El Poder Judicial rechaza el anteproyecto de la ley de violencia contra la mujer

El anteproyecto de Ley Orgánica Integral de Medidas contra la Violencia sobre la Mujer ha recibido su primer varapalo jurídico. La Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado el informe sobre el anteproyecto, redactado por la magistrada Montserrat Comas, con el voto en contra de los tres vocales conservadores frente a los dos progresistas. No obstante, la comisión ha pedido al Gobierno más tiempo para preparar un nuevo informe.

El informe de Comas, a su vez presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, ha recibido los votos en contra de los magistrados conservadores del Consejo: el presidente de la comisión de estudios, Adolfo Prego, y los vocales José Luis Requero y Javier Laorden. Por su parte, la propia Comas y el vocal progresista Luis Aguiar han votado a favor. Según ha explicado el portavoz del CGPJ, Enrique López, la comisión ha decidido nombrar a un nuevo ponente -el vocal conservador José Luis Requero- para que elabore otra propuesta de informe.

También ha acordado pedir al pleno del Consejo, que se reúne el próximo jueves, que solicite al Gobierno más tiempo para redactarlo, del plazo extraordinario de 15 días que tenía en un principio por la vía de urgencia a un plazo ordinario de 30 días. Tanto Comas como Aguiar se han abstenido a la hora de elegir a Requero como nuevo ponente al tiempo que han votado en contra de ampliar el plazo por considerar que es facultad del Gobierno solicitar el informe por vía de urgencia y, que por lo tanto, el CGPJ está obligado a tenerlo en 15 días. El informe del Consejo, que es preceptivo para el Gobierno pero no vinculante, contará con toda seguridad con un voto particular, ya que Comas ha anunciado que mantendrá su propuesta de informe.

El presidente de la comisión, Adolfo Prego, ha insistido en declaraciones a los medios que ha sido "imposible" aceptar el informe de Comas a pesar de estar de acuerdo en la necesidad de hacer una ley para acabar con "el terrible problema social" que supone la violencia doméstica. A su juicio, "los mecanismos jurídicos del anteproyecto de ley, aún siendo bien intencionados, están jurídicamente mal construidos, porque no se puede crear un derecho determinado por el sexo de una persona", ya que lo impide la Constitución. Aunque Prego ha reconocido que las mujeres son las que sufren mayoritariamente esta violencia, ha matizado que no se puede excluir de los mecanismos de la ley a los varones por el hecho de suponer una minoría.

"Entendemos que tal y como viene configurado el anteproyecto es muy discutible que éste encaje en la Constitución", ha añadido. En su opinión, el principal problema es que "innecesariamente" se excluye del ámbito de protección de la ley a los varones", por lo que se debe elaborar otra propuesta de informe. Por su parte, Comas ha lamentado "profundamente" el rechazo del sector conservador porque "era el momento de demostrar que la totalidad de los vocales del CGPJ acepta que la lacra social que hay que combatir es la de la violencia que se ejerce contra las mujeres". Según Comas, su propuesta no ha prosperado porque "el sector conservador ha estado en contra de las líneas de flotación más importantes" del informe: la necesidad de que se haga una ley integral y la defensa de la creación de los juzgados de violencia sobre las mujeres.

Para Comas, la ley "es necesaria porque responde a una necesidad social", y "el resto de los sujetos pasivos del ámbito familiar no quedan desprotegidos con la regulación de la norma". Comas ha recordado que las estadísticas judiciales muestran que en el 90% de las 76.000 denuncias presentadas en 2003, las víctimas eran mujeres y que el 95,7% de las más de 6.000 órdenes de protección dictadas en los primeros cinco meses de existencia también están dirigidas a las mujeres. En opinión de Comas y de Aguiar, el anteproyecto no conculca ningún derecho fundamental y encaja "a la perfección" en el marco constitucional, porque los tratados internacionales que vinculan a España han realizado "múltiples" recomendaciones a todos los gobiernos para que se dicten normas para combatir este problema.