El Departamento de Justicia de EE UU demanda a Walmart por alimentar la crisis de los opiáceos

El Gobierno estadounidense acusa a la cadena, que cotiza en Bolsa, de gestión irresponsable y de despachar miles de recetas “inválidas”

Una tienda de Walmart en Washington, en agosto pasado.
Una tienda de Walmart en Washington, en agosto pasado.NICHOLAS KAMM (AFP)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demandado este martes a Walmart, un gigante de la distribución minorista que cotiza en Bolsa, por su papel en la denominada crisis de los opiáceos, alegando que la cadena suministró recetas “sospechosas” y con eso contribuyó a agravar la crisis de salud pública más grave registrada en EE UU desde el sida, y antes del coronavirus, y que ha causado cientos de miles de muertes por adicción y sobredosis.

Aunque Walmart, que dispone de unas 5.000 tiendas en EE UU, casi todas con despachos de farmacia, se había puesto repetidamente de perfil, confiando en que su actitud sirviese de cortafuegos, el Gobierno estadounidense le acusa de gestión irresponsable de pedidos, satisfaciendo miles de recetas “inválidas”. Las autoridades podrían llegar a imponer a la compañía multas por valor de varios miles de millones de dólares, para dar por concluido un litigio que se ha prolongado durante varios años, ha explicado el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

“Como una de las cadenas de farmacias y distribuidores mayoristas de medicamentos más grandes del país, Walmart tenía la responsabilidad y los medios para ayudar a impedir el suministro de opiáceos recetados”, ha declarado Jeffrey Bossert Clark, del Departamento de Justicia. “En cambio, durante años hizo lo contrario: despachó miles de recetas no válidas en sus farmacias y no informó sobre pedidos sospechosos de opiáceos y otros medicamentos colocados por esas farmacias”.

Tras conocerse la demanda, Walmart reaccionó asegurando que la causa “está menoscabada por violaciones éticas históricas” e “inventa una jurisprudencia que obliga, de manera ilegal, a los farmacéuticos a colocarse entre los pacientes y sus médicos; está trufada de errores factuales y selecciona documentos sacándolos de contexto”.

Walmart presentó en octubre su propia demanda contra el Departamento de Justicia, argumentando que la fiscalización la dejó en un callejón sin salida, y denunció el trato injusto del Gobierno para hacerle responsable del consumo excesivo de esos medicamentos altamente adictivos, que durante años se recetaron como potentes analgésicos y, en muchas ocasiones, se consumieron como sucedáneos de otros narcóticos por la población drogodependiente. Walmart acusa también a la agencia antidrogas de EE UU (DEA, en sus siglas inglesas) de cebarse con la empresa en una investigación que, a falta de conclusión penal, se resolverá por lo civil con la imposición de multas. La querella de Walmart no ha llegado a puerto.

Los farmacéuticos “deben tomar una decisión difícil” entre aceptar el criterio médico de un profesional y despachar la receta de opiáceos, o cuestionar el criterio profesional y negarse a suministrarlo, sostiene el texto de la demanda, de 160 páginas. Según testimonios de responsables del grupo empresarial recabados durante la investigación, “había que estimular las ventas a cualquier precio” y despachar rápidamente, sin cuestionarlas, las recetas para fidelizar a la clientela, explica el texto.

La dependencia de estos medicamentos opiáceos causó más de 400.000 muertos en Estados Unidos entre 1999 y 2018. Su consumo se disparó a partir de 2013, lo que llevó al presidente Donald Trump a declarar una emergencia sanitaria en 2017, y se le considera responsable del descenso en la esperanza de vida en el país entre 2014 y 2017. Otras grandes distribuidoras, como Cardinal Health o McKesson, han sido objeto en el pasado de acusaciones por parte de Ayuntamientos o Estados, por haber cerrado los ojos ante la prescripción masiva de opiáceos, llegándose en algunos casos a acuerdos parciales para reparar daños, como en varios condados de Ohio en 2019. En octubre, Purdue Pharma, la farmacéutica que desarrolló el opiáceo más consumido, OxyContin, se declaró culpable de haber producido y distribuido el medicamento mediante un acuerdo civil con el Departamento de Justicia.

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