El Gobierno confirma que presentará la ‘ley trans’ en el Consejos de Ministros del 29 de junio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Consejo de Ministros dará luz verde el próximo martes 29 de junio “al anteproyecto de ley LGTBI”, una fusión de la ley trans y la normativa sobre LGTBI+ que acordaron los socios del Ejecutivo en su programa de Gobierno. La aprobación del texto coincidirá con la semana del Orgullo. El anuncio se ha producido en Bruselas, donde Sánchez ha promovido junto al primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, una carta a favor del colectivo LGTBI+ ante la deriva del presidente húngaro, Viktor Orbán, que vincula en una ley la homosexualidad con la pedofilia y la pornografía.

La negociación para cerrar una ley trans llevaba encallada desde febrero. Fuentes de la negociación confirmaron a EL PAÍS la semana pasada que el proyecto se presentaría previsiblemente en el Consejo de Ministros del 29 de junio y que incluiría la conocida como libre autodeterminación de género, el asunto más espinoso de esta futura normativa. Es justo el aspecto que ha enfrentado a los dos partidos del Gobierno, Unidas Podemos y PSOE, y que la vicepresidenta primera del Ejecutivo, la socialista Carmen Calvo, llegó a rechazar públicamente. La libre autodeterminación de género supone que basta la voluntad de una persona para cambiar el nombre y el sexo en el DNI, sin necesidad de informes médicos ni de años de hormonación, como ocurre ahora. La solución consensuada por ambos partidos para incluir este aspecto ha sido incluir tres meses como plazo administrativo desde que se solicita el cambio registral para que la persona ratifique su decisión.

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Para el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero (Unidas Podemos), que lleva desde febrero negociando y persiguiendo la aprobación de esta norma, la libre autodeterminación de género era irrenunciable, así como para los colectivos LGTBI+ que han sido consultados y escuchados durante el proceso. Finalmente, quedará incluida en la ley.

En el borrador del Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, al que tuvo acceso EL PAÍS y que puede sufrir cambios hasta el mismo martes en el Consejo de Ministros, se recoge que “toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral del sexo”. También dice que “en el plazo máximo de tres meses” desde su primera comparecencia, la persona encargada del Registro Civil deberá citarla de nuevo para que ratifique su solicitud “aseverando la persistencia de su decisión”. Una vez confirmada, se dictará la resolución “dentro del plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la segunda comparecencia”. Es decir, el plazo total sumará un máximo de cuatro meses. Esta tramitación administrativa ha convencido a Carmen Calvo, que ha sido la más reticente con esta norma, para la que pedía “seguridad jurídica”. Parte del feminismo español, y destacadas figuras del movimiento feminista ligadas al PSOE, se han mostrado contrarias a la autodeterminación de género, en la que ven una amenaza con consecuencias irreparables para las legislaciones y avances conseguidos por las mujeres.

Tras el paso por el Consejo de Ministros, al texto le queda aún la revisión de los órganos consultivos y toda la tramitación parlamentaria en las Cortes, con las aportaciones y enmiendas del resto de grupos, antes de su eventual aprobación como ley. Es a lo largo de este recorrido cuando los distintos actores de la negociación —los partidos de Gobierno y también las organizaciones LGTBI— esperan añadir otros cambios. Entre los que aún no recoge el borrador, y los colectivos reclaman, está que los menores puedan pedir a partir de los 12 años, acompañados por la familia o tutores legales, el cambio en el registro de sexo y nombre. Y, a partir de 16, sin tutela ninguna. El borrador contempla la autorización para el cambio registral de nombre a partir de los 14 años. Entre los 12 y los 14 años se podrá hacer en un juzgado. Si los progenitores no están de acuerdo entre sí, se nombrará un defensor judicial.