Se busca a los 34 niños a los que el Gobierno consultará en materia de infancia

Una veintena de niños se reúnen un miércoles por la tarde en Fuenlabrada. Preparan el pleno anual, que celebran este viernes con el alcalde. Forman parte de un órgano consultivo del Ayuntamiento. Cuando se les pregunta si se sienten escuchados, cuentan con orgullo que su mayor logro es que en la localidad madrileña hay un parque de skate gracias a una propuesta suya. Se trabaja con ellos los planes de infancia del municipio. “Tengo compañeros [de clase] que dicen que les gustaría hacer algo, pero que no pueden. Yo aquí tengo la sensación de que sí puedo hacer algo”, resume Lucía, de 13 años, que desde los seis es miembro del consejo. Como este, hay más de 400 en todo el país. Ahora, por primera vez, España contará con un consejo estatal de participación infantil. Se han presentado 136 candidatos de todas las autonomías. El proceso de selección está en marcha: se busca a los 34 niños y niñas que darán voz a la infancia ante las instituciones. El Gobierno les tendrá en cuenta ante leyes que les afecten, y podrán dirigirse a órganos de la Administración para lanzar sus propuestas y recomendaciones.

Las organizaciones de infancia llevaban años pidiéndolo y era un mandato de la ley de protección de los menores frente a la violencia, aprobada el pasado mayo. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU también había recomendado a España que promoviera su participación en procesos legislativos. A finales de septiembre se publicó la orden por la que se creaba el consejo. Niños y niñas de 8 a 17 años podían enviar su solicitud hasta el 11 de noviembre. El Observatorio de Infancia, un órgano dependiente del Ministerio de Derechos Sociales que reúne a la dirección general de infancia, comunidades autónomas y organizaciones de defensa de los derechos de los niños, ya tiene las candidaturas sobre la mesa. Un equipo representativo del observatorio debe ahora elegir sus miembros. Está previsto que comience a funcionar en diciembre.

Unicef y la Plataforma de la Infancia, que a su vez agrupa a 74 organizaciones, formarán parte del proceso. “Habrá al menos siete vocales que procedan de consejos autonómicos o locales, otros siete, de entidades sociales o asociaciones, y otros siete de colectivos vulnerables a la discriminación, como LGTBI, por ejemplo”, expone Ricardo Ibarra, director de la plataforma. Silvia Casanovas, especialista en participación infantil y adolescente de Unicef España, añade que habrá paridad entre chicas y chicos por tramos de edad. Las candidaturas deberán estar autorizadas por sus progenitores o tutores e ir acompañadas de una carta de presentación. “Para mí algo muy importante es que exige un aval de grupo, deben explicar por qué se postulan, cómo se trabaja con su colectivo y de qué forma va a defender sus intereses”, sigue Casanovas.

Dos adultos designados por Derechos Sociales actuarán como dinamizadores. La directora general de Derechos de la Infancia, Violeta Assiego, explica que contarán “con el apoyo de entidades especializadas en participación infantil y en cómo acompañar a los niños para respetar su autonomía y capacidad para tomar decisiones”. Se publicó un contrato menor para que las organizaciones puedan concurrir y se resolverá “en las próximas semanas”.

En Fuenlabrada, esta tarea recae en Tamara Cordero y Cristina Mora, ambas del equipo de infancia del Ayuntamiento. El consejo se formó en 2004 y ahora mismo hay 23 consejeros, niños de 8 a 13 años, y 12 expertos, que tienen de 14 hasta 17 y se llaman así porque previamente fueron consejeros. Los primeros se reúnen cada viernes, los segundos, una vez al mes. La reunión se inicia siempre con la misma dinámica. ¿Cómo han pasado la semana? Esta ha ido más bien “regulinchi tirando a mal”. A juzgar por sus respuestas, Fuenlabrada estaba de exámenes.

“Hay que adaptar las metodologías a su edad. Suele haber una dinámica de arranque. Con los más pequeños puede ser a través del dibujo, con los mayores, del debate”, continúa Casanovas, de Unicef. En Fuenlabrada, los chicos y las dinamizadoras, sentados en círculo, recuerdan las iniciativas que han propuesto en sesiones anteriores. Preocupados porque los derechos de la infancia no se conozcan, han propuesto una iniciativa que dure todo el año: “La infancia toma la ciudad”. Habrá una exposición itinerante, piden mayor información contra el acoso escolar en los colegios. “Es cuando, por ejemplo, una niña en un colegio lleva pantalón en lugar de falda y piensan que es un chico y se burlan porque lleva pantalón”, explica Sharlotte, de 11 años. “Qué tontería”, replica indignada Radwa Ouirraoui, que está “a punto de cumplir nueve”.

Ninguno de ellos se ha presentado al consejo estatal, forman parte de una red que agrupa a varios municipios y se decidió, por sorteo, que se postularan desde otro consejo. Pero ganas no faltaban. Son niños muy participativos, cuentan las dinamizadoras. Allí van a trabajar y a divertirse.

28.000 participantes

A Unicef le constan 427 estructuras de participación infantil y adolescente a nivel local en España —en las que intervienen más de 28.000 menores—, de las cuales 342 pertenecen a ciudades amigas de la infancia, un programa de esta organización. Comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana y Asturias cuentan con consejos autonómicos y hay otras autonomías, como Galicia, impulsando sus propias fórmulas. Ricardo Ibarra, de la Plataforma de Infancia, apunta que “en España hay una carencia de estructuras estables de participación a nivel estatal, hay iniciativas puntuales, como la asistencia anual de niños y niñas a la comisión de infancia del Congreso, pero queda mucho por conseguir”.

“La Comisión Europea ha demostrado que hay multitud de espacios y formas de trabajar, hay una decena de países con estructuras específicas. Dinamarca, Alemania o Escocia, por ejemplo, tienen mecanismos de consulta a la infancia en políticas que les afectan”, añade Ibarra. A partir de la constitución del consejo estatal, en España los niños darán su punto de vista sobre leyes, planes o estrategias de infancia y podrán enviar sus propuestas a organismos de la Administración. “El reto es que estas estructuras tengan capacidad de ser escuchadas y tener incidencia, que no sean simbólicas”, continúa. La directora general de Derechos de la Infancia recalca que contar con su participación “es un valor” y explica que no es un órgano asesor del Gobierno: “Seguramente nos hagan [propuestas] a la dirección general de infancia, pero también podrán hacerlo, si así lo deciden, a otros organismos como la Agencia de Protección de Datos, para tratar de mejorar los mecanismos de denuncia en los casos de violencias que sufren cuando se comparte información personal suya, o al Defensor del Pueblo, en temas que les puedan afectar”.

Los menores se quejan normalmente de que no se les escucha, no se les toma en serio. “Todo parte de un problema de concepción del niño, como un objeto de protección, como un futuro adulto o una persona en transición, pero no como un ciudadano de derechos”, afirma Ibarra. “Tienen derecho a que se les escuche. Esto acarrea además numerosos beneficios. Un proceso de participación ciudadana hace que la política pública mejore, y si los niños se sienten escuchados, tiene efectos a futuro, serán ciudadanos que votarán más, participarán más en la vida pública”.

A Adil, que tiene 11 años, le gustó la idea de que su palabra pueda cambiar Fuenlabrada. Radwa coincide. “Me gustó la idea de venir a hacer reuniones, hacer nuevos amigos y proponer ideas que ayuden a mejorar la ciudad, que sea el lugar que hemos soñado”. Quién sabe, quizás en unos años se sienten en el consejo de participación estatal.