El juez concluye la existencia de dos grupos criminales dentro de la trama de iDental

Segundo varapalo, en apenas un mes, a la cúpula de iDental. Después de que el juez José de la Mata decidiese el pasado 30 de octubre abrir juicio oral contra los antiguos dueños de la red de clínicas por un fraude de 24 millones de euros a la Seguridad Social, el magistrado ha dado ahora un paso al frente en la investigación por la presunta estafa urdida contra los acreedores y los pacientes. Según consta en un nuevo escrito fechado este 3 de diciembre, el instructor de la Audiencia Nacional ha acordado procesar también a 35 personas, incluido los expropietarios, por crear supuestamente dos "organizaciones criminales" diferentes centradas, por un lado, en desviar dinero proveniente de préstamos financieros y, por otro, de los tratamientos defectuosos prestados a los clientes.

Esta medida de De la Mata inflige otro duro golpe a los presuntos cabecillas de la trama, que ya han visto cómo la Fiscalía solicitaba hace solo unas semanas hasta seis años de cárcel contra ellos por los impagos a la Seguridad Social. Ahora, además, el juez les atribuye en esta línea de investigación otra batería de delitos: estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y organización criminal.

En su extenso auto, de 383 páginas, el juez explica que abrió las pesquisas en julio de 2018, después de que iDental cerrase sin previo aviso y dejase tirados a miles de pacientes, que vieron cómo se interrumpían sus tratamientos o ni siquiera se iniciaban. Desde entonces, la investigación ha ido "ampliándose", según subraya el propio magistrado, que habla del descubrimiento de dos supuestos grupos criminales dentro del entramado. El primero, liderado por los fundadores de la red de clínicas: Antonio García Pellicer y Vicente Castañer. Y el segundo, encabezado por los directivos que se hicieron posteriormente con su control: Luis Sans Huecas y los hermanos José María y Juan Garrido López.

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Según detalla De la Mata, García Pellicer y Castañer constituyeron el grupo de empresas iDental y pusieron en marcha "toda la estructura societaria" que se utilizaría posteriormente en la supuesta estafa. Una "estrategia fraudulenta" que consistía "en ofrecer servicios odontológicos sofisticados y de alta calidad a los clientes, a precios irrisorios, con pleno conocimiento de la incapacidad del grupo para proporcionar los servicios comprometidos y con total desprecio de la salud bucodental y estado de sus usuarios, haciéndoles creer que el coste muy elevado de los servicios estaba cubierto mediante subvenciones o ayudas oficiales".

De esta manera, prosigue el magistrado, una vez que captaban al cliente, lo presionaban de forma "muy agresiva" para que firmase el presupuesto y un crédito al consumo. "Obviando los requerimientos económico-financieros de solvencia establecidos por las financieras", apostilla el instructor de la Audiencia Nacional. El objetivo de la trama no era otro, por tanto, que captar el mayor número de clientes y cobrar así el importe íntegro de sus prestamos para enriquecerse, a sabiendas de que no prestarían los servicios.

De hecho, De la Mata insiste en que "un número masivo de tratamientos quedaron inacabados" y muchos fueron defectuosos. Se produjeron lesiones, infecciones, alergias e intolerancias. Se perforaron tabiques nasales y tímpanos. Se fracturaron mandíbulas. Se extrajeron piezas sanas... A lo que hay que añadir, además, la deficiente higiene en los servicios, la inexperiencia de los odontólogos contratados—"en su mayoría recién graduados sin práctica profesional"— y la mala praxis. "Por ejemplo, en casos de intervenciones quirúrgicas, nadie les recomendó que debían tomar antibióticos para prevenir posibles infecciones posteriores", describe el auto de la Audiencia Nacional.

El segundo grupo criminal

Pero toda esta red fraudulenta tiene una segunda derivada. El magistrado ha descubierto un segundo grupo criminal dentro de la trama, encabezado presuntamente por Sans y los hermanos Garrido, que adquirieron el grupo iDental tras su colapso. Según De la Mata, cuando llegaron, estos no solo siguieron la misma política de captación de clientes en la red de clínicas, sino que llevaban años dedicados a obtener financiación de entidades financieras —como Bankia— para invertir en empresas y enriquecerse ilícitamente con el desvío de los préstamos. Según los cálculos del juez, obtuvieron así un mínimo de 54 millones de euros.

Además de esta línea de investigación por delitos económicos y la pieza separada abierta por fraude a la Seguridad Social, De la Mata aún mantiene abierta las pesquisas por los supuestos delitos contra la salud pública cometidos por los investigados y otras personas en los tratamientos odontológicos de iDental.