La Fiscalía reprocha a la Junta su escaso control sobre las residencias de mayores en Sevilla
En los 172 centros para la tercera edad de esta provincia fallecieron 151 ancianos hasta julio
La Fiscalía de Sevilla ha reprochado a la Junta de Andalucía (PP y Ciudadanos) el escaso o nulo control que ejercía al principio de la pandemia sobre las 172 residencias de mayores de esta provincia, el 94% de ellas privadas, lo que provocó descoordinación entre los centros, que a veces actuaron al margen del protocolo: “La iniciativa de la Administración fue nula o escasa para mantener informadas a las residencias y facilitarles pautas de actuación” frente al coronavirus, reza el decreto del ministerio público, fechado el pasado 27 de octubre. “Las comunicaciones [de la Junta] con las residencias han sido parciales, desestructuradas y dispersas”, censura el fiscal.
En las 172 residencias sevillanas —solo 10 de ellas son públicas— habían fallecido hasta julio 151 ancianos de una población total de 8.016 residentes. El pasado marzo la Junta estaba lejos de tenerlas bajo control para cumplir su misión supervisora: “Desde un primer momento se apreció falta de coordinación entre las distintas Delegaciones [de la Junta] implicadas, Salud e Igualdad, con sus respectivas Direcciones Generales. La información facilitada era incompleta (…) Hay que poner de relieve la gravedad de la falta de un conocimiento completo de las residencias de Sevilla y provincia por parte de la Administración”, censura el informe, avanzado este domingo por la cadena SER. Durante su investigación, el ministerio público exigió a la Junta un listado de las residencias, pero el que recibió era incompleto y algunos centros en funcionamiento no aparecían.
La Fiscalía, que abrió diligencias civiles y no ha apreciado delito en la gestión de las residencias sevillanas, destaca el desbarajuste en la actuación inicial para frenar al virus: “Muchas residencias actuaron por propia iniciativa, sin comunicación directa con la Administración. Las respuestas [de la Junta] sobre las órdenes, requerimientos y comunicaciones antes y durante la pandemia han sido difusas”.
La mayoría de las residencias de mayores no recibió comunicación alguna hasta el mismo día de la declaración del estado de alarma, “incluso con posterioridad”, subraya el informe. “La mayor parte actuó por propia iniciativa, algunas incluso cerraron sus puertas a familias y terceros antes del estado de alarma, ante el pánico generado por las noticias de los medios de comunicación”.
La Fiscalía critica asimismo que el Ejecutivo autonómico retrasara casi un mes la realización de test a los ancianos residentes: “Esta tardanza provocó una respuesta ineficaz por los facultativos en las residencias. No conocían qué persona estaba infectada (…). Durante un mes solo pudieron separar a los que presentaban síntomas. La tardanza fue decisiva para la toma de decisiones”, refleja el informe.
Durante las primeras semanas de pandemia, los profesionales sociosanitarios de las residencias, así como los residentes, padecieron un “absoluto desabastecimiento” de mascarillas o equipos de protección individual, aunque las quejas de los encargados de las residencias fueron resueltas en la mayoría de los casos.
El ministerio público subraya asimismo la discriminación de la Junta hacia las 41 residencias de personas con discapacidad, ya que en alguna de ellas “se tardó hasta tres meses” en realizar test a los residentes, mientras que en las residencias de mayores el retraso nunca superó un mes. El fiscal Norberto Sotomayor, que firma el decreto, denuncia que algunas de estas residencias “eran desconocidas” para la Administración.
El fiscal recomienda a la Junta la creación de un canal de comunicación con todos estos centros “de manera ágil y eficaz”, una mayor dotación de personal con formación sanitaria en las residencias, que deberían contar con zonas de aislamiento y sistemas de comunicación con imagen y sonido para garantizar “la tranquilidad de residentes y familiares”. El informe concluye: “Hay que insistir y exigir un mejor cumplimiento en las residencias respecto a historial sanitario, prescripciones, contenciones y control judicial de ingresos”.
En Andalucía han muerto 982 ancianos (79 en el último mes) en 665 residencias, el 33,7% del total de víctimas mortales por covid en la región, y 5.130 han resultados contagiados.
Un servicio de inspección “insuficiente”
La Fiscalía de Sevilla critica los recursos destinados por la Junta para el servicio de inspección de las residencias de mayores, dada su “manifiesta escasez de medios humanos (…) insuficiente para poder desarrollar una labor inspectora eficaz”. El ministerio público subrayó a diversas residencias sus graves deficiencias y al ser subsanadas evitó considerarlo delito. En 2019 los inspectores de la Junta visitaron solo 11 de las 16 residencias que tuvieron ancianos fallecidos, y presentaban “incumplimientos graves”: falta de simulacros de incendios, ausencia de autorización definitiva, mala señalización en caso de peligro, incumplimiento de ratios de personal o falta de seguro obligatorio.
A pesar de los incumplimientos, “clamorosos” respecto a los planes de emergencia por incendio, los inspectores evitaron sancionar y se limitaron a iniciar dos propuestas de expedientes sancionadores. En cambio, el fiscal se inclina por prohibir su apertura: “No parece adecuado que se pueda permitir el funcionamiento con supuestos de graves incumplimientos”.
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