La nueva delegada de Violencia de Género rectifica en su idea de aplicar el 155 en Murcia por el veto parental

La nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha planteado la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución a Murcia ante la desobediencia del Gobierno autónomo al imponer el veto parental. “Hay unos cauces jurídicos que no tienen por qué ser judiciales sino incluso administrativos de requerimiento para que cumpla la obligación; imagínese, incluso un 155 en Murcia porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables”, ha dicho Rosell (Podemos), en declaraciones a la cadena SER, ante el incumplimiento de la comunidad a leyes de rango estatal.

"Donde falla el diálogo político, si realmente se cierran a ello, sería una lástima", ha continuado la magistrada, confirmada para el puesto pero cuyo nombramiento aún no se ha oficializado. "Sería el camino similar al de Cataluña con la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico por parte de quien nos ha machacado y han ganado las elecciones en determinados sitios probablemente con su discurso antidiversidad y anticatalanista", ha dicho la nueva delegada, tras la iniciativa impulsada por Vox y avalada por el PP y Ciudadanos en Murcia, que obliga a los centros educativos a pedir autorización a los padres para asistir a actividades complementarias.

Posteriormente, Rosell ha matizado sus palabras a través de Twitter, afirmando que se trataba de una ironía. "Fue una comparación pretendiendo que se oyera como el absurdo al que estamos llegando con el veto parental. Que quienes piden que otras CC AA cumplan sus obligaciones y hacen bandera de ello, incumplen las suyas en materia educativa y con menores", ha afirmado. "La frase empieza '¿se imaginan?' y termina con una carcajada. Se llama ironía. Lo de enfrente, manipulación", ha dicho.

Por su parte, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dado un mes de plazo al Gobierno de Murcia para "restaurar la legalidad" y retirar el "veto parental" antes de que el Ejecutivo recurra esta medida en los tribunales. El Gobierno envió el viernes un requerimiento al Ejecutivo murciano para instarle a retirar una medida que constituye "una censura previa, que va incluso contra la libertad de cátedra", según ha dicho Celaá en una rueda de prensa en la localidad alavesa de Llodio. A día de hoy no hay respuesta a ese requerimiento y Celaá entiende que el plazo razonable para tomar medidas adicionales como la vía judicial es de un mes.

La ministra ha recordado además que fue la última reforma educativa, la llamada ley Wert, impulsada por el Gobierno del PP, la que limitó la capacidad de decisión de los padres en los consejos escolares, y ha reprochado al presidente popular, Pablo Casado, su "desconocimiento de cómo funciona el sistema educativo" en España.