El Gobierno plantea que el tamaño máximo de las nuevas residencias de mayores varíe en función del lugar donde se ubiquen

La negociación para lograr un acuerdo que fije los requisitos mínimos que deben cumplir los servicios de dependencia en España entra en su recta final. Hay previstas próximas reuniones con las comunidades autónomas, y este lunes se ha celebrado una mesa de diálogo social, donde se sientan el Ministerio de Derechos Sociales, patronales y sindicatos. Un borrador de trabajo fechado en abril propone que el máximo de plazas permitido para las nuevas residencias de mayores varíe en función del territorio donde se encuentren. La horquilla va desde 60 en las zonas rurales, a 90 en lugares de densidad intermedia de población y 120 en ciudades o áreas densamente pobladas. Un documento anterior fijaba el límite en 90, independientemente del lugar en el que se ubicara el centro.

El texto aún sigue discutiéndose con las autonomías, que son las que tienen las competencias en la materia, por lo que es probable que los detalles del borrador aún sufran cambios. Pero la filosofía y las principales líneas del documento han permanecido estables desde el inicio de la negociación en la que el departamento que dirige Ione Belarra lleva meses inmerso. Se pretende impulsar un cambio en el modelo de atención, de forma que esta se personalice y se tengan en cuenta las necesidades de cada usuario, tanto de residencias, como de centros de día, de ayuda a domicilio y de teleasistencia. El acuerdo final debe alcanzarse en un consejo territorial, donde se reúnen las autonomías y el ministerio. El objetivo de plantear una horquilla en el tamaño máximo de los centros es amoldarse a las distintas realidades del territorio, según fuentes de Derechos Sociales. El límite en residencias de personas con discapacidad será de 50 plazas.

Para operar dentro del sistema de la dependencia, por ejemplo con plazas concertadas, las entidades privadas tienen que acreditar que cumplen unos requisitos básicos. Los servicios públicos también deben cumplirlos, se precisa en el borrador. Muchas autonomías están impulsando ya modificaciones normativas propias para avanzar hacia un cambio de modelo, pero Derechos Sociales tiene un papel de coordinación y se pretende fijar un mínimo común en todo el territorio. Los conciertos que estén vigentes ahora continuarán hasta que las autonomías aprueben una normativa para adaptarse a los nuevos requisitos, “que estarán en vigor a los 12 meses” tras la aprobación, se lee en el documento consultado. Fuentes del ministerio precisan, no obstante, que los plazos de transición siguen perfilándose.

Una de las preocupaciones de varias comunidades autónomas consultadas es qué ocurriría con las residencias que ya están prestando servicios. Según datos de 2020 del CSIC, la mitad de las plazas del país están en centros de más de 100. Un documento anterior planteaba que todos los centros debían acoplarse a la capacidad máxima que se fijara (en aquel momento, de 90 plazas). Esto se ha eliminado del borrador consultado. Dado que cada autonomía deberá aprobar normativa propia, podrán especificarlo ellas. Las fuentes de Derechos Sociales consultadas explican que el objetivo de que se haya eliminado este punto del texto es “no tensionar tanto” los servicios preexistentes y “garantizar la continuidad de las atenciones”. Lo que sí se mantiene es que todos los centros deberán contar con un plan de transición hacia este nuevo modelo, y que todos deberán dividirse en unidades de convivencia de un máximo de 15 personas, con un funcionamiento tipo hogar.

La financiación

Este lunes se ha reunido la mesa de diálogo social. Fuentes de empresas del sector consideran que la propuesta que plantea el ministerio es inviable económicamente y apuntan que ven lejano un acuerdo con el visto bueno de la patronal. Explican que no se les ha mandado una memoria económica hasta esta misma tarde. Además, sostienen que, dado que subirá lo que cuesta cada plaza, también lo harán los precios de las plazas privadas. Fuentes sindicales también muestran objeciones con algunos de los cambios introducidos.

La financiación es un punto de preocupación para diversos participantes en la negociación. El borrador indica que las administraciones públicas “adecuarán, en su caso,” la financiación y lo que pagan a las empresas por los conciertos a medida que se vayan introduciendo los nuevos requisitos. También se prevé que el nivel de protección convenido, una de las vías con las que el Gobierno financia la dependencia (483 millones en 2022), se ligue a las mejoras que se realicen en el sistema, entre ellas, la consecución de los objetivos de este acuerdo, apuntan fuentes de Derechos Sociales.

La ministra Belarra ha afirmado en reiteradas ocasiones que el Gobierno ha prácticamente doblado el presupuesto en dependencia en dos años, ya que la inyección que se ha hecho al sistema ha sido de unos 1.800 millones de euros entre 2021 y 2022, y hasta 2023 hay unos 3.000 millones de fondos europeos previstos para cambios estructurales en el sistema de cuidados y servicios sociales.

Diversas fuentes autonómicas consultadas plantean, sin embargo, que esta cantidad es insuficiente para cumplir todos los objetivos del plan de choque en el sector, que prevén una reducción de las listas de espera, la mejora de los servicios y de las condiciones laborales. Una de ellas, por ejemplo, apunta que “tendrían prácticamente que doblar su presupuesto” para poder cumplir los requisitos que se fijan en el borrador, y recalca que las comunidades siguen sosteniendo el grueso de la financiación del sistema.

Habitaciones individuales

En el documento consultado también hay novedades respecto al número de habitaciones individuales. Los nuevos centros deberán disponer de, al menos, un 65% de plazas públicas en habitaciones individuales y el resto, dobles. Pero para los ya existentes, el límite será de un 15% de plazas públicas en habitaciones individuales en zonas rurales; del 25% en áreas de densidad de población intermedia y del 30% en ciudades. En un documento anterior se hablaba del 35%, sin diferenciar entre territorios. Ahora se prevé que los centros pequeños, de hasta 35 plazas, puedan pedir no ajustarse a estos porcentajes por motivos de viabilidad económica o arquitectónica.

Otro de los cambios del borrador es que se elimina el requisito de que haya un inspector por cada 25 residencias y pasa a exponerse que “las administraciones competentes contarán con servicios públicos de inspección suficientemente dotados”. Fuentes de Derechos Sociales explican que este cambio se ha introducido tras las reuniones mantenidas con las autonomías, dado que el control no solo se realiza a través de inspectores. Y también se suprimen los requisitos en cuanto a contratación (en documentos anteriores se especificaba, por ejemplo, que el 75% de los contratos debían ser indefinidos), dado que el acuerdo “no debe entrar en asuntos de negociación colectiva”, según estas fuentes.

El grueso del documento, sin embargo, permanece estable respecto a anteriores borradores. Se mantiene que las unidades de convivencia deben asemejarse a “un hogar” tanto en el mobiliario y decoración como en las rutinas y horarios, “que se adaptan a las preferencias y hábitos” de los usuarios. Contarán con una zona para preparar comidas, un comedor, una sala de estar para el uso de los residentes y de sus familiares y allegados. También se respeta la subida de ratios planteada entre 2023 y 2027 para el personal. Y cada usuario tendrá un plan personal de atención, tanto en residencias como en centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia, cada uno con sus particularidades, que recojan los apoyos que debe recibir y cuáles son sus preferencias.