El criticado desenlace del ‘caso Nirbhaya’, la violación que despertó a India contra la violencia machista

La brutal violación múltiple y asesinato de una estudiante en 2012 sacudió a India del letargo en el que vivía respecto a la violencia contra la mujer. Ahora, más de siete años después, el inminente ahorcamiento de cuatro de los seis condenados por el llamado caso Nirbhaya (valiente, en hindi) supone un desenlace que no satisface a las activistas, que lo consideran una cortina de humo y cuestionan la eficacia de la pena capital en un sistema judicial anómalo que desprotege a las víctimas.

Un tribunal de Nueva Delhi ordenó este mes la ejecución de la pena de muerte de los culpables. La crueldad del suceso, ocurrido el 16 de diciembre de 2012, movilizó entonces a todos los estamentos del país asiático. La violación y tortura de la fisioterapeuta de 23 años por un grupo de seis hombres en un autobús en marcha de la capital y sus semanas de agonía —murió por las hemorragias causadas por la barra de metal con la que la violaron— tuvieron un efecto catártico. Masivas protestas espolearon a una policía acostumbrada a desoír tales sucesos; considerados del ámbito privado o, en el peor de los casos, reacción a una provocación femenina.

En escasos nueve meses, cuatro de los acusados eran condenados a pena de muerte —otro falleció en su celda y el sexto, menor, fue enviado a un correccional— tras un veredicto de una rapidez y severidad sin precedentes. Hace días, el Supremo fijó la ejecución el 1 de febrero, tras desestimar la apelación de uno de ellos, que alegaba ser menor cuando cometió el crimen. Otros dos pueden recurrir a ese tribunal y un tercero tiene derecho a solicitar el indulto al presidente de India, por lo que el final de este proceso se podría alargar más.

Más información

La violación que desató la ira en India

De la impunidad a la horca

Pero lo que critican las activistas no es la lentitud en la aplicación de la justicia. Aquel caso generó un primer impulso para reformar la legislación referente a delitos sexuales y crear tribunales especiales, junto al fondo Nirbhaya para la compensación de supervivientes y familias. Pero poco se ha avanzado en el ámbito penal, salvo la tipificación de delitos como el voyeurismo o el acoso sexual, además de la aplicación, en 2018, de la pena de muerte a violadores de menores de 12 años, a raíz del caso de una niña musulmana en Cachemira.

Justicia más allá de las sentencias

“Solo la pena de muerte hace que la justicia sea un acto de venganza. Hay que huir de la justicia retributiva”, decía en un acto el pasado viernes Neetika Vishwanath, miembro del Proyecto 39A de la Universidad Nacional de Derecho. Basado en el artículo 39 de su Constitución, el grupo defiende una aplicación igualitaria de la justicia que elimine las barreras socioeconómicas en India, donde la segregación hace que los acusados de clases desfavorecidas sean los que acaben condenados —apenas un 25% del total en casos de violencia sexual—.

“Ahorcar a los violadores condenados es una mera distracción de lo que debe ser la justicia diaria”, razonaba Kavita Krishnan, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de India, insistiendo en las demandas del Comité de Justicia Verma. Creada tras el caso Nirbhaya, esta comisión gubernamental redactó una serie de recomendaciones aún por cumplir. Entre ellas, incluyó aumentar el número de jueces para agilizar procesos, aislar al personal policial de influencias externas y entrenarle para la investigación de estos casos, inhabilitar a candidatos electorales con procesos pendientes o mejorar la seguridad de espacios públicos.

El propio comité se mostró contrario a la pena capital como castigo para estos casos. “En un sistema plagado de problemas, ¿podemos emplear algo tan irreversible como la pena de muerte?, No creo”, afirmaba Tara Narula, abogada y miembro de la Asociación de Mujeres Expertas en Derecho Criminal. También voces del ámbito de la defensa del menor como Enakshi Ganguly se manifiestan en contra de la sola naturaleza punitiva de la medida: “Nadie habla de cambiar otras áreas problemáticas de la Ley de Protección de Menores ante Delitos Sexuales, como la edad de consentimiento o la acción penal sin denuncia previa obligatoria”.

Las estadísticas avalan las críticas sobre la efectividad del endurecimiento de las penas. El registro criminal indica que la violencia machista ha crecido un 60% desde 2011 —un año antes del caso Nirbhaya—, mientras estudios recientes consideran India el país más peligroso para la mujer. Las expertas insisten en que son otros los factores que contribuyen a la violencia contra la mujer en India, desde el paternalismo y el desprecio a lo femenino, hasta la consideración de la mujer como una carga en la india rural; dando lugar a abortos femeninos y a que falten 63 millones de mujeres respecto a la tendencia natural.

“El desmantelamiento de la seguridad social tiene un impacto brutal en la autonomía financiera de la mujer”, apuntaba en la charla la activista Sudeeti. Como un círculo vicioso, la carrera profesional de una mujer india está determinada por la sombra de la violencia desde la infancia, aumentando sus costes en seguridad y haciendo que apenas el 27% de ellas formen parte del mercado laboral. Mermada su capacidad financiera, la vulnerabilidad de la mujer india se multiplica por esta dependencia y sin sistemas de apoyo social.

Mientras se acerca la primera ejecución en India desde 2015 —desde 1991, se han llevado a la práctica 25 penas capitales—, ríos de tinta copan los medios locales. “¿Qué función tiene la prensa en el trato de esta lacra?”, se pregunta retóricamente Deepa Narayan, socióloga y autora de Chup: Breaking the Silence about India's Women. Desde Nirbhaya, los sucesos de violaciones acaparan titulares en India con tanta asiduidad y tan poco seguimiento como los casos de corrupción política a los que se han acostumbrado los ciudadanos de la democracia más grande del mundo.