El juez y el fiscal del ‘caso iDental’ chocan por la estrategia en la investigación

La fase final del caso iDental, que investiga a la red de clínicas odontológicas que cerró sus puertas en verano de 2018, deja un primer choque entre la Fiscalía y el juez instructor, José de la Mata. Después de que el magistrado acordase el pasado diciembre abrir una pieza separada por los delitos económicos que se imputan a los implicados en la trama —entre otros, el de estafa—, el ministerio público presentó un recurso para oponerse a dicha medida ante la posibilidad de que "genere resoluciones contradictorias". "No tiene, además, una utilidad práctica", apostilla la acusación pública en un escrito al que tuvo acceso EL PAÍS.

"La investigación de la causa se inicia en julio del 2018. No nos encontramos con una tramitación prolongada en el tiempo. Por lo que las razones esgrimidas por el instructor relativas a la posible dilación del procedimiento no pueden justificar su división", argumenta también la Fiscalía en el documento, fechado el pasado 5 de diciembre, donde rechaza otras tesis del juez, como que este fraccionamiento tampoco evitará una mayor complejidad de la investigación.

De hecho, el escrito del ministerio incide en su oposición a la medida adoptada por De la Mata: "La decisión de segmentar el enjuiciamiento de los distintos delitos no tiene una utilidad práctica, ya que no obedece a la existencia de diversos hechos con distintos responsables de los mismos supuestos. En esta causa, varios de los imputados son responsables de la práctica totalidad de las conductas delictivas imputadas. Por tanto, tampoco concurre la necesidad de deslindar las distintas participaciones de diferentes responsables en hechos análogos". "No se puede descartar que el enjuiciamiento separado de los distintos hechos no genere resoluciones contradictorias", insiste.

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La estrategia del juez en esta investigación ha pasado, de momento, por separar las pesquisas en tres piezas. En la primera se le imputa a los responsables de la red de clínicas delitos contra la salud de los pacientes, que denunciaron casos de mala praxis (como perforaciones de tabiques nasales o fracturas de mandíbulas) y tratamientos que se quedaron a medias o nunca comenzaron. En la segunda, por su parte, el juez ya abrió juicio oral contra los antiguos dueños de la red de clínicas por un fraude de 24 millones de euros a la Seguridad Social —donde la Fiscalía pide hasta seis años de cárcel contra ellos—.

Y, posteriormente, el magistrado ordenó abrir una tercera pieza por los delitos económicos, en la que ya procesó también a los cabecillas de la red por la supuesta estafa urdida contra los acreedores y los afectados: una línea de investigación donde concluyó la existencia dentro del entramado de dos grupos criminales, que desviaron cantidades millonarias. Esta última medida ha provocado la oposición del fiscal y la defensa, que la han recurrido.