La violencia de género lastra el progreso de India

“Trabajábamos hasta tarde y, por seguridad, el jefe del departamento nos llevaba a casa. En el coche, se me abalanzó y me besó. Yo me zafé y hui [...] Esa noche, le dije por mensaje de texto que eso era inaceptable”, describe Shubhangi Verma, de 30 años, quien entonces trabajaba como diseñadora de chalecos antibalas para un conocido fabricante de equipos de defensa del Ejército indio, con base en Kanpur, ciudad del Estado de Uttar Pradesh. Hasta su dimisión, Shubhangi aguantó el menosprecio de su jefe, que le forzó a borrar los mensajes del móvil. “No le denuncié porque su familia dirige la empresa. Pero una compañera me dijo que hacía lo mismo con todas”. Ahora es directora de marketing en una start-up de Bombay, pero estuvo un año desempleada y perdió más del 35% de sus ingresos al renunciar a su especialidad en un país donde 20 millones de mujeres han abandonado el mercado laboral, según el Banco Mundial.

En la última década, las denuncias por delitos machistas han aumentado un 83% en India, declarado el país más inseguro para la mujer. El riesgo que corren 650 millones de indias (45%, en edad de trabajar) determina sus vidas profesionales y sus inversiones en seguridad ya sea por el alquiler de vehículos privados, por la compra de sprays de pimienta o por la instalación de sistemas de vigilancia en hogares. La cultura de la violación tiene un impacto directo en sus ahorros y en la economía nacional. Según el Instituto McKinsey Global, India podría aumentar su PIB en 770.000 millones de dólares (unos 667.000 millones de euros, un 18% más) en la próxima década si fomentase la igualdad y sumase más trabajadoras al sistema productivo. Pero apenas el 27% de las mujeres forman parte del mercado laboral: el índice más bajo de las naciones emergentes y de los países del G-20, solo por encima de Arabia Saudí.

“Ellas eligen puestos que no impliquen trabajar hasta tarde. Rechazan empleos alejados de casa o los prefieren cercanos, en detrimento del salario”, explica Jyoti Sarwal, miembro de una docena de Comités de Quejas Internas en empresas de Nueva Delhi, capital de India. Ante el aumento de los delitos sexuales, la Ley Contra el Acoso Sexual en el Trabajo de 2013 obliga a empleadores de más de diez trabajadores a crear estos comités, mientras que las quejas en plantillas menores competen a los magistrados del distrito. Asimismo, medianas y grandes empresas aprueban políticas con perspectiva de género que incluyen flexibilidad horaria y medidas de seguridad; aunque con efectos no deseados. “Las compañías gastan considerables sumas de dinero de sus paquetes de remuneración en servicios de taxi, cámaras de vigilancia o celadores. Así que muchas otras evitan contratar a mujeres para ahorrarse esos costes. La consecuencia última es la desigualdad de oportunidades laborales”, resume Jyoti Sarwal.

“Cuando vivía en Delhi, mis compañeros del bufete y mi familia se preocupaban mucho por mi seguridad. El problema de la capital es que el metro cierra pronto y las alternativas son los taxis, que son caros, o los autobuses, que son peligrosos”, cuenta Kanchan Modak, abogada de 24 años. La infame violación múltiple y asesinato de una estudiante en un autobús de Delhi en 2012 despertó la conciencia social y multiplicó la percepción de inseguridad. Por eso, Kanchan se mudó para trabajar como asistente legal en el Aeropuerto Internacional de Bombay, considerada una ciudad mucho más segura. Una elección no exenta de pérdidas. “Preferiría vivir en Delhi porque está cerca de mi familia y el nivel del vida es más barato que en Bombay en cuanto a alojamiento, comida o transporte. Pero cuando residía en Delhi escogía rutas al trabajo más caras porque eran más transitadas y seguras. Habría ahorrado, pero viviría un miedo constante”, razona Kanchan.

La inseguridad en las calles de India determina la vida laboral de la mujer desde su adolescencia. Un reciente estudio sobre 4.000 universitarias de Delhi demuestra que están dispuestas a pagar hasta 260 euros anuales más que los chicos para viajar más seguras; el doble de las tasas académicas y un 7% más que el salario medio de la capital. “Este coste adicional condiciona preferencias educativas, duración de los estudios, dónde trabajar y vivir... Mis estimaciones muestran que su voluntad de invertir en más seguridad se traduce en un descenso del 20% de sus salarios tras graduarse”, explica por teléfono su autora, Girija Borker, economista en la Universidad de Brown nacida en Delhi. Basada en entrevistas personales y en el cruce de datos de aplicaciones móviles que computan agresiones sexuales y auditorías de seguridad pública, su investigación subraya que las estudiantes aceptan campus universitarios de inferior calidad educativa en favor de una mayor protección. “La reducción de la libre elección de la mitad de la población en cuanto a movilidad física y económica merma su capacidad para contribuir al crecimiento del país”, resume Borker.

Gran parte de la población vive en la India rural, donde el trabajo doméstico suma 6,4 millones de empleos; la mayoría, mujeres en condiciones irregulares. “El sector informal genera más preocupación porque las trabajadoras están mal pagadas y explotadas”, dice Jyoti Sarwal, también directora de la Fundación Amba, que ofrece apoyo legal a mujeres maltratadas. Otro estudio realizado por el grupo TATA acerca de Andhra Pradesh, uno de los Estados menos desarrollados de India, indica que la reducción del maltrato doméstico beneficiaría en varios miles de millones de euros el PIB regional. El actual Gobierno de India, que esgrime su política económica como principal valedor de cara a las elecciones generales de 2019, bien podría centrar su discurso y sus medidas en erradicar la violencia machista y contribuir así al progreso socioeconómico del país del que se espera que pronto supere a Reino Unido como la quinta mayor economía del planeta.