Murcia reitera que mantendrá el veto parental: “Es una vendetta política del Gobierno”

El veto parental impuesto por el Gobierno de Murcia desde principios de este curso en todos los colegios e institutos acabará este martes en los tribunales. El plazo de un mes que la ministra de Educación, Isabel Celaá, dio a la comunidad autónoma para retirarlo vence este 17 de febrero sin que el Ejecutivo regional se haya movido de su postura: “La autorización familiar para actividades complementarias entendemos que cuenta con el aval suficiente del informe jurídico y el de inspección educativa que le dan soporte, y por supuesto no la vamos a retirar salvo que una instancia judicial nos lo pida”, ha dicho en una rueda de prensa este lunes el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán. Pero esa postura no es nueva: la consejera de Educación, Esperanza Moreno, y el presidente autonómico, Fernando López Miras, ya habían pronunciado frases similares en las últimas semanas y, según fuentes de la consejería consultadas por EL PAÍS “no hay ninguna novedad” con respecto a su postura.

De hecho, la Consejería de Educación anunció a finales de enero su intención de modificar los decretos educativos que fijan los currículos de primaria y secundaria para blindar por ley la medida, si bien, algo rebajada, y a principios de febrero abrió el periodo de exposición pública que obligatoriamente precede a todo cambio legal. La consejera Moreno dejó plantada a la ministra Isabel Celaá el pasado viernes en una reunión que según el ministerio fue programada 10 días antes.

La ministra ha asegurado que si la postura no cambia a lo largo de este lunes, pedirá mañana a la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) que lo suspenda con lo que, para el consejero murciano, se inicia un trámite para “judicializar este derecho de los padres y las madres, y la valoración no puede ser más que la de que nos sorprende que en vez de estar preocupados de llevar al ámbito judicial temas mucho más importantes para nuestro país como pueden ser los intentos de separación de una comunidad autónoma, estén generando sin embargo una cortina de humo con otra comunidad autónoma”.

Celdrán ha reconocido que el TSJ puede suspender cautelarmente la aplicación del veto hasta que dicte sentencia. Si así ocurre, el Gobierno murciano acatará la decisión con la “tranquilidad” de que “las cosas se han hecho bien”, con el respaldo de los mencionados informes jurídicos y de inspección. En su opinión, todo el “ruido” generado en torno a este asunto tiene “un claro componente de vendetta política” hacia una comunidad gobernada por el PP y Ciudadanos.

A las protestas que han mantenido a lo largo de este mes plataformas y colectivos relacionados con la educación, las firmas recogidas para pedir la retirada del permiso parental e incluso los casos de “objeción”, se ha sumado este fin de semana una carta firmada por 35 asociaciones en la que piden al presidente murciano de nuevo que elimine la medida. Celdrán asegura que el presidente está abierto a recibir a esos colectivos, pero el denominado “pin parental”, impuesto por Vox tanto para apoyar la investidura como los presupuestos regionales, es una cuestión de “convicción”: “La libertad de los padres tiene que primar sobre todo”, ha zanjado.