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La fractura en la Iglesia sobre cómo abordar la pederastia marca la plenaria de los obispos españoles

La Conferencia Episcopal Española vuelve a pedir perdón por los abusos sexuales del clero, pero sigue sin decidir si todas las diócesis abrirán sus archivos ni si el episcopado participará en la comisión del Defensor del Pueblo

El presidente de la Conferencia Espiscopal Española, Juan José Omella (derecha), habla este lunes con el cardenal Carlos Osoro.Foto: Jaime Villanueva
Julio Núñez

Como algo más que un simple cerramiento, la verja que rodea la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en Madrid se mostraba este lunes como un símbolo más sobre la fractura que divide a la Iglesia española por cómo está abordando la pederastia en su seno. Dentro, los obispos españoles comenzaban su primera plenaria anual para tratar, divididos también, su política sobre las dos investigaciones que están en marcha en España: la que encargaron al bufete Cremades & Calvo-Sotelo y la que el Congreso de los Diputados ha confiado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. En la primera, aún no se han pronunciado sobre si todas las diócesis abrirán sus archivos (no todos los prelados ven con buenos ojos abrir sus puertas) y, en la segunda, si el episcopado participará definitivamente y de manera conjunta en la comisión de Gabilondo. Fuera del edificio, cinco colectivos de cristianos de base han esperado a los medios para que fueran testigos de la entrega oficial de una carta abierta (firmada por un centenar de otras asociaciones y 1.200 ciudadanos de a pie) en la que expresaban su malestar con los purpurados por su forma de abordar el problema: “Equivocada e insatisfactoria, sobre todo para las víctimas”, según sus palabras.

“El drama de los abusos sexuales: Una epidemia global silenciada”. Bajo este título, el cardenal Omella ha hablado de esta “lacra” durante el discurso de apertura de la asamblea plenaria, encuentro que se prolongará hasta este viernes. Palabras de perdón que se han mezclado con otras más evasivas: “Los poderes públicos pretenden poner el foco en la realidad (terrible y profundamente dolorosa) de los abusos en el ámbito eclesial”, aparece en las notas de su discurso impreso que se ha repartido entre los obispos asistentes. Este ataque contra las instituciones públicas también se ha notado en otros puntos que ha tratado, como el aborto, la eutanasia y la libertad religiosa.

Desde su última plenaria del pasado noviembre, el discurso de la CEE sobre la gestión de los casos de pederastia ha dado un giro de 180 grados y ha pasado de la pasividad a investigarse a sí misma para conocer su pasado, hacer frente al encubrimiento y reparar a las víctimas. Un paso en el que, según precisó hace unas semanas el presidente de la Conferencia, el cardenal Juan José Omella, las recientes publicaciones periodísticas han sido determinantes. El pasado diciembre, este diario entregó al Papa un dosier con 251 casos inéditos que, sumados a los ya conocidos (en total más de 600 abusadores señalados y unas 1.200 víctimas), provocó que la Iglesia española se viera obligada a afrontar una gran investigación sin precedentes sobre este problema. Junto al trabajo de la prensa y la presión social, fuentes de dentro de la Iglesia afirman que el viraje del discurso de la CEE también está motivado por una parte de los obispos, en torno a un tercio, que están presionando para que la Iglesia cambie de dirección sobre cómo actuar frente a los abusos y el encubrimiento.

Pero el cambio de rumbo no parece suficiente ni para las víctimas ni para muchos de los cristianos de base. De hecho, la carta presentada por los colectivos este lunes afirma que la respuesta de los obispos ante el problema ha estado “marcada por la actitud defensiva, la minimización del problema —y, en ocasiones, su encubrimiento— y el menosprecio del dolor de las víctimas”. Tampoco están totalmente de acuerdo con la iniciativa de Cremades, a la que han definido como insuficiente. “Este trabajo está, por lo que todo indica, centrado en las cuestiones jurídicas. También debería estar complementado por una asistencia psicológica. Y también otras cosas que son necesarias, como la colaboración con la comisión del Defensor del Pueblo”, ha dicho Juan Ignacio Cortés, portavoz de la asociación católica Alandar.

Por el contrario, en su alocución, Omella definió el encargo al despacho de Cremades como un acto de transparencia. “Con este paso se añade transparencia, rigor técnico y consistencia jurídica a la hora de abordar un drama que para la Iglesia es lacerante, y por ello reitero nuestra humilde petición de perdón por cada caso, y quiero subrayar una vez más que las víctimas son nuestra prioridad absoluta”. Pese a ello, también volvió a minimizar la responsabilidad de la Iglesia ante este problema, “que requiere un análisis completo y un buen diagnóstico, libre de demagogias y sectarismos ideológicos”.

“Tienen miedo. Nosotros tambaleamos los cimientos”

Para Tere Cortés, presidenta del Movimiento Celibato Opcional, “el miedo” es una de las razones que impide a los obispos negacionistas dar el paso definitivo para hacer frente al problema. Cortés también recrimina a los líderes de la Iglesia española que, para los temas importantes como el de la pederastia, no cuenten con la opinión de los cristianos de base “y se escuden en su poder sacro” para tomar un camino determinado. “Nosotros tambaleamos los cimientos. Eso no les gusta”, dice.

En su discurso, el presidente de los obispos también criticó “el afeo sistemático de esta gran familia por parte de algunos medios de comunicación y de diversos agentes sociales y políticos”, que impiden que la sociedad ponga en valor el buen trabajo de otros miembros eclesiásticos. “Algunos de los miembros de esta gran familia han cometido delitos y pecados gravísimos por los que pedimos una y otra vez perdón, pero también es cierto que son una muy pequeña minoría”, ha dicho. Las palabras que Omella ha dedicado a los partidos políticos también han sido afiladas, ya que ha descrito su relación con la Iglesia como una “tentación” que “se ha movido entre dos extremos: verla como un enemigo o tratar de apoderarse y servirse de ella”.

Entre otras cuestiones, el cardenal también ha abordado el uso de la objeción de conciencia por parte de los médicos que no deseen, por principios religiosos, practicar a un paciente la eutanasia. “Es un derecho necesario en la vida democrática, es una garantía de verdadera convivencia, ya que permite un espacio seguro para todos frente a cualquier tentativa de abuso del poder o de oposición de la opinión mayoritaria”, ha añadido Omella. Se ha pronunciado, también, sobre la postura de la CEE a favor de las concentraciones “para orar e informar ante las clínicas en que se realizan abortos” —una práctica recientemente prohibida en España— y sobre la libertad para impartir educación religiosa: “Los niños no son del Estado, sino que los niños son de las familias”.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es

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