El Gobierno destinará 10,5 millones para viviendas y ayudas a los afectados por el volcán de La Palma

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes una subvención de un máximo de 10,5 millones de euros a Canarias para financiar la adquisición de viviendas y enseres de primera necesidad para los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. La inversión forma parte del paquete de medidas anunciado por el presidente Pedro Sánchez el lunes para la reconstrucción de la isla, entre las que se encuentra la declaración de La Palma como zona catastrófica. Ante la magnitud de la emergencia, que, según estimaciones del propio Ejecutivo, ha obligado a la evacuación preventiva de más de 5.000 personas y ha arrasado más de 600 viviendas desde el pasado 19 de septiembre, la medida contempla 5,5 millones para la compra de 107 inmuebles en el mercado privado y otros cinco a ayudas económicas a las familias damnificadas.

Según el contenido del real decreto, presentado a propuesta de Derechos Sociales —impulsor de la medida—, Interior y Transporte, la Comunidad Autónoma de Canarias adquirirá las viviendas en la isla de La Palma para destinarlos al alojamiento de familias afectadas con la “pérdida o daño” de su casa como consecuencia de la erupción volcánica. Los inmuebles a adquirir podrán ser de titularidad pública o privada, y deberán estar en condiciones de ser ocupados “con carácter inmediato” por los afectados, o en un plazo “compatible con la urgencia” de la necesidad a cubrir.

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El Gobierno destinará 10,5 millones para viviendas y ayudas a los afectados por el volcán de La Palma

La propuesta especifica que los inmuebles serán adjudicados por el Gobierno de Canarias, “con carácter temporal o indefinido”, a las familias que hayan perdido o hayan sufrido daños graves en su casa, cuando esta fuese su domicilio habitual y permanente, “con independencia de que su ocupación fuera en régimen de propiedad, usufructo o arrendamiento”.

En el caso de que, por cualquier circunstancia, las viviendas dejasen de cumplir esa función, el decreto establece que deberán permanecer bajo titularidad pública durante un plazo mínimo de 30 años.

El Gobierno considera que “la magnitud de la emergencia, las medidas necesarias para subvenir la grave perturbación de las condiciones de vida de la población, el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales y, en definitiva, la recuperación de la normalidad en las zonas afectadas”, justifican la intervención de la Administración General del Estado desde el principio de solidaridad interterritorial.

Tal y como anunció Sánchez, a este primer paquete de medidas inmediatas para paliar los efectos de la catástrofe seguirá una segunda fase de reconstrucción, que el Gobierno llevará a cabo conjuntamente con el resto de instituciones implicadas: los municipios afectados, el Cabildo de la Palma y el Gobierno de Canarias.

Además de la evacuación preventiva de la población, el Ejecutivo recuerda que se han producido daños en infraestructuras, bienes públicos y privados, cultivos, explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas. Asimismo, se han alterado redes del transporte de personas y mercancías debido al corte de carreteras y a la prohibición temporal de la navegación marítima en la zona del oeste de la isla. Las actividades escolares también han sido suspendidas en algunos de los municipios afectados.