Los casos en residencias se triplican en dos meses entre el miedo al colapso sanitario

El miedo ha vuelto a las residencias de mayores. El coronavirus se cuela de nuevo en estos hogares, que han visto un notable incremento de casos positivos desde el verano. Hay al menos 6.300 contagios activos, según datos del final de la semana pasada recopilados por EL PAÍS de la mayoría de comunidades —tres no facilitaron cifras ni se pueden encontrar en sus webs—. Dos meses atrás, a finales de agosto, los contagios eran tres veces menos.

Las residencias, que estuvieron en el ojo del huracán en primavera, miran de reojo la situación en los hospitales, cada vez más saturados. Con la pandemia desatada, lo que los expertos llaman transmisión comunitaria descontrolada, las probabilidades de que el virus atraviese sus puertas aumentan. La situación, explican, está mucho más controlada que en la primera oleada, pero temen que, si el sistema sanitario colapsa, los mayores sufran las consecuencias. Casi tres de cada 10 camas UCI están ocupadas solo por pacientes de coronavirus, con comunidades que se acercan ya al 50%, como Aragón, o que lo superan, como La Rioja. La pasada primavera, muchos mayores fallecieron en sus residencias al no poder ser trasladados a unos hospitales desbordados.

La situación de ahora no tiene nada que ver con la de entonces, aducen los centros. Ahora disponen de equipos de protección individual y es posible diagnosticar los casos, incluso los asintomáticos. Algo impensable hace meses, cuando iban a ciegas, tratando de frenar la entrada de un virus que se les había colado antes de que saltara la alarma en España. Algo en lo que hacen especial hincapié es que, por el momento, no está habiendo problemas para derivar los casos que lo requieran al hospital. La mayoría de mayores fallecen fuera de las residencias. En Navarra, por ejemplo, de los 54 decesos de residentes contabilizados desde el 1 de julio, 35 murieron en hospitales. Quienes fallecen en los centros suelen ser personas en situación terminal, para quienes no es recomendable un traslado, explica Cinta Pascual, presidenta de la patronal Ceaps (unas 2.000 residencias).

Los expertos como Joan Caylà, de la Sociedad Española de Epidemiología, alertan del peligro de que el virus se propague en los centros. “En Cataluña el grupo de edad donde se producen más infecciones es el que va de los 20 a los 29 años, pero también vemos que se va infectando gente cada vez más mayor. Si el virus pasa de forma masiva a las residencias sería un desastre”, asegura. Según los informes del Instituto de Salud Carlos III, el porcentaje de mayores de 70 años contagiados ha crecido ligeramente en los últimos dos meses: suponían el 9,7% el 3 de septiembre, y ahora ya son el 11%. El porcentaje de defunciones en los mayores de 79 que contraen la enfermedad también ha crecido, del 5,7% al 9,3%.

“En gente muy mayor la letalidad aumenta mucho. Si el virus penetrase ahora masivamente veríamos que la letalidad aumentaría de forma importante”, dice Caylà. “Y cuidado, porque ya estamos en una cifra global de muertes diaria de más de 100. Todo el mundo lo asume como algo normal pero si lo hubiéramos hablado el año pasado habríamos dicho que esto en España, país desarrollado, no puede ocurrir. Pero esta cifra puede aumentar más”, alerta. El epidemiólogo recuerda que “históricamente las residencias siempre han estado muy limitadas de personal, y alojan a una población que requiere muchos cuidados”. Las escasas ratios y bajos salarios son una de las principales reclamaciones de los sindicatos. El epidemiólogo recuerda, además, lo difícil que es mantener estos lugares aislados del virus: “Los trabajadores están ocho horas, se van a su casa, vuelven al día siguiente… Hay entradas y salidas del personal, visitas, personas que van a llevar suministros”.

La única información centralizada que facilita el Gobierno muestra un rápido incremento de los contagios. El informe del viernes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias reflejaba un aumento del 81% en los nuevos casos diagnosticados relacionados con brotes, en comparación con la semana anterior: 2.326 frente a 1.281. Estos datos son útiles para ver la evolución de la pandemia en estos hogares, pero no capturan la magnitud de los contagios: los casos activos que figuran en las estadísticas de las comunidades son muchos más. Y ello a pesar de que, según el protocolo de Sanidad, un solo caso en una residencia se considera brote, por lo que debería informarse de él al ministerio.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, critica que el país esté inmerso en una segunda oleada sin conocer los datos de la primera. El Gobierno sigue sin divulgar la cifra, pese a que Pedro Sánchez se comprometió a hacerlo en mayo. El Ministerio de Sanidad llegó a barajar en un documento interno una cifra (27.359 fallecidos por cualquier causa, de ellos 9.003 con confirmación de covid-19 y 9.830 con síntomas compatibles), pero en ese informe lamentaba la mala calidad de los datos de las autonomías.

Alerta temprana

“No tenemos un sistema de alerta temprana, ni hay un protocolo común que unifique los mecanismos de coordinación entre sanidad y servicios sociales”, explica Ramírez. El pasado septiembre, el Ministerio de Derechos Sociales publicó un documento en el que recoge los mecanismos de coordinación sociosanitaria de las comunidades. Pero son diferentes en cada autonomía. Ramírez sigue enumerando las reivindicaciones que realiza desde hace meses: “No todas las comunidades han creado corredores seguros, centros a los que trasladar a los mayores contagiados, para poder sacarlos de las residencias y que allí continúe la vida de la forma más normalizada posible. Tampoco se ha aumentado en un solo euro la financiación de la dependencia en este tiempo”.

“En la primera oleada nos cayó un meteorito. No nos puede caer otro”, resume Andrés Rueda, presidente de Ascad, asociación que agrupa a unas 250 residencias catalanas. En esta comunidad, los contagios activos han pasado de 158 a final de agosto a 1.174 a final de octubre. En España hay cerca de 373.000 plazas en unos 5.400 centros, según una estimación del CSIC. Pero es imposible comparar los al menos 6.300 contagios activos actualmente con los registrados en la primera oleada. Cada autonomía informa como considera, no hay datos homogéneos. Pero las cifras sí permiten apreciar que, tras el incremento en los contagios, llega una subida en las muertes. El 20 de octubre, la mitad de los 42 fallecimientos en Andalucía correspondió a mayores de residencias. Los 134 fallecidos en estos centros en Aragón entre el 31 de agosto y el 29 de octubre suponen un tercio de los registrados en ese periodo en la comunidad.

Rueda afirma que han percibido que en las últimas semanas el virus es más agresivo en los centros. “Un gran problema que nos estamos encontrando es la falta de personal, que se contagia o tiene que guardar cuarentenas”, apunta. El Gobierno ha flexibilizado, de hecho, los requisitos para contratar en estos centros. “Cuando entra el virus, en tres o cuatro días es un caos”, añade Rueda. Una mascarilla que se moja cuando se ducha a un anciano, o que se mueve al levantarlo de la cama o al vestirlo puede ser el inicio de la infección. O un descuido. Las causas de la entrada del virus son múltiples. Pero hay dos vectores de contagio, fundamentalmente: trabajadores y visitas.

Estas últimas están siendo restringidas en muchas comunidades, especialmente en los centros con casos. La situación no es homogénea. En La Rioja están suspendidas, por ejemplo, mientras que en Bizkaia, pese al confinamiento perimetral que afecta a los municipios, se considera que una visita en una residencia es equiparable al cuidado de dependientes.

Aislamiento

“Nos preocupa el aislamiento y sus consecuencias en los mayores”, explica Juan José García Ferrer, secretario general de la patronal Lares, que agrupa a unos mil centros gestionados por entidades sin ánimo de lucro. “No solo mueren de covid, también mueren de pena”, explica. Rueda defiende, sin embargo, que durante dos o tres semanas, un periodo clave para frenar el avance del virus, se limiten todo lo posible: “La clave es la comunicación con las familias. Tienen derecho a tener información y, si la reciben, son las primeras que colaboran, pero si no, es lógica la angustia”.

En lo que son unánimes es en la necesidad de realizar test periódicos a los empleados. A mediados de agosto, Sanidad y las autonomías acordaron como recomendación (es decir, que no lo impusieron) pruebas quincenales a los empleados. De nuevo, la situación es muy variopinta en función de la comunidad. En Baleares y en Galicia aseguran que se realizan cada 15 días a los trabajadores. En Extremadura o Aragón, no.

Reglas básicas para contener los contagios no pueden cumplirse en estos centros. “No podemos tener todas las ventanas abiertas constantemente, es población muy vulnerable que se puede resfriar fácilmente o coger una neumonía. Los mayores no pueden llevar mascarilla porque el 40% tiene problemas respiratorios, y no podemos evitar el contacto físico con los cuidadores. Así que hay que buscar soluciones”, asegura Pascual, de Ceaps. Por eso pide test de antígenos semanales, igual que García Ferrer (de Lares): “La posibilidad de contagio se multiplica en función de la situación del entorno. Y los trabajadores del sector cobran menos de 1.000 euros al mes. Muchos viven en casas pequeñas”. Insta a proteger a los empleados, sometidos a un gran estrés. “Si comparamos la situación con la de hace 20 días, se han multiplicado los casos. No tiene nada que ver con la primera oleada, ha mejorado la coordinación con Sanidad. Pero la mortalidad es elevada en este grupo de población”, continúa Pascual. “Es muy duro estar constantemente con el miedo en el cuerpo”, dice. La inquietud existe y existirá, prosigue.

De momento aguantan. El problema es que el sistema sanitario vuelva a colapsarse. Y concluye García Ferrer: “La atención primaria y los hospitales no se han reforzado. Tememos que, si ocurre, las residencias de mayores vuelvan a ser las perjudicadas”.

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