Los casos se disparan un 148% en un mes en las residencias andaluzas: “Los trabajadores tienen miedo y están agotados”

Cuando el 5 de octubre la Junta de Andalucía tomó la decisión de medicalizar la residencia Caridad y Consolación de Jaén, tenía 78 positivos por covid. Casi un mes después, el 3 de noviembre, los casos ascendían a 162 —113 residentes y 49 trabajadores— y se contabilizaron 29 fallecidos. El centro tiene un total de 134 plazas. La de la capital jienense es una de las 293 residencias andaluzas en las que se han detectado focos de covid en esta segunda ola, según los últimos datos oficiales, del 4 de noviembre, publicados en el boletín oficial de la comunidad. Es un ejemplo del crecimiento desbocado de los contagios que ha llevado a esta comunidad a liderar el incremento de infectados en estos centros sociosanitarios en la segunda ola. Hay 2.009 mayores y 1.010 trabajadores contagiados, frente a los 809 y 369 registrados el 6 de octubre. Las infecciones entre residentes han subido en un 148,33%.

La principal diferencia entre la primera ola —donde se alcanzaron los 3.021 casos confirmados— y la segunda es, según explicó el pasado miércoles en sede parlamentaria el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que ahora la mayor parte de los contagios provienen de los profesionales y que muchos de los casos positivos son asintomáticos o poco sintomáticos. Desde la Junta se hace hincapié en la baja cifra de fallecidos en sus residencias en comparación con otras comunidades autónomas. En total han muerto 982 ancianos (79 en el último mes), el 33,7% del total de víctimas mortales por covid en la región.

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Pero el número de contagios está disparado. El acumulado de mayores que han dado positivo llega ya a los 5.130, según las últimas cifras facilitadas por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. “Los trabajadores tienen miedo y están agotados, si ya pocos quieren trabajar en residencias porque se cobra menos que en la Sanidad Pública y el material es peor, para ir a un foco de contagio con contratos de poca duración, menos”, explica Cristóbal Arjona, secretario del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) en Andalucía. Las plantillas de estos centros están muy mermadas, tanto por los infectados como por quienes deben guardar cuarentena, coinciden todos los consultados. El 25% del total de auxiliares que trabajan en centros de mayores en esta comunidad se ha visto afectado por el coronavirus, según los datos que maneja el SAE.

Desde CSIF-Andalucía, el sindicato mayoritario en la Administración andaluza, han denunciado la situación en la que se encuentran las 14 residencias de mayores de titularidad y gestión directa de la Junta. “Funcionan a golpe de improvisación y el personal está exhausto”. La organización advierte de los “turnos de 12 horas” que deben realizar y de la cantidad de profesionales en situación de baja temporal por haberse contagiado o haber mantenido contacto estrecho con algún positivo. Aunque esos puestos se cubren, el sindicato señala que se tarda varios días en hacer efectivas las sustituciones. Martín Durán, presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), advierte de las dificultades para atender a los ancianos en la segunda ola. “La mitad de la plantilla debe encargarse de los residentes que, en muchos casos, al estar también contagiados, requieren de cuidados más especializados y acaban agotados”, asegura.

La Consejería de Salud remitió el 27 de octubre a los directores de los 665 centros de mayores de la comunidad unas “propuestas de mejora para evitar la aparición y extensión de brotes en residencias”, entre las que se recomienda que se organicen grupos estables de convivencia de residentes —como los grupos burbuja de las escuelas— a los que se asignarán trabajadores, para identificar los contactos estrechos, ya que la realización de pruebas PCR, en caso de que haya un positivo, se circunscribirá, según el documento, a los residentes y personal que formen parte de esos grupos estables o hayan sido contactos estrechos del caso confirmado.

La Junta precisa, sin embargo, que si no se pueden establecer grupos de convivencia o existe “la más mínima duda”, se realizarán test PCR a todos los residentes y, si no puede garantizarse que los resultados estén en 24 horas, se simultanearán con test de antígenos. Esto fue lo acordado el pasado agosto entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad: que en caso de brote se realizaría un cribado a todos los residentes. En la práctica, según recalcan patronal y sindicatos, se realizan PCR a los que han tenido una vinculación directa con el caso positivo y cribados aleatorios entre el resto de los usuarios.

Durán asegura que la propuesta de la Junta de establecer grupos estables de convivencia no puede aplicarse en la mayoría de las residencias “por falta de espacio y personal”. Cuando los trabajadores han finalizado una cuarentena tampoco se les hace una prueba antes de reincorporarse a la residencia, aseguran tanto Durán como los sindicatos consultados. “Nosotros estamos a pie de cama con los residentes, no solo para atenderles o asearlos, también para darles conversación y no nos sentimos seguros sin pruebas generalizadas”, señala Arjona.

Desde la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología tampoco comparten que se restrinja la realización de pruebas para detectar la covid solo a quienes hayan sido contacto estrecho de un positivo, teniendo en cuenta que se trata de personas que son grupo de riesgo. “El quid de la cuestión está en hacer las máximas pruebas posibles a todos los residentes y a todos los que hayan estado en contacto para saber cuanto antes quién está contagiado”, explica su presidente, el doctor Javier García Monlleó.

Cuando se detecta un posible caso positivo, el protocolo de la Junta determina que el centro debe ponerse inmediatamente en contacto con una enfermera de enlace, que es quien acude a la residencia junto con el médico de familia del centro de salud al que está asignado para hacer la valoración. “A veces desde que se realiza la llamada hasta que llegan los profesionales pasan hasta tres días y es un tiempo precioso en el que se pueden extender los contagios”, asegura Durán. “La atención primaria está desbordada y no hay profesionales suficientes para atender todas las necesidades”, corrobora Antonio Macías, desde UGT.

La falsa panacea de la medicalización

Cuando el número de contagios es alto o hay escasez de personal sanitario, el siguiente paso es medicalizar las residencias. En Andalucía, desde el 14 de septiembre se han medicalizado 40 centros sociosanitarios y se han habilitado ocho centros de evacuación. La intervención médica de las residencias sin garantizar el traslado de los usuarios contagiados a hospitales u otros centros intermedios a los que poder trasladar a los contagiados es otro de los puntos que critican los expertos consultados. “Las residencias no son hospitales, hay que garantizar que tengan unos mínimos necesarios si carecen de medios suficientes, pero no pueden funcionar como centros hospitalarios”, advierte García Monlleó.

La presión hospitalaria en Andalucía ha batido los récords de la primera ola en la semana pasada, pero durante el verano, cuando el porcentaje de camas ocupadas por pacientes UCI era pequeño, los sindicatos y FOAM reclamaron la conveniencia de trasladar a los ancianos positivos a los hospitales u a otros centros habilitados para atenderlos para evitar que convivieran con quienes no estaban contagiados. “A los familiares se les da la falsa sensación de que los residentes están atendidos [en las residencias], pero los recursos también son escasos”, advierte Durán. Las indicaciones de la Junta son de un médico por cada 50 residentes confirmados y una enfermera por cada 25 confirmados.

Temor a que falte material

En su denuncia, CSIF menciona de manera expresa la situación en el centro residencia de Huerta Palacio, en Dos Hermanas (Sevilla), una de las 14 residencias públicas de Andalucía, en la que reside la abuela de Nicolás López. Ese centro prohibió las visitas el pasado 5 de septiembre debido a la alta propagación del virus en la localidad. El 31 de octubre se declaró un brote que afectaba a cuatro ancianos y dos trabajadores. Dos días después, los positivos ascendían a 14. Este fin de semana supieron que había un fallecido, un hospitalizado y 20 contagiados.

Los familiares temen además que los trabajadores no dispongan del material adecuado. “Tras la primera ola se comentó que había escasez y nos ofrecimos a crear un fondo o a proporcionarlo nosotros, pero desde la dirección del centro no aceptaron ayuda externa”, explica López. Durante el confinamiento la compra de material se centralizaba a través de un sistema que dependía de la Consejería de Igualdad. En la desescalada se denunció que la compra de mascarillas, batas o equipos de protección individual volvía a correr a cargo de las residencias y que las más pequeñas no tenían medios económicos suficientes. Desde la Consejería de Salud se insistió a este diario en que siempre podían reclamarlas a través de la enfermera de enlace si no podían abastecerse. “La situación no es como en la primera ola, ahora hay más material, pero te recomiendan que utilices una FFP2 el mayor tiempo posible”, advierte Arjona.

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