El Gobierno decreta medidas mínimas para combatir una sexta ola en ascenso

El Gobierno llevó este miércoles a la Conferencia de Presidentes unas medidas de mínimos, sin restricciones y con la vuelta de la mascarilla obligatoria en exteriores como gran novedad, el día que España marcó, por segunda jornada consecutiva, el récord de contagios de coronavirus de toda la pandemia. Si el martes la sexta ola tocó techo con 49.823 casos, ómicron se volvió a superar 24 horas después con 60.041 contagios. El peor día de la pandemia en cuanto a casos diagnosticados no varió el rumbo previsto de la cumbre de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos. La Moncloa y la mayoría de comunidades eran reacias a la imposición de restricciones severas como sí pedían País Vasco o Cataluña. La reunión evidenció incluso la disparidad de criterios entre las comunidades del PP, con Alberto Núñez Feijóo, entre los más duros y a favor de extender a todos los ámbitos el certificado covid y hasta de que las cabalgatas de Reyes fuesen estáticas, mientras la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, era la única que rechazaba la obligatoriedad de las mascarillas en los exteriores. Una medida que el Gobierno recupera seis meses después y entrará en vigor el día de Nochebuena con algunas excepciones de última hora que solicitaron sobre todo las comunidades más despobladas.

Dentro del galimatías de hasta 17 versiones diferentes para combatir al coronavirus, tantas como territorios, hubo comunidades del PSOE que, con independencia de las siglas, coincidieron con las del PP y las gobernadas por los nacionalistas en su reclamación de un fondo covid multimillonario para costear la crisis sanitaria. La mayoría de comunidades era contraria a volver a los tiempos de olas anteriores, con restricciones de aforo, el adelanto de cierre de comercios y otras imposiciones a los ciudadanos como el toque de queda.

El Gobierno estaba en la misma dinámica, y para eso hizo valer una razón que, al menos ahora, en el Ejecutivo piensan que es concluyente: ómicron se propaga muchísimo más rápido, pero es muchísimo menos letal que la cepa original del coronavirus —que en lo más crudo de la primera ola, en abril de 2020, llegó a los 800 fallecidos diarios— o que la variante delta, que en menos de un mes ha sido destronada y ya no es la hegemónica. “No hemos regresado a marzo del año pasado porque la variante es distinta y porque hemos ido muy lejos en la vacunación. La situación es diferente y por tanto no vamos a aplicar las medidas de entonces”, zanjó Sánchez, que dijo ser “plenamente consciente de la fatiga” de la población tras casi dos años de pandemia y seis olas que han dejado, según los cálculos oficiales, casi 90.000 fallecidos.

Los datos a los que se aferra el Gobierno sostienen que el sistema aguanta la presión hospitalaria. Al menos de momento. La ocupación de camas era este miércoles del 6,23% con 7.732 pacientes ingresados, de los que 1.466 se encontraban en las UCI (15,77%) justo a las puertas de las fiestas navideñas, un momento especialmente simbólico de reuniones familiares y de gran consumo. A finales del pasado enero, cuando la tercera ola alcanzó su punto álgido con una incidencia de 900 casos, los hospitalizados se habían disparado a 30.789, de los que 4.515 estaban en las UCI por su gravedad.

Pero aun así la explosión de contagios ha desatado todas las alertas. Y más con una incidencia de 784 casos por 100.000 habitantes que cuadruplica a la del 1 de diciembre (217). La amenaza de una ómicron desatada que, según los expertos, podría saturar el sistema sanitario forzó la Conferencia de Presidentes. Fue la 19ª en lo que va de pandemia —desde su inicio en 2004 se han celebrado 25— y, frente a quienes auguraban el regreso de durísimas medidas de contención, no hubo grandes sorpresas.

El Gobierno celebrará este jueves un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un decreto ley que permita regular la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Entrará en vigor el 24 de diciembre, cuando está prevista su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una decisión que demandaban varias comunidades y que el Gobierno se ha resuelto a aprobar horas antes de una de las grandes fiestas del año. No obstante, tras escuchar a Galicia, Aragón, Castilla y León, La Rioja y Murcia, Sánchez decidió dispensar de su uso forzoso en zonas rurales, el campo o la playa —siempre que se respete la distancia de 1,5 metros— y la práctica de deportes en el exterior. Los presidentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco ya adelantaron que esta sería una de sus principales solicitudes —su uso dejó de ser obligatorio el pasado 26 de junio— en la conferencia de presidentes que el Gobierno había convocado el fin de semana con carácter urgente ante el tsunami de casos.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la única que rechazó la obligación de los cubrebocas. “No compartimos las mascarillas al aire libre si hay distancia”, arremetió en su enésima confrontación con el Gobierno. “La mascarilla se ha demostrado como una herramienta eficaz. La prevención y la ciencia son nuestras aliadas. Hablamos de una variante que es altamente contagiosa. Su gravedad es menor pero es importante que en un momento temporal acotado como este es suficientemente adecuada. Nos estaremos poniendo barreras para evitar el contagio”, esgrimió Sánchez en una comparecencia al término del cónclave. La intención del Ejecutivo es que sea una medida temporal y “acabar con esta obligatoriedad cuanto antes sea posible”, asintió el presidente del Gobierno, que no quiso marcarse plazos.

Lejos de tomar adoptar restricciones, Sánchez insistió en “intensificar” la cobertura de la población con una tercera dosis. Según enfatizó, el pinchazo extra está demostrando ser muy eficaz contra ómicron a la hora de reducir los ingresos hospitalarios. “De 60 a 79 años, la probabilidad de infección en vacunados es seis veces inferior que en no vacunados, la de hospitalización 14 veces menor y el fallecimiento 16 veces inferior. Esta reducción se observa en todos los grupos de edad”, destacó. Dentro del plan de aceleración de la vacunación, La Moncloa ha establecido los siguientes objetivos: el 80% de la población entre 60 y 69 años deberá estar vacunada con la tercera dosis antes de que finalice el año; el 80% del grupo de 50 a 59 años en la semana del 24 de enero; el 80% de los de 40-49 años en la primera semana de marzo.

Aparte, el 70% de los menores de 5 a 11 años contarán con la primera dosis pediátrica en la semana del 7 de febrero. Y el 70% de los críos ya debería haber recibido la segunda dosis pediátrica en la semana del 19 de abril. “Son objetivos ambiciosos pero España ya lo ha hecho antes. Nuestro propósito es intensificar y acelerar la vacunación”, se mostró confiado Sánchez. España, añadió en esa estrategia de querer transmitir un mensaje de tranquilidad, cuenta con ocho millones de dosis de reserva y prevé 90 millones para 2022.

El Ejecutivo también reforzará los equipos autonómicos de vacunación y rastreadores con más de un millar de efectivos de las Fuerzas Armadas. Otra medida que Díaz Ayuso criticó porque cree que llega tarde. Las comunidades también podrán contratar personal jubilado y prejubilado para los centros sanitarios públicos y privados, así como a profesionales con título de especialista de Estados miembros de fuera de la UE para frenar a un virus que ha golpeado de manera muy desigual a los territorios.

Sin restricciones

Al final el Gobierno no ha incluido ninguna restricción entre su batería de medidas. La mayoría de territorios estaba en esa línea. A un extremo de la balanza se ha situado Madrid, con su presidenta Isabel Díaz Ayuso “contraria a los cierres masivos sin datos sanitarios”, frente a las posiciones más duras. Tanto Cataluña como País Vasco exigieron mayor contundencia.

Iñigo Urkullu defendió la limitación de aforos al 60% en la restauración y un máximo de 10 personas por mesa, según fuentes de la reunión. El lehendakari no se quedaba ahí: es partidario hasta de la restricción de horarios navideños hasta las nueve de la noche con la excepción de las cenas en restaurantes (hasta las 23.30). El lehendakari llegó a recomendar —sin estado de alarma no se puede imponer— un máximo 10 personas y dos unidades familiares en las cenas navideñas. Finalmente Urkullu optó por no tomar medidas en la hostelería al no haber una “posición común” en el conjunto del país. Pere Aragonès, muy preocupado por los 50.000 contagios semanales que calcula en Cataluña, consideró “insuficiente” el paquete de medidas del Gobierno central e instó a la aplicación de restricciones “impopulares pero imprescindibles”.

Sin llegar a esos extremos, Alberto Núñez Feijóo sí abanderó las posiciones más estrictas del PP. El presidente de la Xunta propuso extender a todos los ámbitos el certificado covid, en lo que muchos de los presidentes autonómicos presentes vieron un desmarque clarísimo de la gestión de Madrid de la pandemia. Díaz Ayuso mantuvo que la política contra la covid “tiene que pasar por el autocuidado, las vacunas, los test y los no cierres sin datos científicos”.

País Vasco, Cataluña, todas las comunidades del PP y varias del PSOE como Aragón, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana compartieron la reclamación de un fondo covid. “No va a haber problema de recursos contra la covid y estamos abiertos a revisar esos recursos en los próximos meses”, les garantizó Sánchez. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había dejado claro que no habrá una bolsa similar a la del año pasado y a fondo perdido para las comunidades, que estuvo dotada de 16.000 millones.