La falta de vacunas para la covid reaviva el debate sobre suspender las patentes durante la pandemia

Las voces que piden eliminar las patentes a los productos sanitarios crecen ante el lento avance de la vacunación contra la covid-19 en el primer trimestre del año. El debate no es nuevo, pero se agudiza en la pandemia. Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil aseguran que la producción se podría acelerar si los laboratorios liberasen las patentes, mientras que la industria farmacéutica defiende que para generar más y mejores medicamentos no hay nada como la competencia entre empresas que desarrollan moléculas innovadoras.

La Asociación para el Acceso Justo a los Medicamentos (AAJM), que agrupa a profesionales sanitarios y miembros de la sociedad civil, es una de las que reclaman un cambio en el sistema de producción y comercialización de los fármacos que, según dicen, impide que lleguen a todos los que lo necesitan. En la presentación de la revista de la organización a finales de marzo, el miembro del equipo editorial de la publicación Fernando Lamata, ex alto cargo del Ministerio de Sanidad y exconsejero de Salud de Castilla-La Mancha, expuso como argumento que “si actualmente se producen 12 millones de dosis de vacunas al día, sin patentes se podría llegar a los 60 millones”. “Hay personas que están muriendo, y hay alternativas”, afirmó.

El presidente valenciano, Ximo Puig, entró el viernes en el asunto, al explicar que ha enviado una carta al Comité Europeo de Regiones para revisar el actual sistema de patentes. “Hay que abrir ya este debate”, dijo en la Cadena SER, y buscar “bien la suspensión temporal de patentes para tratar o prevenir la covid, o bien habilitar una tercera vía entre la independencia total de los laboratorios y la inseguridad jurídica, habilitando fórmulas de compensación”. Esta tercera opción consistiría en ofrecer fórmulas de compensación a las empresas farmacéuticas afectadas “si se opta por el marco jurídico que permite, ante condiciones excepcionales, otorgar a terceras empresas las llamadas licencias obligatorias, en paralelo a las patentes”, recoge la misiva.

La patronal de los laboratorios en España, Farmaindustria, rechaza estas tesis. “Las compañías desarrolladoras de vacunas son las primeras interesadas en suministrar la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible, aunque solo fuera por una cuestión de competencia. Por otro lado, hay muy pocas plantas en el planeta capacitadas para fabricarlas. Apenas una decena de compañías farmacéuticas en el mundo se dedican a desarrollar vacunas. Por eso las compañías han sellado acuerdos con aquellas que tienen esa capacidad, incluidas competidoras y de países de diferentes rincones del mundo, como India, China y Sudáfrica”, afirma un portavoz. Por ejemplo, un tercio del medicamento de AstraZeneca se prevé que se produzca en el Serum Institute indio, básicamente para enviarlo a países pobres, pero la UE está inspeccionando la fábrica, que es el requisito previo para que pueda exportar también a Europa. “Aunque se suspendieran las patentes no hay más sitios donde producirlas”, añade esta fuente.

El médico Ramón Gálvez, también de la comisión editorial de la revista de la AAJM, recordó que “el aldabonazo sobre los problemas de acceso lo dio el tratamiento para la hepatitis C” en 2016, cuando los 60.000 euros por paciente hicieron que se retrasara su distribución hasta que se llegó a un acuerdo que, en la práctica, lo rebajó a unos 10.000 euros. Hasta entonces, explicó Gálvez, la falta de acceso por el coste había afectado a países pobres, con casos tan sonados como el de los antivirales para el VIH.

Vanessa López, directora de la organización Salud por Derecho, criticó que los países ricos estén acaparando las vacunas que se producen. Por ejemplo, la UE ha reservado medicamentos suficientes para inmunizar a más del doble de su población. “Mientras en los países ricos se pone una vacuna cada 10 segundos, en los pobres apenas una de cada 10 personas va a recibirla este año”, dijo López. “La estrategia Covax”, promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI), y la Alianza Global para las Vacunas (Gavi) para suministrar vacunas a los países menos desarrollados, aunque sea una buena iniciativa, “no es suficiente”, añadió, ya que no se consigue que los pobres accedan a los medicamentos al mismo ritmo que los ricos.

Razón de justicia

Para la asociación, hay otro modelo posible que la directora de Salud por Derecho resumió en “que los Estados se pongan de acuerdo para potenciar la investigación y el desarrollo de medicamentos, y se reserven la capacidad de poner el precio”. Con ello se acabaría con la situación actual, en que las primeras fases de la investigación se llevan a cabo en instituciones públicas, pero a partir de ahí, cuando se ha visto que el medicamento es prometedor, las entidades montan una pequeña empresa para su desarrollo que, cuando tiene que crecer, es comprada por una de las grandes del sector, explicó Gálvez. “A partir de ahí no sabemos qué cuentas hacen porque el proceso no es transparente, pero acaban poniendo un precio exorbitado”, concluyó. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, que la empresa ofrece a precio de coste, se vende a unos tres euros; la de Pfizer, a unos 17.

López afirma que está justificado que los gobiernos tomen decisiones sobre los precios de los medicamentos por el papel que tiene la financiación pública en las primeras etapas de las investigaciones. Por ejemplo, Médicos sin Fronteras (MSF) calcula que se inyectaron 10.000 millones de euros para incentivar los trabajos sobre la covid, y probablemente esa cantidad sea mayor, dice López. El miembro de la Asociación de Economistas de la Salud Jaime Espín, miembro del Comité de Expertos en Políticas Farmacéuticas de la Organización Panamericana de la Salud, admite que, a diferencia de lo que ocurre habitualmente, esta vez la investigación de los laboratorios ha recibido un importantísimo impulso con fondos públicos. “¿Por qué no se comparten entonces los derechos de propiedad intelectual?”, pregunta.

Farmaindustria defiende que “la protección industrial a través de las patentes es crítica para garantizar que en el próximo futuro dispongamos de nuevos medicamentos”. “Los derechos de propiedad garantizan que compañías farmacéuticas se lancen a la incierta carrera de investigar medicamentos, que implica de media diez años, grandes costes (unos 2.500 millones de euros) y, sobre todo, alto riesgo (de cada 10.000 compuestos analizados apenas uno llegará un día a ser un medicamento disponible)”.

La exeuroparlamentaria socialista Soledad Cabezón, también en AAJM, dice que el argumento de la industria de que si no cuenta con la protección de las patentes dejará de invertir en nuevos medicamentos es falso. “Ya hay muchas áreas en las que no se trabaja porque no interesan, como los antibióticos”, afirma. Lo mismo sucede con las enfermedades raras y otros campos, donde hacen falta estímulos extraordinarios para que se estudien nuevos tratamientos.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene desde octubre del año pasado sobre la mesa una propuesta de Sudáfrica e India, dos países con capacidad para fabricar vacunas, para que los productos desarrollados para el coronavirus no estén sujetos a patente. “La UE lleva meses obstaculizando este debate y oponiéndose a esta proposición”, criticó López. Lamata explicó que hasta ahora las conversaciones han sido informales y no han pasado del primer nivel de decisión, el de la comisión de las ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual). El exconsejero socialista ha dicho que la nueva directora de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, se ha manifestado favorable a que siga el debate. “De momento lo que se ha ofrecido es que haya más licencias voluntarias [que la industria permita a otros fabricantes producir el producto] o que aumenten las donaciones a Covax”.

Espín señala que la propia OMC tiene previsto que un país pueda decidir, ante una crisis sanitaria, saltarse la patente de un medicamento y fabricarlo, pero apunta a que esas actuaciones son complejas, y necesitan tiempo y mucha negociación. Una de las poquísimas veces que ha ocurrido, cuando el Brasil del presidente Lula decidió fabricar sus propios antirretrovirales, fue tras un duro choque con Estados Unidos. La filtración de los papeles de Wikileaks mostró que en otros casos, como el de Nicaragua, Washington paró la iniciativa.

Espín cree que hay otras opciones, como firmar contratos en los que se estipule que si el proveedor no puede suministrar los medicamentos acordados, el gobierno afectado pueda utilizar los derechos de propiedad intelectual para conseguir lo que le falta. Pero admite que es difícil. “Esto no es un coche que si no te lo sirven a tiempo te vas a la competencia; aquí no hay dónde ir, aunque no sé lo que costaría adaptar fábricas de otros laboratorios para fabricar vacunas”. También, ante las “quejas constantes” por el sistema regulatorio de los medicamentos, que es “uno de los mercados más intervenidos”, propone alternativas como el precio regulado por valor, es decir, pagar en función del beneficio para la salud que se consigue. Él cree que lo más probable es que las amenazas de suspender la propiedad intelectual acaben con una rebaja de precios.

Farmaindustria concluye: “Más que ante un problema de producción, que se circunscribe a estas primeras etapas y que quedará subsanado en breve, estamos ante un desafío de distribución. Según las cifras de producción previstas para 2021, superaremos con creces los 10.000 millones de dosis necesarias para lograr en todo el mundo la llamada inmunidad de grupo o colectiva. Por tanto, vacunas habrá para todos”.

Las organizaciones partidarias de eliminar las patentes han empezado una recogida de firmas entre los parlamentarios europeos. De los 705 de la Cámara, ya han firmado unos 270, de los que 30 son españoles, dijo López. “Se trata de que se vea que la postura europea no es tan uniforme en contra”, añadió.