La crisis del coronavirus

Doce comunidades se saltan el ‘semáforo’ de Sanidad

Cada autonomía tiene la última palabra en sus restricciones y la mayoría son más laxas en la hostelería de lo que recomienda la Comisión de Salud Pública

Varias personas en la terraza de un bar, el pasado 29 de mayo de 2021, en A Coruña.
Varias personas en la terraza de un bar, el pasado 29 de mayo de 2021, en A Coruña.M. Dylan / Europa Press

Cada comunidad autónoma afrontará la desescalada de la pandemia con sus propios criterios, después de que el Ministerio de Sanidad fracasase en su intención de imponer unos comunes, homogéneos y obligatorios para todo el país. El conocido como semáforo, un documento acordado por la Comisión de Salud Pública con indicaciones sobre las medidas a adoptar en cada nivel de riesgo, será lo que siempre fue: una mera guía. Y pocas comunidades la siguen al pie de la letra. Según la última evaluación del riesgo, de este jueves, solo cinco respetan las principales medidas propuestas para la hostelería: Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura y Murcia. Las otras 12 tienen restricciones menos severas, ya sea en los aforos o en el límite máximo de personas por mesa.

En general, las discrepancias con respecto al documento no son grandes: dos personas más de las recomendadas en interiores, cuatro más en exteriores, un 25% más de aforo interior del permitido... La casuística en lo que respecta a hostelería (que centra las medidas más polémicas) es variada y no siempre está correlacionada con el partido político que gobierna. Ni siquiera con el sentido del voto de cada comunidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del 2 de junio, en el que se aprobaron medidas obligatorias (que más tarde se retiraron), con el rechazo de Cataluña, Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y País Vasco.

El semáforo propone aplicar distintas medidas en cada territorio según su nivel de riesgo, determinado por ocho indicadores principales —tanto epidemiológicos como de ocupación hospitalaria— y una veintena de secundarios, a los que hay que añadir las tendencias de contagios. Con todo esto se establece un nivel de alerta para cada comunidad, que se publica semanalmente: muy alto (en el que ya no hay ninguna comunidad), alto, medio y bajo. Los últimos datos sitúan solo a La Rioja en riesgo alto. El País Vasco sale de esa clasificación y se incorpora al medio, donde hay otras siete: Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Aragón, Cataluña y Navarra, que la semana pasada estaba en bajo. En este nivel están ahora Andalucía (que baja), Galicia, Cantabria, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias.

Madrid, (con un Ejecutivo del PP), la más contestataria (llevó la decisión a los tribunales y obligó al ministerio a recular), cumple en general con casi todas las medidas acordadas. Incluso tiene cerrado el ocio nocturno, a pesar de que podría abrirlo. Solo se salta las recomendaciones en el número de personas que pueden compartir mesa en exteriores (ocho, en lugar de las seis del riesgo medio, donde se sitúa) y en los aforos en interiores (del 50%, no del 33% recomendado por Sanidad).

Castilla-La Mancha, bajo un Gobierno socialista, es mucho más laxa con sus restricciones, teniendo en cuenta que está en nivel de riesgo medio: permite que 10 personas compartan mesa, tanto en interior como en terraza, y los aforos son del 75% y el 100% respectivamente, el doble y una tercera parte más de lo que le correspondería. Un portavoz de su Consejería de Sanidad justifica esta decisión en la mejora de su situación epidemiológica: “El 8 de mayo teníamos 202 casos por 100.000 y, desde entonces, hemos bajado paulatinamente hasta los 89 del jueves. Desde primeros de mayo nuestras predicciones indicaban que íbamos a mejorar mucho y que eso, así como el ritmo de vacunación que llevábamos, nos permitiría relajar medidas en un sector tan importante como el de la hostelería y el ocio”.

Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos, tiene directamente un semáforo propio, menos restrictivo que el acordado por el ministerio y las comunidades, así que permite más aforos y personas por mesa de las que recomienda el semáforo. Según un portavoz de la Consejería de Salud, son las actuaciones recomendadas por sus expertos, que se aplican “de forma quirúrgica” en cada territorio según su incidencia y presión asistencial. Impusieron sus propias normas al terminar el estado de alarma, el pasado 9 de mayo. Desde entonces, su incidencia comenzó a subir hasta convertirse en la segunda con más casos por 100.000 habitantes en 14 días (189), solo por detrás de La Rioja (199).

Galicia, también popular, cumple casi todas las medidas de este documento, pero es con diferencia la que más personas permite en exteriores: 15, cinco más de las que propone el ministerio. Navarra (socialista) cumplía todas las recomendaciones la semana pasada, pero al subir de nivel de riesgo debería reducir el aforo en exteriores para situarse en lo que marca el semáforo.

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En el otro lado de la balanza está Murcia, también del PP y también contraria en su día a imponer medidas obligadas, pero que tiene impuestas unas normas más estrictas de las permitidas en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19 (el semáforo): permite seis comensales en terrazas en un nivel de riesgo bajo que podría ser de hasta 10.

Si se habla de ocio nocturno, uno de los ámbitos más polémicos, prácticamente todas cumplen hoy por hoy con las actuaciones de respuesta. Solo Andalucía es un poco menos restrictiva con el aforo en este tipo de locales. En el último CISNS, el ministerio trató de mantener imposiciones en este ámbito, que considera uno de los más problemáticos para controlar la transmisión del coronavirus, pero, de nuevo, varias comunidades se negaron a acatar restricciones obligatorias.

Para algunas autonomías se trata más de un problema de invasión de competencias que de discrepancias sanitarias. Es el caso del País Vasco, la más firme en su negativa a acatar límites que no fueran los que su propio Gobierno decidiera. Es la única comunidad que en el último CISNS no quiso ni siquiera debatir con el ministerio las limitaciones, que finalmente no comprometen a las autonomías, sino que se quedan en meras recomendaciones, y que contaron con el voto a favor de todas las demás.

En opinión de Alberto Infante, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, estamos “más ante un problema político que sanitario“. “No hay que entrar en el tremendismo. En general, casi todas las comunidades van a tomar medidas próximas a las recomendables. Pero lo que ha sucedido es un episodio muy desafortunado por todas las partes implicadas. Lo primero, la semana pasada, cuando, sin haber acuerdo sustancial debidamente trabajado con las comunidades, la ministra se lanza a imponerlas como obligatorias. El contenido era razonable, pero no existía el consenso para sacarlas adelante”, señala.

Con todo, Infante advierte de que el triunfalismo es peligroso. “Ahora da la impresión de que el Gobierno de España se ha desentendido del control de la pandemia y solo se centra en vacunar. Y solo con la vacunación no es suficiente, porque hasta agosto no habrá suficiente población inmunizada. Tenemos que intentar bajar los niveles para evitar que el virus prolifere y mute”, zanja.

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