Los colegios deberán contar a partir del curso que viene con un coordinador contra el acoso y la violencia contra la infancia

Las comunidades y el Ministerio de Derechos Sociales aprueban una hoja de ruta para desarrollar la ley que protege a los menores

Alumnos de un instituto madrileño, en una foto de archivo.
Alumnos de un instituto madrileño, en una foto de archivo.Luis Sevillano Arribas (Luis Sevillano)

El próximo curso, todos los centros educativos, ya sean públicos, privados o concertados, deberán contar con un coordinador de bienestar y protección, que será la figura de referencia en los centros a la que los niños podrán acudir en caso de que sean víctimas de violencia, desde el bullying al abuso o maltrato. Serán los responsables de actuar ante casos sospechosos y de velar por que se cumplan los protocolos contra cualquier forma de violencia contra la infancia. Para entonces esta figura también deberá estar operativa, bajo el nombre de delegado de protección, en las entidades que realicen actividades deportivas y de ocio.

Así lo ha acordado este lunes la conferencia sectorial de infancia, que reúne a las comunidades autónomas y al Ministerio de Derechos Sociales, y que ha acordado una hoja de ruta para desplegar las medidas contenidas en la ley de protección de la infancia frente a la violencia, que fue aprobada el pasado mayo y que es pionera en cuanto a reconocimiento de derechos de los niños y adolescentes, pero exigirá un gran despliegue normativo por parte de las autonomías y del ministerio hasta poder aplicarse por completo.

El acuerdo ha sido aprobado por 10 autonomías, seis se han abstenido (con la intención de consultar previamente con las consejerías de educación) y solo el País Vasco ha votado en contra. Durante la tramitación parlamentaria de la ley, el PNV ya había mostrado su rechazo por motivos competenciales. El pacto no es vinculante, pero se trata del primer acuerdo del Gobierno con las autonomías para avanzar en labores de coordinación durante el despliegue de la ley.

El coordinador de bienestar y protección del alumnado será la figura de referencia en los centros educativos para todo asunto relacionado con la violencia o con la prevención de la misma. Estará supervisado por el director y su labor será, básicamente, que se cumplan los protocolos de prevención de la violencia y de buen trato. Será quien actúe ante casos sospechosos. Entre sus tareas, según se especifica en la ley, estará la de promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los menores, tanto para el personal como para los propios estudiantes, la de identificarse ante la comunidad educativa como el principal referente para las comunicaciones relacionadas con violencia en el centro o en su entorno, y la de coordinar los casos que requieran intervención por parte de los servicios sociales, así como de las fuerzas de seguridad.

“Es una tarea urgente que incluimos en la ley y que debemos poner en marcha tan pronto como sea posible”, ha dicho durante el encuentro la ministra, Ione Belarra, en referencia a esta figura. “Deben ser la pieza clave que se encargue de que se implementen los planes y protocolos en el ámbito educativo y en el ocio y el deporte, de escuchar a los menores y sus avisos sobre cualquier tipo de violencia, y de comunicar situaciones de riesgo”, ha añadido, algo que “no puede esperar más”. En el curso 2022-2023 deberán estar completamente operativos. Y en el segundo trimestre del próximo año, la conferencia sectorial hará un análisis del grado de articulación y desarrollo de estas figuras.

14 nuevas tareas

Pero el acuerdo adoptado este lunes va más allá del coordinador de protección, y fija a la conferencia sectorial de infancia y adolescencia 14 tareas a cumplir en determinados momentos de 2022 y los primeros meses de 2023. El objetivo es fijar un mínimo común denominador para todas las autonomías, armonizar el despliegue de la ley.

Por ejemplo, en el primer cuatrimestre de 2022 se deben aprobar recomendaciones para ofrecer una atención integral, rápida y coordinada a los menores víctimas de delitos violentos y favorecer su recuperación en servicios especializados, y debe llegarse a un acuerdo sobre los criterios que han de reunir los mecanismos de denuncia de la violencia que sufren los niños, para que sean claros, seguros y accesibles, como líneas telefónicas gratuitas de ayuda, medios electrónicos o plataformas digitales, y que estos sean conocidos por las familias y profesionales.

También se ha pactado que en los cuatro primeros meses del año se consensúe un documento con recomendaciones y criterios comunes que deben contener los protocolos que contempla la ley, que son muchos y todos ellos deberán ser sometidos a evaluación. Entre ellos se incluyen los protocolos de actuación en los centros escolares y deportivos y de ocio, por cuyo cumplimiento deberá velar el coordinador de protección; los que afectan a la actuación de las fuerzas de seguridad para el buen trato a los niños víctimas de violencia y evitar la victimización secundaria (que los menores revivan sus traumas durante la denuncia y proceso judicial), y los protocolos en centros de protección de menores, específicamente los de prevención, detección e intervención ante posibles casos de abuso, explotación sexual y trata.

En el segundo cuatrimestre del próximo año, la conferencia también deberá acordar pautas para incluir formación en materia de derechos de la infancia en el currículo de los profesionales de distintos ámbitos que requieran contacto habitual con niños y las autonomías deberán presentar las líneas generales de sus planes de prevención para erradicar la violencia contra la infancia, que deberán contener medidas de prevención en ámbitos desde el familiar al de los servicios sociales, pasando por las fuerzas de seguridad.

Será entre enero y abril cuando la conferencia sectorial envíe al Gobierno la estrategia nacional de erradicación de la violencia contra la infancia, que las organizaciones del sector han calificado como uno de los elementos clave para lograr una buena implementación de la ley, dado que tendrá un carácter plurianual y establecerá las tareas a desarrollar por cada Administración. También contendrá una memoria económica. Por el momento, solo ha trascendido que el Gobierno contempla una partida de 25 millones de euros en los presupuestos para 2022, que se encuentran actualmente tramitándose en el Congreso, para impulsar el desarrollo de la ley. En la memoria económica de la norma se contemplaban “más de 70 millones”, según había anunciado la propia Belarra.

Sobre la firma

María Sosa Troya

Redactora de la sección de Sociedad de EL PAÍS. Cubre asuntos relacionados con servicios sociales, dependencia, infancia… Anteriormente trabajó en Internacional y en Última Hora. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cursó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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