Las leyes de igualdad que sepulta la pugna política

El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos contempla tres futuras normas contra la discriminación a inmigrantes, a personas de otras etnias, lesbianas, gays o transexuales, entre otros. Son la ley integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, otra para el colectivo LGTBI y una ley para personas trans. Sobre el papel, firmado tras el abrazo de los líderes de ambos partidos en diciembre de 2019, son de todo el Ejecutivo. Pero han abierto una pugna entre ambas formaciones y las defienden por separado. Las diferencias, salvo con la ley trans, no son de fondo, sino de forma. Se trata de ver cuál de los partidos aparece como el referente de la conquista de derechos sociales.

“Podemos está haciendo un alarde con los colectivos de ir a máximos con sus propuestas para intentar coger una bandera social a la que acaba de llegar”, defiende Mónica Silvana, secretaria del Área de Movimientos Sociales y Diversidad del PSOE. Podemos acusa a su socio de contraprogramarles y de presentar la ley de Igualdad de trato (que los socialistas han bautizado como Ley Zerolo) la misma semana en la que entregaron los borradores de las otras dos leyes a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. “Lo hicieron de manera unilateral”, señala Ángela Rodríguez, responsable LGTBI de Podemos y asesora de Igualdad. “Negocian una cuestión que corresponde a Igualdad y dejan al Ministerio —en manos de Unidas Podemos— sin poder desarrollar competencias previstas en el acuerdo de Gobierno”.

Colectivos LGTBI consultados, que piden salir sin siglas para evitar “embarrar más” la situación, temen que el choque político pueda poner en peligro la aprobación de leyes que mejorarán sus vidas. “Esperamos que dejen de jugar con nuestros derechos en clave partidista”, dice la responsable de una organización. Estas son las normas y las principales diferencias:

Ley de Igualdad de Trato. La proposición, registrada en el Congreso de los Diputados por el PSOE el 21 de enero, busca “convertirse en el mínimo común normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español”, según el texto. Protege contra discriminaciones por origen racial o étnico, sexo, religión, orientación sexual, discapacidad, edad o situación socioeconómica. Las medidas previstas van desde garantizar el acceso a la vivienda (evitar que se rechace alquilar un piso a una persona negra o gitana, por ejemplo) o corregir los posibles sesgos sexistas de la inteligencia artificial. Contempla sanciones desde 300 a 500.000 euros. Y también invertir la carga de la prueba, explica Silvana: “Es el denunciado quien debe demostrar que no ha agredido, que no ha vejado. No recae sobre la víctima”. La socialista añade que es una norma “en la que el PSOE lleva trabajando 11 años” y defiende la mejora de los textos en la fase de enmiendas.

Desde Podemos replican que llevaban siete meses negociando esta ley —ambos partidos acordaron tramitarla en el Parlamento— pero que el PSOE la presentó por sorpresa antes de llegar a un acuerdo. Entre las mejoras que pedían está incluir “hasta 14 motivos más de discriminación”, como la “condición de migrante o refugiado”, o el “color de piel”. “No estamos de acuerdo en que una ley que debe luchar contra el racismo y la xenofobia no modifique la Ley de Extranjería para impedir que personas en situación administrativa irregular que sufran discriminaciones no puedan acceder a los derechos que les brindaría esta ley”, apunta Rodríguez. Añade que se abstuvieron en la votación del pleno del Congreso para hacer un gesto: “Permitimos que se tramite, pero no podemos dejar que nos ignoren y presenten una ley descafeinada sin decir nada al respecto”.

Ley trans. El borrador actual, elaborado por el Ministerio de Igualdad, aborda desde el ámbito educativo al sanitario o el laboral. Igualdad negoció los contenidos con una veintena de colectivos LGTBI y trans durante 11 meses y después envió los borradores a Moncloa. Dos de los asuntos principales previstos son la libre autodeterminación de género [que supone que cualquier persona puede cambiar su nombre y sexo en el DNI solo con una declaración expresa, a partir de los 16 años] y los tratamientos hormonales, a los que tendrían acceso sin autorización paterna los menores a partir de 16 años con un consentimiento informado. El PSOE ha alertado sobre estos tratamientos “en muchas ocasiones irreversibles”, aunque son terapias que ya aplican hasta 11 comunidades con leyes autonómicas respaldadas por los socialistas. También reclaman “seguridad jurídica” en la autodeterminación de género que no contemplaron en propuestas suyas anteriores. En 2017, los socialistas presentaron una proposición de ley que recogía que cambiar de sexo en el Registro Civil “no precisa de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada”, tal y como lo recoge el borrador de Igualdad. El Ministerio esperaba que se debatiera en el Consejo de Ministros este mismo febrero, pero de momento la normativa está parada.

La ‘ley trans’ desde ángulos opuestos

Los socialistas han iniciado negociaciones con algunos de los colectivos afectados sin su socio de Gobierno. Quieren fusionar el contenido con el de la ley LGTBI, explica Mónica Silvana, con un apartado especial para los derechos trans y la autodeterminación similar a la citada propuesta del PSOE de 2017. “Nuestra propuesta es tramitar una ley LGTBI potente que incluya todo lo trans. Es más fácil de negociar en el Congreso. A mí también me gustarían muchas leyes, pero la aritmética no da y hay que garantizar que salgan antes de que pase la legislatura”, subraya.

“Lo relevante no es cuántas leyes, aunque estén recogidas en el acuerdo de Gobierno, sino el contenido”, señala por su parte Ángela Rodríguez. Desde Podemos piden a su socio que señale cuáles son los problemas de inseguridad jurídica “para poder escuchar propuestas y dialogar”, según Rodríguez. “Que aún no hayan hecho esas propuestas nos lleva a pensar que el problema de fondo es si las personas tienen derecho a la autodeterminación de género”, añade. Una parte del feminismo ve esta ley como una amenaza contra las las leyes que específicamente evitan la discriminación de las mujeres. El pasado verano circuló un argumentario del PSOE en esta línea firmado por la vicepresidenta, Carmen Calvo.

Ley LGTBI. “Una vez alcanzada la igualdad formal, ha llegado la hora de alcanzar la igualdad real y efectiva”, contempla la futura Ley para la Igualdad de las Personas LGTBI. El borrador fue hecho público a principios de febrero por Igualdad al mismo tiempo que el de la ley trans. Tampoco este borrador va de momento al Consejo de Ministros. El texto contempla multas de hasta 150.000 euros por falta muy grave a las personas que promuevan terapias de conversión para personas LGTBI. Y reconoce la existencia específica de la violencia intragénero, en parejas del mismo sexo.