Illa se abre a adelantar el toque de queda ante la presión autonómica

El Gobierno se abre a adelantar el toque de queda antes de la horquilla permitida en el decreto de alarma —entre las 22.00 y las 0.00—, ante el goteo de comunidades, ya no solo del PP, que lo reclaman alarmadas por el brutal aumento de los contagios y el temor al colapso sanitario. La decisión se tomará el miércoles, cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la de Política Territorial, Carolina Darias, máximos responsables de la gestión de la crisis, escuchen la posición oficial de todas las comunidades sobre este asunto en el Consejo Interterritorial de Salud.

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Pero el Ejecutivo ha decidido abrirse a esta posibilidad con una condición muy clara: que haya consenso y garantías por parte del PP de que apoyará en el Congreso la modificación del decreto del estado de alarma que los técnicos del Ejecutivo ven imprescindible al tratarse de una limitación de derechos fundamentales.

El Gobierno quiere evitar a toda costa un nuevo encontronazo político en el Congreso, un debate bronco, y verse en la necesidad de buscar apoyos si el PP decidiera finalmente abstenerse, como hizo en la actual prórroga de seis meses vigente, o votar en contra, como hizo en mayo.

Las declaraciones de Carolina Darias

“[El adelanto del toque de queda] lo plantearon en el pasado consejo tres comunidades. En el próximo consejo podemos adoptar esta decisión, pero siempre con consenso. Porque juntos avanzamos más, en un Estado descentralizado como el nuestro”, señaló Darias en Onda Cero. “Estamos siempre abiertos a escuchar y mejorar las herramientas, pero haciéndolo bien, con las máximas garantías, todos juntos”, remató Illa en La Sexta. El mensaje era claro: solo se hará con consenso.

Una clara mayoría de autonomías parece a favor de abrir la posibilidad de adelantar el toque de queda, aunque el Gobierno ve discrepancias serias dentro del PP, porque mientras Castilla y León lo ha adelantado a las 20.00, Madrid lo ha dejado a las 23.00, cuando la incidencia no está muy alejada —911 este lunes en Castilla y León frente a 790 en Madrid, y el viernes estaban empatadas—.

La gestión de la crisis del coronavirus tiene una superficie de decisiones técnicas y análisis epidemiológicos de la evolución de la pandemia que llevan a tomar decisiones avaladas por los técnicos. Pero también se ha visto atravesada por un trasfondo político en el que destaca la enorme desconfianza entre el PSOE y el PP, los dos partidos que gobiernan la gran mayoría de las autonomías en España y que, por tanto, de alguna forma cogobiernan la crisis en un país cuasifederal.

Esa batalla llegó al máximo nivel en mayo, cuando el PP votó en contra de las prórrogas del estado de alarma y exigió al Ejecutivo que dejara la gestión en manos de las autonomías. El Gobierno de Pedro Sánchez tomó entonces una decisión política de fondo: dejaría la desescalada y las sucesivas crisis en manos de las comunidades, como le reclamaban no solo el PP sino también el PNV, ERC y otros grupos. Y La Moncloa no ha variado un ápice. El peso de la crisis está ahora en las autonomías, y el estado de alarma les da un margen enorme para tomar decisiones. De hecho, en Sanidad creen que incluso sin adelantar el toque de queda tienen aún mucho margen, porque pueden cerrar comercios, bares y restaurantes cuando quieran, lo que limitaría el movimiento sin necesidad de retocar el estado de alarma. Pero tienen que asumir el coste de esa decisión, muy polémica entre comerciantes y hosteleros.

Esta tensión entre el Gobierno y el PP explica que una cuestión relativamente sencilla de resolver, como la de adelantar el toque de queda, se haya convertido en un asunto de máxima tensión que incluso ha derivado ya en un conflicto judicial con un recurso del Gobierno ante el Tribunal Supremo contra Castilla y León por adelantarlo a las 20.00. Esta decisión se ha tomado más por una cuestión técnica que política: el Ejecutivo no puede dejar que algo que afecta a derechos fundamentales se haga sin caparazón legal. Pero Illa evitó el choque y señaló que mientras resuelve el Supremo hay que obedecer lo que ha decidido la Junta, esto es toque de queda a las 20.00.

El Supremo empezará a estudiar este martes el recurso. Pero la decisión, en cualquier caso, no será rápida, salvo que el tribunal decida inadmitir de entrada la impugnación del Ejecutivo. Si, como prevén las fuentes consultadas, el Supremo acuerda tramitar el recurso, los magistrados deben decidir si suspenden cautelarmente el adelanto del toque de queda mientras resuelven sobre el fondo del asunto, como pide el Gobierno.

Para ello, el Supremo tiene que escuchar previamente los argumentos de Castilla y León, que tendrá 10 días de plazo para presentar alegaciones. Es decir, el alto tribunal no se pronunciará sobre la suspensión cautelar hasta, como mínimo, finales de la semana que viene o principios de la siguiente. Para entonces, es previsible que haya ya un acuerdo para modificar el decreto del estado de alarma y todo esté resuelto. O no, porque los antecedentes demuestran la enorme capacidad de la política española para complicar algo en apariencia muy sencillo.

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