso de la financiación del sistema recae en los hombros de las autonomías.

En el texto que se había enviado a las comunidades se precisa que parte de la financiación de la dependencia, el llamado nivel acordado (en 2022 son 483 millones que el ministerio reparte a las autonomías), se “orientará” a garantizar los criterios de acreditación y calidad, es decir, los recogidos en el documento. Se establece que las administraciones adecuarán, “en su caso”, la financiación de la dependencia y el precio de los servicios concertados a medida que se vayan introduciendo los nuevos requisitos. Y se indica que “el grado de cumplimiento” del acuerdo por parte de cada comunidad “vendrá condicionado por las disponibilidades presupuestarias”. Pero no se menciona ninguna cantidad específica. Una fuente autonómica consultada hace unos días manifestaba sus reservas respecto a esta fórmula. “Y si en un momento se recorta la financiación, ¿qué hacemos?”, decía. Otra fuente autonómica replica, en cambio, que no todo radica en la financiación del ministerio, sino que aquellas comunidades que han impulsado las plazas en residencias a través de cheques servicio (se le da un dinero a la persona en situación de dependencia, y el resto del coste debe ponerlo de su bolsillo) en lugar de en plazas públicas, ahora deberían aportar más dinero, si quieren evitar que la subida del coste y, por tanto, del precio de las plazas repercuta en los mayores.

Negociación

La negociación entre el departamento que dirige Ione Belarra y las comunidades autónomas se inició el pasado julio, con la aprobación de los principios que debían regir este nuevo modelo de atención, como adelantó EL PAÍS. El Consejo Territorial de Servicios Sociales abordaba este miércoles el texto que deberá sentar las bases sobre las exigencias mínimas para los servicios de dependencia (residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia), entre ellos, los concertados y los cheques servicio. Es decir, que afectará a gran parte del sector. El texto propuesto por Derechos Sociales prevé que las comunidades aprueben una normativa para adaptarse al acuerdo, que no solo afectaría a los centros de nueva construcción, también a los que ya están en marcha. Para ello, tendrían que incluir un “calendario de adecuación paulatina” a estos criterios y se daba a los centros hasta el 31 de diciembre de 2029 para que se adapten al modelo.

Durante estos meses, Derechos Sociales no solo se ha sentado con las comunidades autónomas, cruciales para que el texto salga adelante, en tanto tienen competencia en la gestión de la dependencia. También ha trabajado, por un lado, en la mesa de diálogo social (con patronales y sindicatos) y, por otro, en la de diálogo civil (con asociaciones y expertos del sector).

En España, el 73% de las plazas están en manos privadas, según datos del CSIC. Ninguna de las patronales del sector apoya el texto. Ni las empresas ni las entidades sociales. Este martes, las patronales Aeste, Asade, Ceaps y Fed, que representan a las empresas, han considerado en un comunicado que el modelo es “inviable” y “pone en riesgo” la atención de las personas en situación de dependencia. Estiman que implicaría una subida de precios de en torno al 50% (una plaza cuesta ahora, de media, unos 2.000 euros) y que podría suponer el cierre de 72.500 plazas residenciales, el 25% de un sector cuya oferta ya está “en punto crítico”, sin poder atender la lista de espera. Las patronales piden que no haya retroactividad en las medidas. “Los centros ya construidos cumplían una normativa que ahora ya no vale y hay que remodelarlos. ¿Dónde queda la seguridad jurídica? Nos veremos en los tribunales”, opina Ignacio Fernández-Cid (Fed). La Federación Lares, que aglutina a entidades sin ánimo de lucro, cree “imposible” aceptar la propuesta y cree que pone en riesgo la viabilidad de los centros medianos y pequeños.

Los sindicatos también rechazan el documento, aunque por motivos diferentes. En una nota conjunta, CC OO y UGT han lamentado que el texto no incluya “ninguna de las medidas de mejora de la calidad del empleo” propuestas por ellos. “Pese al incremento de la financiación comprometido, el Ministerio de Derechos Sociales, presionado por las comunidades autónomas, ha decidido incumplir la condicionalidad de esta mejora de financiación al aumento de la calidad en el empleo”, se lee en la nota. Critican que se hayan rebajado las condiciones respecto a anteriores borradores, por ejemplo, en cuanto a los requisitos de contratación, que se han eliminado del texto. En su nota, recuerdan que solo el 39% de los trabajadores del sector tienen contrato indefinido y a jornada completa. Y afean que se pospongan las mejoras de ratios en residencias al 31 de diciembre de 2029. Fuentes del ministerio aseguran que en el próximo acuerdo se incluirá una mejora en cuanto a las ratios.

Por otro lado, el texto también se ha trabajado con la mesa de diálogo civil. Uno de sus miembros, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias, también ha criticado el texto. Antes de conocer el resultado de la votación, había emitido una nota de prensa en la que criticaba que el Gobierno “se ha doblegado ante posiciones muy restrictivas e inmovilistas” de los gobiernos autonómicos, que “han intervenido, en buena parte de las ocasiones, como mera correa de transmisión de las patronales más importantes” del sector de la dependencia. En su nota informan de que han convocado una manifestación para los primeros días de julio en Madrid, “invitando a la reflexión crítica de la sociedad”.