Estas son las ayudas oficiales aprobadas para los afectados del volcán de La Palma

Las administraciones se movilizan para paliar la situación de los damnificados por la erupción del volcán de La Palma, que ha afectado ya al menos a 744 edificaciones, de las que 656 están destruidas, según el último recuento del sistema de satélites europeo Copernicus. Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a los medios de comunicación que el Ejecutivo está trabajando conjuntamente con el resto de las administraciones “para aprobar un real decreto ley con muchas más ayudas para los vecinos de la isla”.

Eso es el futuro. Ya hay, en cambio, iniciativas en marcha. Este mismo martes, el Consejo de Ministros aprobó una ayuda directa máxima de 10,5 millones para las primeras compras de viviendas y enseres de primera necesidad. “Vamos a empezar a trabajar las tres administraciones [cabildo, comunidad autónoma y Estado] para aprobar un decreto con muchas más ayudas para los vecinos de La Palma”, ha señalado Sánchez este miércoles en los pasillos del Congreso de los Diputados.

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Este dinero se suma al ya comprometido por el Gobierno de Canarias a finales de la semana pasada. El presidente, Ángel Víctor Torres, anunció entonces que se modificará el presupuesto regional para disponer desde ahora de seis millones de euros para las personas con mayor vulnerabilidad por las consecuencias de la erupción y otros siete millones, desde el área de Economía, para las empresas damnificadas, con especial atención a las del subsector agrario.

La agricultura y la ganadería han sido especialmente dañadas por el último tramo del tránsito de la colada al mar, dado que ha destruido una de las vegas agrícolas más fértiles de Canarias y ha arrasado el corazón ganadero de La Palma, un puñado de barrios de montaña expertos en criar cabras y ovejas que hacían funcionar muchas pequeñas queserías artesanas.

Torres ha subrayado por esto la implicación de hasta 11 ministerios, y ha insistido en la necesidad de ofrecer cuanto antes soluciones habitacionales, económicas, agrícolas y de apoyo psicosocial para los afectados como paso previo a la recuperación de los núcleos.

El Gobierno de España, además, ha añadido un capítulo aparte en la prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero aprobada este martes, que recoge una herramienta especial para las empresas afectadas por la erupción del volcán en la isla de La Palma y en el conjunto de Canarias. Con este esquema específico, los trabajadores tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones del 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y del 90% en el caso de limitación.

La canalización y reparto de estas ayudas es causa de preocupación para las administraciones implicadas. Para ello, el Gobierno de Canarias ha anunciado la creación de una Oficina de Atención a la Ciudadanía por la Emergencia Volcánica. Su objetivo, según las palabras del propio Ángel Víctor Torres, es el de “dar respuesta a quienes han perdido su casa, sus terrenos o su empleo, recoger y organizar toda la información necesaria y poder, también, elaborar un plan de infraestructuras”. Esta oficina entrará en funcionamiento “en los próximos días”. En ella trabajarán funcionarios de todas las administraciones y será coordinada por el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera. La oficina estará ubicada en la Casa Massieu, en el municipio de Los Llanos de Aridane.

También se ha creado una Comisión Mixta Interadministrativa formada por el Gobierno de España, el de Canarias, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte para planificar, impulsar y coordinar las actuaciones necesarias para afrontar las consecuencias de la erupción volcánica. “La voluntad política, los recursos y el espíritu de colaboración los tenemos”, afirmó el presidente Sánchez al término de esta reunión, celebrada este martes vía telemática. Asistieron los máximos representantes de cada una de estas instituciones.