Igualdad califica como “regresivo” el informe del Poder Judicial sobre la ley de libertad sexual

El informe aprobado por unanimidad por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que cuestiona varios ejes del anteproyecto de ley de libertad sexual que prepara el Gobierno, conocida como del “solo sí es sí”, ha sido calificado este jueves como regresivo por la delegada del Gobierno de Violencia de Género, Victoria Rosell. “Si el informe va en ese sentido regresivo, la obligación del Gobierno y de los proponentes de esta ley, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Justicia, es seguir adelante, cumplir el Convenio de Estambul, la legislación internacional, no desatenderla”, ha dicho Rosell. La ministra de Igualdad, Irene Montero, también ha mostrado su apoyo a la norma en Twitter con un escueto mensaje: “Solo sí es sí. Será ley”. En otra línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido “humildad” para adaptar los textos en los que se detectan “deficiencias jurídicas”. Se trata de un nuevo choque de declaraciones entre los socios de la coalición por una ley de igualdad, tras los desencuentros públicos por la ley de personas trans o la de igualdad de trato.

El punto de mayor discordancia entre el CGPJ se encuentra en el consentimiento, la piedra angular del anteproyecto de la ley de libertad sexual. La delegada ha recordado que este concepto se encuentra regulado en el Convenio de Estambul. “El informe del GREVIO (Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica) indicaba que España estaba en el buen camino al poner el acento de los delitos sexuales en el consentimiento y no en los medios comisivos”. Rosell ha señalado que este informe también difiere con otro previo, el del Consejo Fiscal, que alababa la ley en materia de prevención. “Esto lo que nos deja es una sensación de división e inseguridad jurídica”, ha afirmado. El informe del Poder Judicial es preceptivo, aunque no vinculante, para la tramitación parlamentaria de la ley.

La magistrada hasta su entrada en política ha criticado las “pegas” que pone el CGPJ a la ley, en relación con la distinción entre abuso y violación. Ha puesto el ejemplo del caso de La Manada de Pamplona y el de Manresa. En el primero se hizo “mucho hincapié en no creer que la víctima había dicho ‘no’ y en que se hubiera resistido lo suficiente”, y en el segundo caso, la víctima estaba privada de sentido y no pudo decir que no, siendo sus agresores condenados por abuso y no por agresión. “Esa es la diferencia entre ‘no es no’ y ‘solo sí es sí’, de una concepción patriarcal del derecho penal, de una concepción de que el hombre tiene derecho a usar el cuerpo de la mujer hasta que dice ‘no’, a un sistema basado en el consentimiento libre y mutuo en que los derechos se abren a partir de un sí consensuado y libre”, ha argumentado.

Rosell ha comparado la situación en la que se encuentran ahora al recibir este informe con la que afrontó el Gobierno de Zapatero en 2004 cuando el CGPJ “dijo cosas muy parecidas de la ley contra la violencia de género, que hoy es comúnmente aceptada y por la cual España ha estado a la vanguardia”. Y a pesar del informe, según ha precisado, “se siguió adelante con una ley que abría enormemente los derechos de las mujeres”.

“Todos tenemos que tener humildad”

Por su parte, la ministra de Defensa, jueza de profesión, ha señalado que “todos tenemos que tener la suficiente humildad para cuando se presenta un texto y tiene deficiencias jurídicas apercibidas por órganos que tienen competencias para ello, estudiar esas deficiencias y tratar de adaptarlas al marco jurídico. Eso es la normalidad democrática”.

Robles ha señalado que la decisión política corresponde al Gobierno, pero este “no puede nunca dejar de lado” los aspectos jurídicos, y ha insistido en que “la máxima normalidad democrática que tenemos en España es que los órganos puedan emitir informes y puedan ser críticos cuando creen que hay decisiones mejorables”.