“La pandemia nos está llevando a un peor trato institucional a las víctimas”

Victoria Rosell (Murcia, 52 años) se convirtió en delegada del Gobierno contra la Violencia de Género el pasado enero, cuando el coronavirus parecía lejano. Igual que en casi todos los ámbitos, con la propagación de la covid tuvo que lidiar con problemas nunca imaginados y propiciar cambios a contrarreloj para que las víctimas no quedaran aún más desprotegidas. Al filo del 25 de noviembre, día para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, lamenta en esta entrevista que la pandemia “esté llevando a un peor trato institucional” a las víctimas, aunque cree que podría ser al revés. Del confinamiento se pueden extraer buenas prácticas, reflexiona, como permitir a las mujeres denunciar por videoconferencia desde lugares seguros. Rosell responde a las preguntas de EL PAÍS en su despacho en el Ministerio de Igualdad, aireado y con distancia de seguridad. Subraya que algunas de las prácticas puestas en marcha por su equipo, como el whatsApp para atender a las mujeres durante el confinamiento, han recibido el reconocimiento de organismos como la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas. En sus respuestas se nota la impronta de más de 20 años de experiencia como magistrada.

Pregunta. ¿Qué efectos tiene la pandemia en la violencia machista?

Respuesta. Nos pilló por sorpresa a todas las Administraciones. Por ejemplo, en España nadie había previsto que el 016 pudiese teletrabajar. En 24 horas respondieron todas las comunidades autónomas para revisar el cierre parcial de los servicios y evitar que ninguna mujer fuera derivada a un recurso cerrado.

P. ¿Qué indican los datos?

R. Hay más violencia psicológica y de control y menos asesinatos. Es lógico. Quien conoce el ciclo de la violencia sabe que, cuando el agresor controla más a la víctima, no se desencadenan las agresiones físicas, pero estas otras son muy duras, sostenidas en el tiempo y con pocas posibilidades de alivio.

P. Las denuncias cayeron en el confinamiento, ¿han repuntado?

R. No ha habido un crecimiento digno de resaltar, pero sí un aumento exponencial de las llamadas al 016. La denuncia policial y judicial está dejando de ser una puerta suficiente para las víctimas. Sin duda tiene que haber una respuesta penal. Pero es una puerta estrecha y a veces cerrada para las más vulnerables.

La denuncia policial y judicial está dejando de ser una puerta suficiente para las víctimas de violencia de género

P. ¿Qué otras puertas ve?

R. Interponer las denuncias desde espacios amables, como casas de acogida, garantizando una identificación segura. Imaginemos el bienestar que da a una mujer estar acompañada, como tiene derecho por ley durante todo el periplo administrativo y judicial. Con estas medidas de distancia social, las estamos dejando solas. Ojo, no es una crítica al sistema de denuncias, pero: ¿de verdad un policía tiene la capacidad de recoger todo en un atestado a máquina? Mi reflexión nace de lo que están haciendo los juzgados. Quizá nos ahorraríamos retiradas de denuncias. Es una propuesta. No quiero que en Interior crean que es una exigencia.

P. Pero aún hay juzgados que no pueden garantizar que víctima y agresor no se crucen.

R. Con pandemia es aún peor. En ocasiones, víctima y agresor hacen cola a una distancia de dos metros. No es culpa del personal de los juzgados, pero si no tienen instalaciones suficientes se juntan en la puerta y ahí no puedes controlar. La pandemia nos está llevando a un peor trato institucional y puede llevar a uno mejor.

P. Hay un dato que persiste: entre el 70 y el 80% de las asesinadas nunca habían denunciado. ¿Qué pasa con las otras vías para detectar la violencia?

R. La denuncia es un momento peligroso igual que el anuncio de la separación o el divorcio. Y el convenio de Estambul [el acuerdo del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica] nos pide que la protección no dependa de la denuncia ni recaiga sobre los hombros de la propia víctima

P. Pero España ratificó ese convenio en 2014. ¿Por qué no existe aún una red potente para albergar a las que no denuncian?

R. La ley de 2004 [contra la violencia de género] tiene cuatro títulos pero el que más se ha desarrollado es el de la protección penal y policial. La gente conoce las órdenes de protección pero no las obligaciones en el ámbito educativo o sanitario.

La violencia sexual es aún más silenciada que la de pareja o expareja

P. ¿De quién es la responsabilidad de que no se conozca?

R. El Estado ha tenido el poder de comunicarlo a lo largo de 15 años. No es neutral desarrollar solo de manera desmesurada la parte penal o policial, eso dice bastante del carácter más o menos autoritario de un Gobierno y ahora coincide con el marco de la ultraderecha. Ante el proyecto de la futura ley de garantía de libertad sexual nos critican porque ofrezcamos para una violada lo mismo que a una señora amenazada por su marido. La infancia violada no tiene un recurso de protección integral, no tiene una ruta de atención especializada. La ultraderecha propone aislar al agresor, encerrarlo e individualizarlo. Pero también están individualizando y aislando a la víctima. Obvian todo lo estructural y eso no sirve porque no ataca las causas.

P. ¿En qué punto está la red alternativa a las denuncias? Los cribados sanitarios o la protección desde servicios sociales.

R. En distintos puntos, según la voluntad política de los Gobiernos autonómicos.

P. ¿Eso significa que según dónde viva la víctima va a estar más o menos protegida?

R. Hay un mínimo común de protección y después unas políticas mucho más certeras que otras. Tenemos comunidades con 20 oficinas de atención a las víctimas y otras sin ninguna. Pero hay un consenso esencial incluso en los Gobiernos apoyados por la ultraderecha.

P. ¿Pero una maltratada podría estar peor atendida en una comunidad que en otra?

R. Sí. Y en entornos rurales y en municipios de menor tamaño. Eso es así. Hay gobiernos más claramente feministas que otros. La ciudadanía sabe cuáles son las preferencias de sus gobiernos. Y no responde a un sentimiento feminista o a una intuición femenina, corresponde al conocimiento de la desigualdad.

La apertura de la escuela es importante también para que se verbalice la violencia en las casas

P. ¿Y cómo afecta el confinamiento y el toque de queda a la violencia sexual?

R. Está aún más silenciada que la de pareja o expareja. Según datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer, el 11,1% de la violencia sexual se revela mediante denuncia, pero solo el 8% es por las propias víctimas. Es una violencia muy difícil de detectar, oculta y que sucede en la intimidad. No tenemos datos. La apertura de la escuela es importante para prevenir la violencia de género y para que se verbalice la de las casas. Hablar de ella es el primer paso para salir.

Vox no puede denominarse constitucionalista con lo que dice sobre la violencia de género

P. ¿Le preocupa el mensaje negacionista de Vox?

R. Niegan el cambio climático, niegan la violencia machista y tienen ocurrencias que plasman en 280 caracteres como si estuvieran haciendo política. En algunas ocasiones tiene consecuencias muy graves porque están lanzando mensajes contra las víctimas.

P. ¿Cree que esos mensajes calan?

R. Llegan a jóvenes que aún no tienen criterio suficiente sobre la desigualdad. Eso puede ser peligroso. Es una violencia silenciada. En los estudios se ve que un tercio de las mujeres que sufren violencia sexual callan por temor a que no las crean. Con mentiras como las denuncias falsas estás abonando ese silencio. En derecho penal, si alguien encubre es responsable, no cómplice. Están en contra del Pacto de Estado [contra la violencia de género], de la Constitución. No pueden denominarse constitucionalistas y decir lo que están diciendo sobre la violencia de género.