La trama de iDental compró un monasterio del siglo XVI con documentos falsos, según el juez

Los negocios del caso iDental no hacen ascos a épocas pasadas. Según el juez José de la Mata, varios procesados en la investigación abierta por la Audiencia Nacional compraron con documentación "ficticia" el monasterio de la Caridad (Ciudad Rodrigo, Salamanca), del siglo XVI y declarado Bien de Interés Cultural en 1994. Una operación económica sellada en diciembre de 2015 por cuatro millones de euros y perpetrada por una de las dos "organizaciones criminales" descubiertas por el magistrado en el seno de la trama, que saltó por los aires en verano de 2018, cuando la red de clínicas cerró sin previo aviso y dejó tirados a miles de pacientes, que vieron cómo sus tratamientos quedaban inacabados o ni siquiera se iniciaban.

La red de sociedades tejida en torno a iDental se ha erigido en un importante hilo del que tirar para el instructor de la Audiencia Nacional. Según explica el propio De la Mata en un auto fechado el pasado 3 de diciembre, la investigación arrancó en verano del pasado año tras la clausura de las clínicas, pero rápidamente fue "ampliando" su objetivo. De hecho, el magistrado ha concluido que dentro de la trama existieron dos grupos criminales. Uno encabezado por los fundadores del grupo empresarial, Antonio García Pellicer y Vicente Castañer, que idearon supuestamente la estafa a los pacientes. Y un segundo, liderado por Luis Sans y los hermanos José María y Juan Garrido, que adquirieron iDental en su última etapa y que presuntamente llevaban ya años dedicados a obtener préstamos de entidades financieras para invertir en empresas y enriquecerse ilícitamente con el presunto desvío de ese dinero.

Con este contexto como telón de fondo, el segundo grupo compró en 2015 el monasterio de la Caridad. Para ello, creó primero la compañía Hotel Abadía, donde colocó al cuñado de Luis Sans como socio y administrador único. Iniciaron entonces una serie de operaciones societarias, incluida una supuesta ampliación de capital, con documentos "falsos" para dar una imagen de solvencia y que las entidades financieras la prestasen dinero. De hecho, lo consiguieron. Porque Bankia les otorgó un crédito de 10 millones de euros para la compra del edificio religioso, valiéndose supuestamente para ello de Jorge Puga, otro miembro de la organización que trabajaba en la concesión de préstamos en dicho banco.

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"De esta forma, los investigados adquirieron un monasterio, junto con sus fincas ajenas, para la construcción de un hotel sin necesidad de desembolsar fondos propios", apostilla De la Mata. Las obras llegaron a comenzar, pero el establecimiento de "lujo" que supuestamente se ideó nunca abrió sus puertas. Y el juzgado de instrucción número 2 de Ciudad Rodrigo acordó finalmente este año sacarlo a subasta, según informaron los medios locales el pasado verano.

Conversaciones intervenidas

El auto de la Audiencia Nacional incluye también conversaciones entre los integrantes de la trama que apuntalan las sospechas del juez. "En la operación del monasterio, debemos ser finos y la vez montarla para que sea rentable para nuestros intereses", le dice Puga a Sans en una ocasión. En otro momento, cuando ya se quieren deshacer del complejo religioso, los hermanos Garrido y Sans comentan que deben "hacer el menor ruido posible": "De la venta del monasterio va a entrar un millón en Weston Hill —compañía con la que compraron iDental— y de allí ya van a repartir". En esta línea, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ya detalló al juez que este grupo se dedicaba, mediante el entramado de empresas que había diseñado, a "desviar fondos" millonarios obtenidos de los créditos bancarios para adquirir después casas y bienes de lujo.

Unas acusaciones que niega Sans, que defiende su inocencia y ha pedido varias veces su puesta en libertad al juez. Pero De la Mata lo ha procesado ya, al igual que al resto de la cúpula de iDental, en dos investigaciones. En una, por los delitos económicos derivados del entramado societario. Y, en otra, por el fraude a la Seguridad Social, en el que la Fiscalía pide hasta seis años de cárcel para los antiguos propietarios de la red de clínicas.