Nada que celebrar: Colombia, México y Honduras registran el 89% de los ataques contra las personas LGTBI

No hay nada que frene los ataques a la población LGTBI si la impunidad sigue siendo aliada de los agresores. A Samantha, una mujer trans de 23 años, la balearon en una calle de Mariquita, un pueblo de Colombia, en enero pasado, y su familia sigue esperando justicia. A Sammy, como la llamaban los que la conocían por su trabajo como estilista, la mataron a tiros unos hombres que se movilizaban en una motocicleta y su asesinato abrió la cifra, que ya llega a los 14 casos, de mujeres transexuales asesinadas este año en el país, según la organización Colombia Diversa, que insiste en destacar un subregistro. Pueden ser más. La última víctima fue Luciana Moscoso, también estilista. El cadáver lo encontraron a inicios de junio en su apartamento dos días después del crimen, según el examen forense. ¿Quién las mató? Preguntan sus familiares y amigas, pero nadie responde.

Sin Violencia LGTBI, una entidad que reúne a organizaciones de derechos humanos de once países de la región, alerta sobre esta violencia imparable e incomprensible. Lo que se desprende de su informe elaborado con motivo del día del orgullo gay, que se conmemora este 28 de junio, deja poco para celebrar. Entre 2014 y 2020, al menos 3514 personas LGTBI fueron asesinadas en América Latina y el Caribe, 1401 de ellas por motivos relacionados con el prejuicio frente a su orientación sexual o identidad de género. Solo en 2019 se registraron 327 casos y en 2020, en plena pandemia de coronavirus, fueron 351 las víctimas.

Aunque en todos los países de la región la situación es dramática, hay unos que están peor: Colombia, México y Honduras concentraron el 87% del total de víctimas en 2019 y el 89% el año pasado. “Una de las hipótesis que estudiamos como causa para que en estos países la letalidad sea más alta es que hay mayor presencia de grupos armados y de fuerza pública, que ejercen violencia sobre esta población, además de que son lugares con corredores migratorios que también tienen un efecto en este tipo de crímenes”, dice Marlon Acuña, coordinador de la red regional Sin Violencia LGTBI.

Brasil es caso aparte, según la misma organización, no hay datos sólidos sobre los hechos de violencia ocurridos en 2020 en este país contra homosexuales, lesbianas y transexuales. “Lo que ocurre en Brasil es preocupante, nuestras organizaciones aliadas allí no cuentan con información suficiente para hacer seguimiento a los casos y no es posible establecer una cifra”, dice Acuña. La Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) denunció en enero que el año pasado se registraron 175 asesinatos a personas transexuales en ese país.

El 2020 fue doblemente letal para la comunidad LGTBI. Además de tener que lidiar, como el resto del mundo, con una pandemia, siguieron siendo víctimas de la violencia. La calle dejó de ser el escenario en donde ocurren los crímenes en su contra y se trasladó a las viviendas, como ocurrió en el caso de Luciana Moscoso, que fue hallada asesinada en su apartamento. En el 43% de los casos registrados el año pasado no se sabe en dónde sucedieron.

“Las medidas como los toques de queda, la limitación de acceso a servicios -en función del número de identificación o del género-, así como el despliegue de fuerzas policiales y militares para garantizar su cumplimiento, aumentaron los riesgos de violencia no letal por parte de agentes del Estado y de particulares debido al prejuicio frente a la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas”, dice el informe de la organización Sin violencia LGTBI, que señala además que la crisis sanitaria tuvo consecuencias en el registro de las muertes violentas de las que fueron víctimas. “La gestión de la pandemia también impuso retos que amenazaron con desbordar la capacidad judicial y forense de los Estados, las organizaciones también se enfrentaron a dificultades que pudieron llegar a representar intermitencias en los registros”, apunta la organización.

A Andrea González, una mujer trans y activista de Guatemala, la asesinaron a tiros el pasado 11 de junio. Tenía 28 años, era líder política y representante legal de Otrans, una organización comunitaria que trabaja por las personas LGTBI . “La mataron balas de odio, el patriarcado y la ausencia del Estado”, reclaman sus amigas. Dos días antes, también en Guatemala, la víctima fue Cecy Caricia Ixpatá. La encontraron agonizando después de haber recibido una paliza en un mercado en donde vendía frutas y verduras. No se pudo recuperar de los golpes y murió en el hospital. Era vendedora e integrante de la Redtrans desde 2012. En ninguno de los dos casos hay detenidos. La justicia no busca a los responsables de estos asesinatos.

“Cuando matan a las líderes están enviando un mensaje a toda una comunidad. Con estas muertes desaparecen quienes trabajan para dar visibilidad y garantizar justicia e inclusión”, señala Acuña, de Sin Violencia LGTBI. Para esta organización es evidente la falta de acciones de los Estados para prevenir, atender y sancionar esta violencia, que sigue cobrando vidas en total impunidad.

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