Los otros argentinos en busca de identidad

Juan Manuel Ceroni nació en Córdoba el 26 de enero de 1978. No dudaba de su origen hasta que en 2015 recibió una llamada de las Abuelas de Plaza de Mayo. La ONG investigaba una red que engañó y despojó de sus bebés a cientos de parturientas en los años setenta, para venderlos. Él encajaba en el perfil de las víctimas y accedió a una prueba de ADN, pero sus datos no coincidieron con los de familiares de víctimas de la dictadura (1976-1983) que guarda el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Desde entonces, vive con un signo de interrogación a cuestas y busca a su familia, en soledad. Recorrió maternidades, oficinas estatales y redes sociales. También mandó su muestra genética a una de las compañías estadounidenses que hacen árboles genealógicos y cruzan a buscadores de todo el mundo. “Es buscar un granito de arena. La única forma de encontrar algo sería que mi mamá me busque”, dice.

Su caso ilustra un problema enorme. El BNDG, que sirvió para hallar a 130 de unos 400 nietos buscados por las Abuelas, ya acumuló unos 10.000 resultados negativos, según dijo su directora, Mariana Herrera, al diario Página/12. La cifra es impactante. Se trata de casos que no encajan en el perfil de víctimas de la dictadura porque no son hijos de desaparecidos, sino niños robados, vendidos o entregados en cualquier fórmula de adopción ilegal. El fiscal Pablo Parenti, de la unidad especializada en apropiación de niños en el terrorismo de Estado, sostuvo en un escrito reciente: “Cuanto más profundizamos en las investigaciones para localizar a los hijos de desaparecidos, más nos topamos con otro fenómeno muy diferente, pero coetáneo: las decenas de miles de inscripciones irregulares que ocurrieron en nuestro país durante muchos años. Un fenómeno que, como se sabe y podemos comprobar, fue mucho más masivo”.

Pero el tema no recibe atención estatal. Cuando se descarta su nexo con delitos de lesa humanidad, los casos quedan a la deriva. No hay equipos para orientarlos ni un ámbito formal que los reúna. Las búsquedas se desperdigan así en ONG, oficinas y juzgados, y en grupos de Facebook donde miles de miembros comparten con ilusión fotos, datos y partidas de nacimiento. Por nuestra identidad, Hijos unidos en búsqueda, Nacidos y apropiados en 1974, Hermanados por la búsqueda, Hermanas y madres del alma-Mafalda Journade partera, Hacia el origen, Completando mi historia, ¿Dónde estás? y Mamá te busca son algunos.

“Nuestras historias están llenas de silencios. Se trata de eso. Y la identidad es un tema que incomoda”, dice el artista plástico Darío Coronda, impulsor del mural colectivo Mamá, buscame en Córdoba. Coronda nació allí el 14 de diciembre de 1976, fue apartado de su familia y su investigación artesanal tras dar negativo en la consulta de datos de víctimas de la dictadura no dio frutos aún. Fuera de las que motoriza Abuelas, no hay campañas oficiales para sensibilizar sobre un asunto cruzado por secretos de familia, la culpa que puede embargar a las madres desvinculadas de sus hijos por distintas circunstancias y la complicidad histórica con el tráfico de bebés.

El mismo derecho vulnerado

La larga militancia de los buscadores logró que el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) recogiera el trabajo de la Red (un protocolo para reencuentros de familiares y un manual para dotar de un vocabulario respetuoso a un tema delicado) y creara el programa nacional sobre el derecho a la identidad biológica, para atender en la Secretaría de Derechos Humanos los casos desligados de la dictadura. Pero todo quedó en el texto de una resolución. “No hay voluntad para oficializar nuestras búsquedas de manera masiva. Tal vez tengan temor de que, como somos tantos, se colapsen las oficinas. Pero el tiempo pasa para todos y a nosotros se nos mueren las madres. Así que sería una gran noticia si las oficinas colapsaran”, señala Clara Lis.

Lis nació en marzo de 1978 y fue vendida. En 2012, apoyada por la Oficina de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (la única del país enfocada en búsquedas de identidad de origen), se querelló contra su propia partera, Nilda Civale, en el primer juicio penal del país por sustracción de identidad fuera del campo de los delitos de lesa humanidad. Pero una condena no garantiza información y, como miles, sigue buscando a su familia.

Dos proyectos de ley —uno en el Congreso y otro en la Legislatura bonaerense— piden amparo estatal para el sector: recursos para las búsquedas, difusión, un registro único de casos y un espacio para ellos en el BNDG, cuyo trabajo hoy se acota a la dictadura (la búsqueda de los nietos). Aunque hace poco incorporó como novedad que puedan dar sangre madres que buscan a hijos (de casos entre 1974 y 1983), los buscadores reclaman que el banco, una estructura pública, se abra para todos.

También quieren que los casos sin resultados en ese registro sean comparados. La experiencia de dos mujeres que buscaban a sus padres y descubrieron que son hermanas gracias a Facebook, al azar y a una empresa privada ilustra este potencial. Victoria Tedesco, una maestra jardinera que vive en Neuquén, se vio parecida en algunas fotos que publicaba la médica porteña Oriana Moscheni y contactó con ella. Ahora, un cruce hecho en EE UU confirmó por correo electrónico su pálpito: “Full sister”. Comparten madre y padre, a los que ahora buscarán juntas. Nacieron en 1979 y 1980 y una partera las dio a familias distintas. Si el BNDG, al que habían ido por separado, cruzara los negativos, se hubieran hermanado antes.

“Se da una inequidad total: los que podemos pagar un ADN afuera quizá podamos encontrar a alguien. Los que no, se quedan publicando fotos”, lamenta Moscheni. Para probar suerte en esos bancos del exterior basta con un hisopado. Pero hay que comprar un kit de unos 70 dólares y pagar una suscripción también en dólares. No está al alcance, por ejemplo, de ciudadanos humildes del interior del país.

Los buscadores argentinos ya tienen pedida una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. Son muchos y se sienten discriminados respecto de los hijos de desaparecidos. Clara Lis dice: “El tema es muy serio y profundo, me atraviesa, más ahora que fui madre. El Estado debe garantizar igual acceso a las herramientas, pero nuestras búsquedas no terminan de ser reconocidas. Hay una exclusión notoria y cierta hipocresía, porque somos un ejemplo mundial en identidad”.