Justicia admite que España incumplía normativa internacional cuando un padre mató a sus dos hijas en Castellón

El aviso llegó, de madrugada, el 25 de septiembre ce 2018. Un policía llamó por teléfono a Itziar Prats a su casa de Castellón. Habían encontrado muerto en la calle, tras lanzarse desde la ventana, a su exmarido, Ricardo Carrascosa. En el apartamento de él encontraron después a sus dos hijas, Nerea y Martina, de seis y dos años. Ambas estaban muertas. Las había asesinado su padre. Ocurrió después de que Prats reclamara en distintas instancias (el centro de la mujer, la comisaría, los juzgados) que protegieran a las menores tras las amenazas de su ex. Esta madre inició hace casi medio año una cruzada contra la Administración para intentar que se admitan los errores cometidos en su caso. Dos ministerios, Justicia e Interior, acaban de darle una primera respuesta negativa: consideran que no hubo ningún fallo.

El Ministerio de Justicia, ante el que presentó una reclamación patrimonial compartida con Interior, admite que cuando ella pidió ayuda, en los años 2017 y 2018, España no estaba aplicando en los protocolos con los que se atiende a las mujeres cuando van a denunciar el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, el conocido como Convenio de Estambul. No se aplicaba pese a que era un acuerdo ratificado por España años antes, en 2014. 

Este ministerio, que ahora encabeza Juan Carlos Campo, no aprecia no obstante que hubiera “un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia” en este caso, según el escrito remitido el pasado 20 de enero a la denunciante, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Tampoco revisa la actuación del ministerio fiscal, que no retiró el régimen de visita ni apreció peligro para las menores “por lo que el posterior asesinato de estas a manos de su progenitor no aparece conectado con un funcionamiento anormal alguno del juzgado o de sus agentes colaboradores”. Y concluye: “No se aprecian los elementos necesarios para declarar la existencia de una responsabilidad patrimonial del Estado”.

A lo largo del proceso, en los meses que discurrieron entre las primeras alertas de Itziar Prats y el asesinato de las niñas, ningún psicólogo examinó a las menores, tampoco al padre ni a la madre. No hubo personal especializado de las unidades de valoración forense que revisaran a los implicados. La policía decretó que el riesgo era “bajo” tras la denuncia en comisaría. El protocolo que aplicó la comisaría, de 2016, fue revisado y cambiado tras el asesinato de Nerea y Martina para ajustarse al Convenio de Estambul. El nuevo protocolo, publicado en abril de 2019, sí analiza el riesgo específico de los menores y la “letalidad” para las mujeres.

El Ministerio de Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, es el responsable de ese protocolo policial. En su respuesta a la familia Prats, del pasado 11 de diciembre, también descarta una actuación errónea en este caso. “Sin que la causación del trágico suceso pueda ser atribuido a la utilización de protocolos obsoletos”, dice el escrito de respuesta. Señala además que hubo una segunda valoración de riesgo, en la que se bajó la apreciación a “riesgo no apreciado” y se desactivó el caso de los listados policiales. Según el abogado de Itziar Prats, Gabriel Rubio, “nadie de la comisaría volvió a ponerse en contacto con ella”. El letrado ha pedido a Interior fecha y documentación de esa valoración de la que la familia no tenía noticia hasta ahora.

En su reclamación, la familia había denunciado también la actuación “voluble” del Ministerio Fiscal, que pidió primero la orden de protección para las niñas y cinco días después solicitó que se archivara. Justicia no entra a valorar esta actuación. Solo considera que no son “imputables a la Administración de Justicia las distintas decisiones que el ministerio fiscal vaya adoptando a lo largo del proceso”. Frente a esto, el abogado replica: “El ministerio público es el garante de la seguridad de los menores y no actuó bien”. Rubio considera “una grave contradicción” que Justicia reconozca en su respuesta que “los protocolos de valoración de riesgo no estaban adaptados al vigente Convenio de Estambul, y sin embargo se afirme que la Administración de justicia ha funcionado correctamente. ¿Es correcto no aplicar la ley?”. El letrado debe decidir ahora si recurren ante los ministerios o presenta una demanda ante la Audiencia Nacional: “La voluntad es seguir hasta agotar todas las instancias nacionales o internacionales”.

Apoyo social y del Defensor del Pueblo

Las reclamaciones de la familia de Itziar Prats están teniendo una amplia acogida social. Todo empezó con unas mariposas que empezaron a bordar ella y su madre, la abuela de las menores, y que han llegado hasta el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez las mostró en su cuenta de Twitter el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el siguiente mensaje: “Él amenazó con matarlas. Itziar denunció pero algo falló. Debemos volcarnos en la protección a las mujeres y menores víctimas de violencia machista. No podemos volver a fallar".

La lucha de esta mujer para que las Administraciones reconozcan errores en su caso cuenta también desde el principio con el respaldo del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán. El defensor acaba de publicar una batería de peticiones sobre violencia de género, como el seguimiento a los menores en los casos de violencia machista. El abogado de la familia asegura que están “muy satisfechos” con el apoyo del defensor y con los cambios que se han conseguido, como la modificación de protocolo de valoración policial. “De alguna manera, compensan el esfuerzo y ahondan en algo que llevamos reclamando desde el principio: hace falta una mejor coordinación entre quienes combaten la violencia de género, solo así se pueden evitar casos como el de Itziar”.