El Poder Judicial pide cambios en la ley trans y exige que un juez avale el cambio de sexo de los menores

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles por unanimidad su informe al anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, en el que pide que un juez avale el cambio de sexo de los menores de 18 años. Es decir, el CGPJ propone que se eleve hasta los 18 años la edad mínima por la que una persona puede solicitar el cambio de sexo en el registro. Extiende, pues, el procedimiento de aprobación judicial previsto en el anteproyecto para los menores transexuales de entre 12 y 14 años. En estos casos, se abrirá antes un expediente de jurisdicción voluntaria y el demandante tendrá que demostrar suficiente madurez para dar el paso y estabilidad en su decisión de cambio de sexo.

El anteproyecto del Ministerio de Igualdad prevé que los menores de entre 14 y 16 años puedan cambiarse de sexo con consentimiento de sus representantes legales y a partir de los 16 sin requisitos. El texto del órgano de los jueces es propositivo, pero no vinculante —es decir, el Gobierno puede después introducir las modificaciones que indican o decidir no hacerlo—, y debería haberse entregado en enero. El Ministerio de Igualdad envió el anteproyecto el 15 de diciembre y pidió que se tramitara con urgencia: un dictamen en 15 días. El retraso en el informe ha avivado las tensiones creadas en el Gobierno a raíz de esta propuesta, aprobada el pasado junio por el Consejo de Ministros.

El Poder Judicial ha aprobado por mayoría esta intervención de un juez y por unanimidad ha acordado que no está de acuerdo con que se prohíban las terapias de conversión que recoge el anteproyecto. El órgano de gobierno de los jueces considera que no cabe la prohibición en aquellas situaciones en las que se cuenta con el consentimiento del afectado.

Pese a la aprobación del anteproyecto por unanimidad, tres vocales del CGPJ ―Juan Manuel Fernández, José Antonio Ballestero y José María Macías― han emitido un voto concurrente. En él firman que el cambio de sexo en el registro no puede justificarse solo por una declaración de voluntad, sostienen que el solicitante debe acreditar ―”por los medios que el legislador estime proporcionados y oportunos”, se afirma en la nota de prensa― que está disconforme con el sexo con el que se le inscribió al nacer.

Por otra parte, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, José María Macías y Nuria Díaz Abad han formulado otro voto concurrente, en el que sostienen que el anteproyecto de la conocida como ley trans afecta a derechos fundamentales como la libertad ideológica y religiosa (artículo 16 de la Constitución), la libertad de expresión (artículo 20) y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral con sus propias convicciones (artículo 27.3). Asimismo, cuestionan cómo se define la discriminación directa en la nueva norma, pues consideran que no cumple los principios de legalidad penal y de seguridad jurídica en la medida en que incluye situaciones que no han llegado a producirse.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha quitado en Twitter relevancia al informe del CGPJ, y no parece dispuesta a hacer cambios: “El CGPJ emite su informe sobre la Ley Trans y LGTBI con tres meses de retraso. Ninguna sorpresa. Nuestra hoja de ruta es clara: tramitar con urgencia esta ley para que llegue al Congreso en este periodo de sesiones. Los derechos de las personas trans y LGTBI serán ley”.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+), Fundación Triángulo y Chrysallis han emitido una nota conjunta en la que tachan el informe del CGPJ de ser un compendio de “valoraciones políticas y prejuicios sin justificar” contra los derechos trans y LGTBI. Aunque consideran que el documento cierra el debate jurídico, sostienen que las últimas modificaciones “apuntan a presiones e incluyen recomendaciones puramente políticas, que exceden del papel de este órgano jurídico consultivo y entra en el terreno de los legisladores”.