Un conflicto de intereses rodea la recomendación de vacunar a los niños contra la gripe

La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha dado este otoño un salto cualitativo importante en sus recomendaciones sobre la vacunación de la gripe. Por primera vez, la sociedad científica llama a vacunar a todos los niños de entre seis meses y cinco años de edad, una decisión que ha sido recibida con sorpresa por algunos sectores médicos y que llega cuando los organismos reguladores evalúan si aprobar o no la vacuna pediátrica frente al coronavirus.

La propuesta de la AEP va más allá de la posición del Ministerio de Sanidad, que solo considera necesario (y financia) la vacunación de los menores con patologías de riesgo o que conviven con personas que las sufren. Las familias que deseen inmunizar a sus hijos deberán recibir de su pediatra la receta y asumir el coste de la vacuna. Las disponibles cuestan unos 15 euros por dosis y el primer año se requieren dos, aunque en los siguientes basta con una. La población diana asciende a unos 2,3 millones de niños. Sociedades científicas como la Asociación Española de Vacunología (AEV) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) no comparten la recomendación de la AEP y siguen los criterios del ministerio.

Sobre el debate médico, abierto desde hace años acerca de esta vacuna, planea la controversia en torno a los conflictos de interés que surgen cuando sociedades científicas emiten recomendaciones que tienen importantes repercusiones económicas mientras reciben cuantiosas aportaciones de las empresas farmacéuticas beneficiadas por sus posicionamientos. La AEP y su fundación recibieron en 2020 un total de 363.000 euros de dos de los mayores fabricantes de vacunas pediátricas contra la gripe, GSK y Sanofi. Las dos compañías destinaron también el año pasado otros 253.000 euros a otras asociaciones de pediatras regionales y de atención primaria.

En este caso, además, los 12 miembros del Comité Asesor de Vacunas (CAV-AEP) que ha aprobado la recomendación también admiten haber percibido pagos de la industria en los últimos cinco años, según la declaración de intereses incluida en la recomendación. Los datos publicados por el sector ofrecen detalles más precisos y actualizados: seis de ellos percibieron el año pasado entre 5.000 y 14.000 euros de GSK y Sanofi, otros tres cantidades menores (menos de 1.000 euros) y tres más ningún importe.

De los 12 miembros del Comité, todos declaran haber cobrado en los cinco años anteriores por participar en “actividades docentes subvencionadas” por los fabricantes de vacunas; ocho forman o han formado parte de consejos asesores de las farmacéuticas (en su mayoría de GSK); seis han contribuido a ensayos o estudios clínicos de las compañías; y en cuatro casos la relación con la industria se limita a haber sido invitados a eventos o cursos de formación. Solo uno de ellos deja claro en la declaración de intereses que “desde que es miembro del CAV-AEP no ha aceptado patrocinio directo alguno de ningún laboratorio farmacéutico para ninguna actividad”.

Ildefonso Hernández, portavoz de Sespas, defiende que “como norma general, no es bueno ni deseable que las sociedades científicas hagan recomendaciones de este tipo que van más allá de lo establecido por las autoridades sanitarias porque es algo que genera confusión entre los ciudadanos y que puede acabar provocando una presión innecesaria e interesada sobre el sistema sanitario”. Este especialista destaca que el asunto “adquiere especial relevancia cuando existen conflictos de interés en las personas que elaboran estas recomendaciones”.

Abel Novoa, coordinador del grupo de trabajo de bioética de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), recuerda que “el objetivo no es impedir la colaboración con la industria, sino que exista un buen gobierno es este ámbito”. “Hay muchos ejemplos de instrumentos para que los distintos actores puedan relacionarse sin conflictos de interés que puedan poner en duda su imparcialidad. Revistas de prestigio como JAMA, por ejemplo, no dejan que quienes firman los artículos donde se establecen los protocolos e indicaciones para el manejo de enfermedades tengan conflicto alguno. Otro ejemplo son los comités de evaluación de posibles conflictos que muchas sociedades científicas han desarrollado en otros países, pero no todavía en España”, concreta.

En una respuesta por escrito, la AEP defiende que sus recomendaciones “están basadas siempre en el criterio científico” y que “evita el respaldo de las actividades de la industria en las que no se aprecia otro interés que el puramente comercial”. Sobre los cobros de los miembros del Comité Asesor de Vacunas, la AEP sostiene que la relación de sus miembros con la industria “está sujeta al Marco Ético de la sociedad”, aunque estos especialistas “en el ejercicio de su libertad profesional, pueden participar en otras actividades en calidad de expertos en su materia y a título personal”.

La AEP asegura que ya tenía previsto recomendar la vacunación universal de los niños de seis meses a cinco años el año pasado, pero que decidió esperar porque entonces priorizó “la vacunación de personas mayores y de grupos de riesgo”. Pese a ello, la sociedad pidió el pasado febrero al Ministerio de Sanidad incluir a los niños en el calendario vacunal. Una petición que no ha sido atendida, pero que la AEP seguirá “solicitando hasta que lo sea”.

Un portavoz de GSK considera que “no tiene sentido deducir que estas colaboraciones condicionan el criterio clínico de los profesionales sanitarios” y destaca que “la colaboración entre la industria farmacéutica, profesionales sanitarios y sociedades científicas y médicas es particularmente importante” para “la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas, y su uso adecuado”. Por su parte, Sanofi sostiene: “Creemos que las interrelaciones entre industria farmacéutica y profesionales sanitarios y organizaciones sanitarias son indispensables y benefician a todos”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó en 2012 la vacunación de los niños contra la gripe, aunque esta medida —adoptada poco después de la amenaza pandémica de la gripe A— no ha sido seguida por muchos países y las coberturas logradas en los que sí lo han hecho son en general bajas.

Aunque la AEP asegura que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) también recomienda esta medida desde ese año —algunos documentos técnicos de esas fechas evaluaban si podía ser útil en algunas situaciones—, un portavoz del organismo no lo confirma. “La Unión Europea y los Estados miembros no han acordado una recomendación conjunta sobre la vacunación de los niños”, expone por escrito. Dinamarca, Finlandia, Letonia y algunos Estados alemanes son los únicos de la Unión Europea —además del Reino Unido, que la abandonó en febrero de 2020— que tienen programas de vacunación universal para la infancia.

Según la AEP, “existe evidencia científica suficiente para recomendar la vacunación antigripal universal en los niños de 6 a 59 meses”. Las razones son que esta medida “proporciona al niño protección individual y favorece la protección familiar y comunitaria”, ya que “los niños preescolares y escolares son los principales difusores de los brotes de la gripe”. La tasa de hospitalización de niños sanos es de “uno de cada mil casos”, añaden los pediatras.

El Ministerio de Sanidad y otras sociedades científicas, por el contrario, piensan que la vacunación infantil de niños sanos no presenta un balance coste-beneficio favorable dada la escasa gravedad de los cuadros clínicos desarrollados por los menores. “Es una vacuna con una efectividad reducida, que protege a cerca de la mitad de quienes la reciben. Está indicada en personas para las que la gripe es realmente un riesgo, pero este no es el caso de los niños”, concluye José Tuells, coordinador del grupo de trabajo de vacunas de Sespas.