La crisis del coronavirus

Galicia, primera comunidad en prever multas por no vacunarse

El Parlamento gallego reforma la Ley de Salud con el único respaldo del PP y establece sanciones que pueden llegar a los 600.000 euros

Un sanitario gallego sostiene una vacuna contra la covid.
Un sanitario gallego sostiene una vacuna contra la covid.OSCAR CORRAL / EL PAÍS

En España ha habido poca controversia sobre la voluntariedad de la vacuna frente a la covid. En un principio, antes de que la Unión Europea aprobara la primera, el por entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que se podría estudiar la obligatoriedad si era necesario para llegar a una amplia cobertura vacunal. Pero pronto se desechó esta posibilidad. Y la aceptación cada vez mayor parecían descartar esta opción: ocho de cada diez españoles está dispuesto a ponérsela en cuanto pueda. Pero el martes, Galicia se ha salido de ese guion. Su Parlamento, con la mayoría absoluta del PP de Alberto Núñez Feijóo, ha aprobado una reforma en la Ley de Salud autonómica que permite sancionar con multas de entre 1.000 y 600.000 euros a las personas que se nieguen injustificadamente a vacunarse contra la covid y contra posibles virus futuros.

La ley cuenta con el rechazo de los grupos de la oposición (BNG y PSOE) y con el del Gobierno central, que desde unos días antes de la llegada de las primeras dosis a España viene promulgando la voluntariedad para recibirlas. Preguntado por EL PAÍS, el Ministerio de Sanidad se limita a responder que “al igual que el resto de vacunaciones en España, la vacuna frente a la covid-19 no es obligatoria”, tal y como recoge la estrategia nacional de vacunación. No aclara si se tomará alguna medida al respecto o si se recurrirá lo aprobado en Galicia. “Se informará de cualquier decisión”, zanja una portavoz.

Nacionalistas y socialistas han asegurado que no pasará los filtros del Tribunal Constitucional, porque “vulnera derechos fundamentales y contradice normativas nacionales”. No obstante, frente a las críticas de la oposición, la portavoz sanitaria del PP en el Parlamento gallego, Encarna Amigo, ha defendido que su grupo no está “haciendo nada que no esté previsto en términos genéricos en la ley estatal”. Las multas que contempla el texto aprobado el martes para las personas que rechacen vacunarse podrían alcanzar los 600.000 euros, ya que la ley contempla tres niveles (leve, grave o muy grave) que se determinarán en función “del riesgo o daño que cause para la salud de la población” y siempre en el caso de que las autoridades sanitarias establezcan la obligación.

En opinión de Federico de Montalvo, experto en derecho sanitario y vicepresidente del Comité de Bioética de España, la medida sí puede tener encaje legal. En España la vacunación obligatoria en situaciones como una pandemia tiene respaldo legal con la ley de salud pública de 1986, que permite tomar medidas que limiten derechos individuales siempre que beneficien a la mayoría de la comunidad. Aunque no haya ningún pinchazo obligatorio, hay precedentes de decisiones judiciales en los que se ha obligado a personas a vacunarse: tras un brote de sarampión en Granada en el año 2010, un juez autorizó a la vacunación forzosa de los niños cuyos padres se negaban a la inmunización.

En el caso de Galicia, según Montalvo, habría que interpretar si una comunidad autónoma puede aplicar la obligatoriedad, pero cree que el estado de alarma otorga poderes a sus Gobiernos para imponer medidas para frenar la epidemia. En cualquier caso, matiza, aquí no es exactamente que se obligue a nadie a vacunarse, sino que se elabora un respaldo jurídico para sancionar en caso de que alguien se niegue. “No es lo mismo la medida que su aplicación”, señala. “En este caso, su papel más que coercitivo sería de incentivo”, añade.

En cualquier caso, a la hora de aprobar una norma jurídica, no solo hay que observar su legalidad, sino su oportunidad. “Una medida no solo tiene que ser adecuada y estar legalmente prevista, sino además debe resultar necesaria, que no haya alternativa menos coercitiva que me permita conseguir el mismo fin. Y no es necesaria salvo que en Galicia haya un contexto específico de rechazo a la inmunización”, continúa Montalvo. Según el último barómetro del CIS, cada vez más ciudadanos están dispuestos a vacunarse en cuanto puedan. El 82,9% de los encuestados están dispuestos a hacerlo, 10,4 puntos más que hace un mes (72,5%). El porcentaje duplica a los que contestaban afirmativamente en diciembre (40,5%), días antes de que empezaran a suministrarse en España. Todavía no están publicados los últimos datos detallados por comunidades autónomas.

Esta es una de las razones que aporta Fernando García, presidente del Comité de Ética de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III y colaborador del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, para rechazar la norma. “La ley gallega supone la imposición de una obligatoriedad encubierta de la vacunación, aunque se exprese como falta leve. Las sanciones económicas por no vacunarse que recoge esta ley implican que la vacunación deja de ser una decisión voluntaria y libre y se convierte en una obligación, cuyo incumplimiento se sanciona económicamente. Al margen de la legalidad de una medida tomada unilateralmente por una comunidad autónoma en todo su ámbito de competencias, sin que haya circunstancias especialmente graves en Galicia en comparación con otras comunidades, esta ley vuelve a poner en el candelero la cuestión de la obligatoriedad de las vacunas contra la covid-19. Hoy por hoy, no hay ningún motivo ni epidemiológico ni ético para imponer la obligatoriedad de la vacunación”, asegura.

La mayoría de los países han optado por la voluntariedad en la vacuna. Algunos, como el Reino Unido o San Marino, anunciaron que estudiarían la posibilidad de hacerla obligatoria si no se alcanzaba un amplio porcentaje de la población. Los expertos calculaban que haría falta suministrarla a un 70% de la población para alcanzar la inmunidad de grupo: que el virus deje de circular por no haber suficientes personas susceptibles para propagarse. Esta cifra no está tan clara, ya que no se conoce hasta qué punto las vacunas impiden la infección del virus o se limitan a proteger contra la enfermedad que causa. Brasil es uno de los países que sí ha declarado obligatoria la vacunación contra el coronavirus.

En Europa no son infrecuentes las vacunas obligatorias frente a otros patógenos. Según el Comité Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría, en 11 países de la Unión Europea es obligatoria al menos una (Italia, Letonia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Francia, Hungría, Polonia, República Checa, Grecia y Bélgica).

Norma con carácter de urgencia

La reforma de la Ley de Salud de Galicia ha sido impulsada con carácter de urgencia por el PP y no por la Xunta, que para ello precisaría de informes preceptivos. Un hecho que para los grupos de la oposición evidencia que el PP liderado por Feijóo ha querido “esquivar informes jurídicos”. La norma también impone otras sanciones, como una multa por no llevar mascarilla, que se marca en un mínimo de 100 euros, con la posibilidad de incremento en función del incumplimiento. Y entre otras infracciones leves también se encuentran hacer botellón, infringir los toques de queda, reuniones con más personas de las permitidas, participar en fiestas que incumplan las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias e incumplimientos de horarios de locales.

Para el BNG, la nueva norma supone “una amenaza constante, introduce medidas coercitivas, suprime y limita derechos fundamentales sin un límite temporal”. El nuevo texto autoriza a las autoridades sanitarias “a requerir la identificación de personas y a emitir órdenes de obligado cumplimiento”, ha destacado Carreira.

Por su parte, el portavoz sanitario del PSOE, Julio Torrado, advirtió de que el PP “utiliza el miedo para recortar derechos” sirviéndose para ello de un “dudoso marco jurídico”. Torrado calificó a la Xunta de “régimen sancionador autoritario que camufla tras una ley el recorte de derechos fundamentales y libertades públicas”.

El PP ha mostrado su satisfacción con la nueva ley. “Es un día importante por la aprobación de una reforma legislativa que lo que hace es venir a dar garantía y actuar con responsabilidad”, señaló la portavoz del PP para quien la norma se hacía necesaria dado que el marco normativo sanitario “no estaba preparado para una pandemia tan larga”. “No estamos haciendo nada que no esté previsto en términos genéricos en la ley estatal”, aseguró Amigo. Y frente a las críticas de la oposición, negó el carácter autoritario de la norma. “Lejos de ser autoritaria, lo que hace es regular y poner límites para garantizar una asistencia digna a los contagiados”.

Los populares justifican además la reforma legislativa arremetiendo una vez más contra la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Comprometió una reforma de la ley orgánica que nunca llegó”, protestó la portavoz del PP advirtiendo de que el estado de alarma “no concreta” y sin embargo “limita” las acciones que pueden desarrollar las comunidades.

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