Casado anuncia que las comunidades del PP adelantarán la matriculación para sortear la ‘ley Celaá’

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP adelantarán el proceso de inscripción en el curso escolar para tratar de sortear la aplicación de la nueva ley educativa aprobada por el Gobierno de coalición progresista, según ha anunciado este sábado el líder del PP, Pablo Casado. El propósito del PP es evitar que se aplique una batería de medidas que contiene la ley encaminadas a corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre las redes pública y concertada, que ahora se matricula de forma desproporcionada en la primera, y que para los populares entorpecen la libertad de elección de los padres. “Allí donde gobierna el PP, las familias podrán seguir eligiendo libremente el centro educativo de sus hijos, público o concertado”, ha asegurado el líder popular en Murcia. Las cinco autonomías donde gobiernan los populares también pretenden impedir que los alumnos pasen de curso con suspensos.

Las comunidades del PP anticiparán el calendario de inscripción para el curso 2021/2022, según asegura el PP, para que las matriculaciones no se rijan por la conocida como ley Celáa, que aún no ha entrado en vigor pero ya ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados y se prevé que se ratifique en el Senado el próximo 23 de diciembre.

Sin embargo, fuentes del PSOE han asegurado a este periódico que se trata de “un discurso político” más que de una “medida efectiva”, puesto que el Gobierno ya da por hecho que el próximo curso 2021-2022 no da tiempo a modificar los criterios de admisión. “Todo es una campaña de marketing del PP, en la práctica todas las comunidades van a aplicar para el curso 2021-2022 las mismas normas de admisión que este curso, ya que es imposible que dé tiempo a redactar un nuevo decreto para ajustarse a la nueva ley, un proceso que por la vía ordinaria son unos cuatro meses y por la vía rápida casi tres”, considera Miguel Soler, secretario autonómico de Educación de la Comunidad Valenciana ―donde gobiernan PSOE y Compromís―. Sobre la pretensión de los populares de no aplicar los nuevos criterios de evaluación contemplados en la Lomloe (que permiten que los estudiantes únicamente puedan repetir dos veces en toda la educación obligatoria o dos en secundaria), Soler asegura que es un punto que “no pueden boicotear”, ya que la ley establece que los nuevos criterios de evaluación se aplicarán de forma obligatoria el curso siguiente a la entrada en vigor de la ley, en este caso, en septiembre de 2021.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Educación han señalado a este periódico que los procedimientos de admisión “son complejos” y se deben realizar con el tiempo suficiente para asegurar que se cumple con unas garantías. “Si las autonomías del PP van a acortar esos plazos para esquivar la Lomloe, como ha anunciado Casado, deberían explicar cómo van a hacerlo para asegurar que el proceso se hace con todas las garantías”.

Aun así, fuentes del Gobierno de Murcia han informado a EL PAÍS que su intención es poner en marcha el proceso de inscripción en las próximas semanas, en lugar de en marzo como suele ser habitual. De momento, aún no han fijado la fecha, que están estudiando con sus servicios jurídicos. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, por su parte, ya ha publicado la resolución que regula la admisión de alumnos el curso que viene. Según esta, el plazo de presentación de solicitudes para la admisión será del 8 al 23 de abril de 2021, un periodo en el que ya habría entrado en vigor la nueva ley de educación. Pero fuentes del Gobierno madrileño aseguran que lo importante es que la resolución y su norma ya estén aprobados desde el 4 de diciembre, antes de la ley. Los populares gobiernan también en Andalucía, Castilla y León y Galicia. En todas, salvo en la comunidad gallega, lo hacen en coalición con Ciudadanos.

La nueva ley educativa, que ahora está en el trámite parlamentario en el Senado, busca distribuir más equitativamente el alumnado entre la escuela pública y la concertada. Pese a estar financiadas ambas por la Administración, la escuela pública, donde está matriculado el 67% del alumnado, acoge al 79% de los estudiantes inmigrantes y a nueve de cada 10 chavales de los hogares con menor renta. Para el PP, sin embargo, esta norma “ataca la libertad de elección” de los padres.

La ley establece como “criterios prioritarios” en el proceso de admisión de un alumno, cuando haya más peticiones que plazas en un centro, la existencia de hermanos en el mismo, la proximidad al domicilio o lugar de trabajo de los padres y la renta per cápita familiar. El texto contempla más factores, pero estos deben ser los principales, algo que no ocurre ahora. El de proximidad al domicilio será, además, el único que pueda representar más del 30% de la puntuación que establezcan las comunidades. De esta forma, se pretende evitar que por medio de la figura del distrito único unos centros reciban muchas más solicitudes que otras y, al existir un amplio número de criterios con valor similar, los colegios seleccionen al alumnado. Además, la nueva ley elimina la llamada “demanda social”, contemplada en la Lomce (PP), según la cual la oferta de plazas debe regirse por la preferencia de las familias entre la red pública o la concertada.

Al adelantar la inscripción, el PP pretende que estos criterios para el proceso de admisión del alumnado no sean aplicables, porque la ley todavía tardará un par de meses en entrar en vigor.

Casado ha anunciado también que en estas cinco comunidades autónomas el PP va a impedir que, como contempla la nueva ley educativa, se pueda pasar de curso con suspensos. “No vamos a permitir la merma en la calidad educativa”, ha subrayado el líder del PP. “Las autonomías del PP pretenden seguir fomentando la cultura del esfuerzo y la competitividad”, ha aseverado.

La nueva ley prevé que solo se pueda repetir una vez en Primaria y dos como mucho en toda la enseñanza obligatoria, y que lo decida el equipo docente sobre la base de qué será más favorable a la evolución académica del alumno, sin que dependa directamente de haber suspendido más de dos asignaturas. El título de bachillerato también podrá obtenerse “excepcionalmente” con un suspenso si los profesores creen que ha alcanzado los objetivos de la etapa.

Otra de las medidas más polémicas contempladas en la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) es la intención del Gobierno de integrar en un periodo de 10 años al máximo número de alumnos con discapacidad en los centros ordinarios, de forma que los de educación especial queden reservados únicamente para los casos más graves. Un cambio en la ley persigue cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que España ratificó en 2008, en la que se establece que los niños con discapacidad serán matriculados en las escuelas ordinarias. En el curso 2018-2019, el 82,6% de los alumnos no universitarios con discapacidad se matricularon en centros ordinarios; el 17,4% restante (37.499 alumnos) en centros especiales. Desde el PP y Ciudadanos se ha lanzado el mensaje de que la intención del Gobierno es cerrar progresivamente los centros de educación especial (unos 480) y acabar con la libertad de elección de las familias.