El Consejo de Europa advierte de la desigual ayuda a las víctimas de violencia machista según la comunidad
El sistema de autonomías español hace que los niveles de protección “no estén garantizados en todas partes”, tanto para las agresiones dentro de la pareja como en otros ataques
España tiene una “agenda sólida” en materia de protección de las mujeres de sus parejas o exparejas violentas, donde ha realizado un “trabajo pionero” desde 2004, el año en el que se aprobó la ley integral contra la violencia de género. Pero los sistemas para implementar los dispositivos de ayuda varían demasiado entre las autonomías, tanto para atajar esta violencia como la sexual y de otro tipo que sufren las mujeres, lo que hace que “no estén garantizados en todas partes”, advierte en su primer informe sobre el país el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica del Consejo de Europa (Grevio).
Las diferencias —y carencias— autonómicas quedan especialmente en evidencia en otros tipos de violencia machista más allá de la que sucede en el seno de la pareja, en los que España todavía tiene que trabajar más, consideran los responsables de supervisar el cumplimiento del Convenio de Estambul, el acuerdo sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica del Consejo de Europa, que España ratificó hace ya seis años, en 2014. En este sentido, subrayan, aún hay mucho por mejorar ante delitos como las violaciones grupales o los matrimonios forzados, la mutilación genital, la esterilización forzada o la atención de demandantes de asilo por violencia sexual, aspectos recogidos en la futura ley de garantía integral de la libertad sexual, que está ahora mismo en tramitación.
El Grevio manifiesta su preocupación “por el hecho de que los servicios de apoyo integral para víctimas y la cooperación entre diversas agencias en España se hayan concentrado exclusivamente en la violencia relacionada con la pareja íntima, en detrimento de otras formas de violencia, especialmente la violencia sexual, el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina”, señala el informe.
“Muy pocas comunidades autónomas ofrecen servicios especializados para víctimas de asalto sexual y violación. Aún menos, si es que siquiera existen, son los servicios de apoyo especializados para mujeres en riesgo de un matrimonio forzado, de mutilación genital, acoso, esterilización forzada y aborto”, explica el estudio, elaborado a partir de un informe estatal enviado por las autoridades españolas, así como con información adicional recogida por varias ONG y una visita de seis días al país.
La propia delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, reconocía hace dos días en una entrevista con este periódico que la asistencia puede variar no ya por comunidades, sino “en entornos rurales y en municipios de menor tamaño”. Con todo, Rosell aseguraba que “hay un mínimo común de protección” en las 17 autonomías “y después unas políticas mucho más certeras que otras”.
Entre sus recomendaciones, el Grevio insta a las autoridades españolas “en todos los niveles de Gobierno, en particular en el regional”, a garantizar que la legislación y las regulaciones administrativas sean conformes a los principios del Convenio de Estambul. Para ello, propone realizar “análisis comparativos independientes de la legislación y políticas regionales sobre violencia contra las mujeres” y, una vez identificadas prácticas “prometedoras”, promoverlas tanto a nivel nacional como regional.
Asimismo, pide “idear e implementar políticas integrales y holísticas para atender la violencia contra las mujeres en todas sus formas y manifestaciones, incluidas especialmente la violencia sexual, el acoso sexual, el matrimonio forzado y la esterilización forzada y el aborto, así como crímenes contra mujeres cometidos en el nombre del llamado honor”. Ello implica también, continúa, “mejorar” los servicios de apoyo regionales, sobre todo la garantía de un refugio en todas las comunidades autónomas y que estos estén al alcance de todas las mujeres víctimas de violencia, con especial atención a las mujeres con discapacidades, las de zonas rurales, niñas, mujeres con problemas de drogas, prostitutas y migrantes, además de garantizar un asesoramiento psicológico adecuado a su edad para los niños y niñas testigos de violencia.
Entre otras cuestiones que también “preocupan” de España está, señalan los expertos del Consejo de Europa, “el fuerte incremento en los últimos años de las violaciones en grupo [sobre las que sin embargo no existe una estadística oficial que refleje si ha habido o no un aumento], así como que estos casos implican crecientemente a víctimas y hasta a agresores menores de edad”. En referencia también a casos como el de La Manada [la violación grupal ocurrida en sanfermines en 2016 por la que los autores ya tienen condena firme del Tribunal Supremo], el Grevio identifica varios “problemas” en materia procesal, especialmente “lo largo de los procedimientos, la exclusión de pruebas forenses recogidas sin orden judicial, así como el elevado umbral para demostrar una violación ante un tribunal, lo que puede resultar, fácilmente, en la revictimización de las víctimas y contribuir a bajas tasas de condenas”, advierten.
