Suspendidos de empleo y sueldo tres profesores en Andalucía por no llevar mascarilla

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha suspendido cautelarmente de empleo y sueldo a tres profesores de instituto en Andalucía por negarse a llevar máscarilla durante su estancia en el centro. Dos de estos docentes imparten sus clases en institutos de Granada y uno en Málaga. Estos son, según fuentes de la Consejería, los únicos casos de negacionismo de este tipo en la comunidad. De los tres casos, solo ha trascendido el nombre de uno de los centros afectados, el IES Iliberis de Atarfe (18.550 habitantes, en el cinturón de la capital granadina). En este centro, fuentes oficiales confirman genéricamente que la docente hace semanas que se negó a ponerse la mascarilla, aunque personas cercanas al centro confirman que la situación se da desde principio de curso. La delegación territorial de Educación de Granada ha confirmado que la profesora, de inglés, ha alegado estar exenta de su uso por razones médicas aunque no ha podido probarlo documentalmente. Ante esa situación, el director del centro la ha requerido verbalmente y por escrito en varias ocasiones, sin éxito. La solución, mientras se tomaban medidas más drásticas según el protocolo, ha sido permitir que la profesora diera sus clases por videoconferencia, aislada en una sala del centro, a unos estudiantes que permanecían en su aula acompañados de los profesores de guardia.

Hace ahora algo más de un mes, el 17 de noviembre, la dirección del centro de Atarfe abrió un expediente disciplinario a la profesora. De ese trámite, aún en marcha, ha salido la suspensión cautelar de empleo y sueldo que, por otra parte, ha permitido que los alumnos no tengan ya que ser atendidos por los profesores de guardia, sino por los nuevos docentes sustitutos que han llegado para ocupar el puesto de los suspendidos. De los otros dos centros no han trascendido datos más allá de que son institutos.

El protocolo de actuación en los centros docentes respecto a las mascarillas en Andalucía es claro tanto respecto a su uso como a su exención, que se deriva de la normativa nacional por la que todas las personas mayores de seis años están obligadas a llevarlas “en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público”. Este protocolo determina que “que esta obligación no será exigible a las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien, presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización”.

La exención, no obstante, ha de tramitarse oficialmente y ha de ser aceptada. El docente o alumno interesado ha de presentar la documentación médica que acredite su situación. Es la dirección del centro quien debe verificar la idoneidad de lo presentado y, en su caso, justificar la exención. Si existieran dudas, dice el protocolo, la dirección se asesorará con la delegación territorial o con personal médico del centro de salud de referencia del instituto o colegio.

La normativa también recoge qué hacer en caso de incumplimiento por alumnos o profesores. Si eso ocurre, la dirección debe advertir al profesor para que utilice la mascarilla o justifique su negativa. Tiene dos días lectivos para ello. Entre tanto, deben aplicarse una serie de medidas (mayor distancia interpersonal, reducir y reubicar si se puede el número de alumnos,...) que protejan al resto de comunidad educativa. Tras el plazo, si el docente no ha justificado su actitud, el caso se traslada al servicio de inspección que, como ha ocurrido en estos casos, debe iniciar las actuaciones oportunas y tomar las medidas disciplinarias necesarias para preservar la salud del resto de docentes y del alumnado. En el caso de los tres profesores andaluces, seis meses es el plazo establecido por el procedimiento, según fuentes de la Consejería.

Este no es el primer caso con negativas a la hora de usar la mascarilla en colegios o institutos. En Granada, por ejemplo, a principio de curso unos padres se negaron a que su hija la utilizara y el colegio se vio obligado a prohibir su asistencia. La situación se normalizó finalmente, no sin que el colegio tuviera que abrir el protocolo de absentismo a la niña por faltar a clase cinco días sin justificación. El caso, además, llegó a los tribunales. Un juzgado dictó un auto el 10 de noviembre pasado archivando el asunto por considerar que, excepto que fiscalía quisiera llevar adelante una acción penal, se trataba de una cuestión administrativa.