La guerra política por las mascarillas se cuela en el inicio de curso escolar en Estados Unidos

La vuelta a las aulas en Estados Unidos ha empezado con polémica. Unos 56,4 millones de alumnos, desde infantil hasta el bachillerato, han regresado de forma presencial, o están a punto de hacerlo, después de más de un año de aprender a distancia. Otros 20 millones de jóvenes volverán a las universidades en las próximas seis semanas. La división política en torno a las mascarillas entre demócratas y republicanos ha trasladado la tensión al comienzo de curso en el país, incluso pese a la expansión de la variante delta. Mientras una decena de Estados ha hecho obligatorio el uso de cubrebocas para los alumnos y maestros, nueve Estados las han prohibido directamente.

“¡No estás de nuestro lado!” “¡Sabemos quién eres, puedes irte libremente pero te vamos a encontrar!” “¡Hay un lugar para ti en el infierno!”. Estos fueron algunos de los gritos y amenazas que una turba de padres de familia antimascarillas dedicó a Michael Miller, un analista sanitario que recomendó el uso de la prenda en una reunión de la junta escolar en un colegio de Tennessee. “Ustedes han estado acostumbrados a lidiar con borregos... Ahora prepárense a lidiar con leones”, gritó un exmilitar a los miembros que votaron por recomendarla para alumnos y profesores. “¡Quítate esa maldita mascarilla!”, gritó con ira una mujer a Miller, que huyó temeroso de la escena en su coche.

Escenas como estas, cada vez más hostiles, han sido frecuentes en las últimas semanas. En el norte de California, un hombre golpeó a un maestro el primer día de clases cuando vio salir de la escuela a su hija de cuatro años con una mascarilla. En Texas, otro padre arrancó violentamente el cubrebocas a un profesor en una reunión para conocer a los docentes.

Un análisis del Centro de Reinvención de la Educación Pública, un organismo no partidista de investigación, señala que nueve estados (Arkansas, Arizona, Carolina del Sur, Florida, Iowa, Dakota del Norte, Oklahoma, Texas y Utah) prohíben el uso de la mascarilla en los centros. En Texas, hasta el 19 de agosto, los distritos escolares no estaban obligados a informar a las escuelas y los maestros de casos positivos. El gobernador Greg Abbott, uno de los más fervientes simpatizantes del expresidente Donald Trump, ha emprendido una batalla legal para evitar que la vacuna de Pfizer sea obligatoria para los funcionarios públicos. El Estado está por debajo del promedio de inmunizaciones, con solo un 47% de la población protegida.

Florida ha elegido un camino similar. Prohíbe la mascarilla obligatoria y evita exigir la vacuna para los profesores. El Estado del sur, sin embargo, sufre en estos días sus peores momentos en la lucha con la pandemia desde que llegó el coronavirus a Estados Unidos. La entidad gobernada por el republicano Ron de Santis ha registrado un promedio de 220 muertes diarias esta semana, el número más alto en todo el país. Las hospitalizaciones también se han incrementado a un ritmo peligroso durante agosto con más de 17.000 pacientes ingresados. Muchas escuelas han optado por el sentido común y han impuesto medidas que contravienen a la prohibición decretada por de Santis.

Una encuesta de EducationWeek, una publicación especializada, realizada entre 1.242 educadores a finales de julio, señala que el 86% está vacunado. Solo uno de cada diez educadores no está interesado en recibir el medicamento, una minoría que ha sido muy visible en varios Estados conservadores. Los dos sindicatos de profesores más poderosos del país, la Asociación Nacional de Educadores y la Federación Americana de Maestros, se han mostrado en favor de la vacuna, pero la última palabra la tienen las autoridades locales. En 36 Estados han dejado que sean los distritos escolares los que tomen la decisión, mientras que otros 13 han prohibido que se exija la vacuna para alumnos y maestros. Solo California y Washington, dos Estados demócratas de la costa oeste, han hecho obligatorias las vacunas para los docentes.

El distrito escolar de Los Ángeles, uno de los más grandes del país con 600.000 estudiantes, reportó este miércoles el primer brote del Estado de California, que regresó a clases de forma escalonada desde el 11 de agosto. Las autoridades detectaron 11 casos, siete de ellos relacionados entre sí, en un colegio de Hollywood, lo que hizo enviar a casa a todo un aula. En todo el condado, unos 2.300 menores han dado positivo a la covid-19 en la primera semana de clase. La cifra se eleva a 6.500 menores (uno de cada 70 estudiantes) los que han perdido al menos un día de clases desde el 16 de agosto, tras haberse puesto en cuarentena o por haber estado en contacto con algún infectado. Solo una escuela, entre un millar, se ha visto obligada a cerrar sus puertas por emergencia, pero el centro las reabrió rápidamente.

Medidas de control

Nueva York y Los Ángeles, los dos distritos escolares más grandes del país, están haciendo los mayores esfuerzos por mantener bajo control la pandemia. En la ciudad californiana los alumnos deben someterse a una prueba de antígenos una vez por semana. Los maestros deben contar con las dos dosis de la vacuna para el 15 de octubre (hay más flexibilidad en otras partes de California). El uso de la mascarilla es obligatorio. El gobierno angelino también diseñó una app que permite la entrada a las aulas cada día después de que los alumnos respondan si no tienen algún síntoma de la enfermedad. La herramienta, llamada Daily pass (pase diario) creó grandes cuellos de botella con esperas de hasta 40 minutos en los primeros días. Las autoridades han afirmado que la irán perfeccionando.

Nueva York, que verá volver a clases a un millón de alumnos el 13 de septiembre, también ha apostado por las pruebas como uno de los pilares del nuevo ciclo. El gobierno de la ciudad hará pruebas aleatorias cada 15 días al 10% de la población adulta no vacunada de las escuelas. Más adelante en la temporada, y con el consentimiento de los padres, los alumnos se integrarán en la muestra. Cuando se encuentre un caso positivo en un aula, solo los contactos cercanos no vacunados deberán de hacer una cuarentena obligatoria por 10 días. Ese mismo periodo de cierre será utilizado para las escuelas que registren un brote. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el lunes que los 148.000 maestros de la ciudad deben estar inmunizados para el 27 de septiembre. Chicago, que vuelve a clases el 30 de agosto, también exigirá la vacunación obligatoria.

El presidente, Joe Biden, ha pasado a la ofensiva por la actitud de los republicanos, a quienes calificó de “ciegos de su ceguera”. El mandatario ordenó a su secretario de Educación, Miguel Cardona, emprender las acciones legales para evitar que los Estados prohíban las vacunas y las mascarillas para los menores. La Administración también busca aumentar el número de vacunados entre la población de 12 y 17 años, que apenas supera el 30% de inmunización a pesar de disponer del medicamento desde mediados de mayo. El 61% de los estadounidenses mayores de 18 años ha recibido al menos una dosis y el 52% ya tiene las dos. La más difícil de convencer es la población de 16 y 17 años, quienes solo se han vacunado 3.3 millones. Todavía no hay vacunas aprobadas para menores de 12 años.

La ley ha dado señales de estar en la misma página que el Gobierno de Biden. El Supremo negó hace unas semanas una moción promovida por ocho estudiantes de la Universidad de Indiana, quienes pedían cancelar la petición del centro para que quienes quisieran acudir a clases presenciales este otoño estuvieran vacunados. De lo contrario, los alumnos debían tomar las clases en línea o darse de baja del semestre. El fallo puede convertirse más adelante en un arma en una batalla encarnizada.