La Audiencia Nacional acepta el recurso de Madrid y paraliza la aplicación de las restricciones para ocio y bares
Díaz Ayuso aduce que las restricciones a hostelería y ocio nocturno invaden competencias autonómicas
La Audiencia Nacional ha estimado este lunes la medida cautelarísima solicitada por la Comunidad de Madrid contra las restricciones a la hostelería y el ocio nocturno impuestas por el Gobierno central hasta que el 70% de la población española esté vacunada y los mayores de 50 años estén inmunizados. Así, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado suspender en la región las medidas contenidas en la Orden Comunicada del Ministerio de Sanidad del pasado viernes, 4 de junio, relativa al ocio nocturno, los bares y restaurantes y los eventos multitudinarios.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había alegado este mismo lunes que la orden invade sus competencias y había solicitado la suspensión cautelar de su aplicación al considerar que causa “un daño inmediato, irreparable e insubsanable” en los negocios afectados. La sala sustenta la concesión de esa suspensión cautelar en que los intereses del Gobierno central no sufren un riesgo apreciable con la paralización, y abre un plazo de tres días para que la Administración General del Estado presente alegaciones. Y añade: “Por el contrario, consideramos que el interés público que alega la Comunidad Autónoma está más necesitado de protección cautelar urgente en este momento procesal”.
Así, los magistrados de la Sección Octava señalan que existe “el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo (que pudiera ser grave) a los intereses de los afectados por la decisión de imponer restricciones distintas a las ya existentes”, y por ello “se aconseja que se adopte la medida de suspensión mientras se puede culminar la tramitación de la pieza separada de medidas cautelares”. Y explican que si se esperase a una medida con una tramitación ordinaria, “el escenario de incertidumbre se vería seriamente agravado y perjudicado si se admite un cambio en el nivel de restricciones. Se generarían así tres niveles distintos de restricción en un lapso temporal breve, lo que no es fácilmente justificable para el ciudadano, destinatario último de la protección pública ínsita en la discusión que nos ocupa”.
Por qué recurre Madrid
Pero, ¿por qué recurre Madrid exactamente? ¿Qué significa en la práctica? La Orden Comunicada de Sanidad del viernes, publicada el sábado en el Boletín Oficial del Estado, recoge que “en los niveles de alerta 1 a 4 se seguirá lo establecido en el documento de Actuaciones de Respuesta Coordinada para el control de la transmisión de COVID-19, aprobado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y publicado en la página web del Ministerio de Sanidad, que establece que las medidas pueden adaptarse y contextualizarse a cada comunidad autónoma y territorio, según la evolución de la situación epidemiológica”.
En su situación actual, en nivel 2 de alerta según el semáforo de riesgos del Ministerio de Sanidad, la Comunidad debería reducir el número de comensales en exteriores, al pasar de ocho a seis personas como máximo en terrazas; y bajar el aforo máximo de los grandes eventos, de 7.000 a 2.500 personas, algo que afectaría a los conciertos programados este verano en grandes escenarios como el WiZink Center o el Wanda Metropolitano, por ejemplo.
Respecto al ocio nocturno, no aplicaría, puesto que los nuevos protocolos permiten abrirlo en ese nivel de riesgo. Sin embargo, esta es una cuestión que ni siquiera se plantea todavía el Ejecutivo regional por la situación epidemiológica en la que aún se mantiene Madrid (con 142 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días de incidencia acumulada).
En sus redes sociales, la presidenta aún en funciones anunciaba el recurso en la mañana de este lunes: “Hemos presentado un recurso en la Audiencia Nacional contra las normas frente al covid que el Gobierno de Sánchez quiere aplicar en Madrid. Son arbitrarias y atentan contra el sentido común e interés de los madrileños”. Y justificaba: “Para seguir arruinando a la gente, que no cuenten conmigo”.
No es la primera vez que la Comunidad de Madrid recurre a los tribunales para dirimir sus diferencias con el Gobierno de España en el contexto de la pandemia. Recurrió ante el Tribunal Supremo para conocer los criterios de la desescalada iniciada en mayo de 2020; y el pasado otoño intentó que no se aplicaran las restricciones a la movilidad y el cierre perimetral en la región que pedía el Ministerio de Sanidad para todas las Comunidades. Entonces, la justicia dio la razón a Madrid y el Gobierno central acabó activando el segundo estado de alarma.
Además, Madrid ya recurrió ante la Audiencia Nacional para reclamarle al Gobierno central 377 millones de euros por la liquidación del IVA de diciembre de 2017 —aún está pendiente de resolución, pero el Supremo le acaba de dar la razón por este mismo asunto a Castilla y León—. Y también litiga por los 54 millones que considera que le faltan de las entregas a cuenta de 2019.
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