El Congreso da el primer paso para investigar los abusos sexuales en la Iglesia, con el rechazo del PP y Vox

El Congreso ha dado este martes el primer paso para abrir una investigación sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. La mayoría de la Mesa de la Cámara ha admitido a trámite la solicitud de creación de esa comisión presentada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, frente a la oposición del PP y Vox. El PSOE ha apoyado la iniciativa, después de que los letrados no hayan emitido ningún informe desfavorable y hayan pedido aceptar dicha solicitud para que la Junta de Portavoces sea la que eventualmente decida incluirlo en el orden del día de un próximo pleno. Los socialistas aún no han decidido si la comisión será de investigación parlamentaria, sobre la que mantiene algunos recelos, o de expertos, como plantea el PNV. Esa decisión se tomará más que probablemente en una Junta de Portavoces el 15 de febrero, dos días después de las elecciones autonómicas en Castilla y León.

En la reunión de la Mesa del Congreso, la mayoría que forman los seis miembros del PSOE (tres con la presidenta) y de Unidas Podemos (otros tres componentes) se ha impuesto a la posición contraria a montar esa comisión de los tres representantes del PP (dos) y de Vox (uno). La formación ultra ha dicho claramente en la sesión que estaba en contra de esa propuesta. Los populares no se han negado formalmente en la Mesa a esa comisión, pero sí han aprovechado para desmarcarse de la misma al presentar una alternativa en mano, sin haberla registrado antes, para pedir su ampliación a todo tipo de abusos y en todo tipo de instituciones.

La formación de la comisión, su formato y su calendario futuro de trabajo dependerá ahora de que la Junta de Portavoces vote incluirla en una próxima cita el 15 de febrero. Los partidos que habían tramitado la propuesta ya avanzaron al PSOE que no debía frenar ni retrasar su debate para, de esa forma, resarcir cuanto antes a los cientos de víctimas.

El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, consciente de esa presión interna en el seno de la coalición de Gobierno y con sus socios habituales en el Parlamento, avanzó este mismo martes, tras la reunión, que habrá comisión, pero volvió a atemperar mucho las urgencias de sus aliados naturales en el Congreso. El PSOE fijará posición sobre qué tipo de comisión se debe conformar, si de investigación o de expertos, en los próximos días, probablemente en esta semana, y desde luego antes de la próxima reunión prevista para la Junta de Portavoces, que ahora vivirá un ligero paréntesis por la campaña electoral en Castilla y León y no se volverá a congregar hasta el martes 15 de febrero. Será entonces cuando se oficialice el signo de esa comisión. Gómez, mientras, quiso destacar que su partido pretende formar una comisión con el máximo “rigor y seriedad” y con gran sentido de “responsabilidad” ante un asunto tan sensible.

Los socialistas temen que una comisión de investigación formal, en la que los comparecientes están obligados a acudir pero que puede retransmitirse públicamente, se pueda convertir en un espectáculo negativo, sobre todo para las víctimas de esos abusos. El portavoz del grupo parlamentario, en cualquier caso, adelantó que no serán partidarios de impulsar dos comisiones al mismo tiempo, es decir una de investigación y otra de expertos, y espera que se puedan cuadrar todos los intereses manifestados al respecto en una sola, en contra de lo que apuntaron algunos portavoces de Unidas Podemos, que sí las observaron hasta como complementarias. Gómez también agregó que hay otros trabajos de investigación relevantes en marcha, como el que acaba de encargar la Fiscal General del Estado a las fiscalías territoriales.

El PP sostiene que no se manifestó en la Mesa contra la comisión, aunque no la apoyó, y acusó a la mayoría del PSOE y Unidas Podemos de actuar con “rodillo”. Los populares pidieron en la reunión que esa investigación de abusos sexuales no fuera solo sobre lo que ha ocurrido en la Iglesia, sino que se ampliara a todos los ámbitos. Y ahí incluyeron indagar sobre abusos a menores con independencia de quién pudiera ser el causante o lo relacionado con lo ocurrido en centros de menores en Valencia o Baleares para poder atacar y cuestionar los trabajos allí de los gobiernos en los que participan Mónica Oltra (Compromís) y Francina Armengol (PSOE). En la Junta de Portavoces posterior a la Mesa, el PP solicitó que se votara la formación de comisiones sobre esos casos en Baleares y la Comunidad Valenciana, y esa proposición fue rechazada.

La Iglesia católica española se enfrenta a un gran escándalo después de que EL PAÍS entregase el pasado diciembre al papa Francisco y a la Conferencia Episcopal Española (CEE) un informe con 251 casos inéditos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, religiosos y trabajadores seglares del ámbito religioso, desde los años cuarenta hasta la actualidad. La investigación periodística se inició en octubre de 2018.

La Fiscalía General del Estado ordenó el lunes a los 17 fiscales superiores de toda España que le remitan en un plazo de 10 días todas las denuncias y querellas en tramitación referidas a agresiones y abusos sexuales a menores de edad en cualquier institución religiosa. Con esta recopilación, la Fiscalía pretende hacer una radiografía sobre la pederastia en la Iglesia española. No obstante, los fiscales no podrán reunir todos estos expedientes, ya que la mayoría de ellos se instruyen en procesos eclesiásticos y no llegan a la justicia civil. En estos casos han sido los obispos y los superiores de las órdenes religiosas los que se han encargado de investigarlos y juzgarlos.

La víctima de abusos Miguel Ángel Hurtado, que ha conseguido reunir hasta ahora 52.760 firmas para que la investigación no se adscriba al marco del Congreso de los Diputados, sino que sea independiente del poder político, ha declarado este martes frente al Congreso: “Hemos presentado públicamente una propuesta que puede ser complementaria a la investigación parlamentaria, gracias a la cual se debatirán temas muy importantes (como plazos de inscripción, indemnizaciones civiles, lucha contra el encubrimiento), pero que no puede cuantificar la magnitud del problema. Es decir, no puede documentar número de acusados, número de víctimas, número de posibles encubridores, dónde y cuándo ocurrieron los hechos…”, informa Lucía Foraster Garriga.

En ese sentido, Hurtado propone formar una Comisión de la Verdad, similar a la que en 2012 se creó en Australia: “Expertos independientes que se dediquen, exclusivamente, a la búsqueda activa de víctimas para tomar su testimonio; canales abiertos de comunicación; espacios seguros que escuchen, reparen y, sobre todo, documenten”. Tras recabar toda esa información, Hurtado propone que la Comisión de la Verdad redacte un informe “con recomendaciones concretas y específicas”, y lo entregue al Congreso de los Diputados.