Las razones por las que España actúa más tarde que sus vecinos para frenar al coronavirus
Motivos económicos, políticos, sanitarios y sociales explican que fueran necesarios más casos que en otros países para implementar algunas restricciones
El coronavirus casi siempre ha ido un paso por delante en España con respecto al resto de Europa. Si en la primera ola estuvo entre los países en los que más rápidamente crecieron los contagios, en la segunda fue líder indiscutible. Pero Europa ha ido con frecuencia un paso por delante a la hora de tomar medidas para frenar al virus. Alemania, probablemente el país de la UE que mejor ha controlado la pandemia, decidió cerrar la hostelería antes de que la incidencia superara los 200 casos por 100.000 habitantes. En España, que rebasa los 500, son minoría las comunidades autónomas que se han decidido a hacerlo. Irlanda, Reino Unido, Portugal, Grecia han decretado confinamientos antes de llegar al medio millar, si bien hay otros en los que esta medida extrema ha llegado con más positivos.
En lo que coinciden la gran mayoría de los expertos consultados en los últimos meses por este periódico es que España siempre ha ido por detrás del virus. Y que ha reaccionado más tarde que otros países: no ya que los asiáticos, que son el modelo que todos los gobernantes miran pero pocos se atreven a imitar, sino también con respecto a los del entorno más cercano en esta segunda ola. ¿Por qué sucede esto?
No hay una sola respuesta, como tampoco un único indicador en el que fijarse: la incidencia es orientativa, pero a la hora de tomar medidas también hay que comprobar otras, como la capacidad asistencial, la población, las tendencias, la capacidad de rastreo.... Pero si España, en términos generales, llega más tarde, seguramente se deba a una combinación de factores, a los que apuntan media decena de expertos en salud pública, politólogos, sociólogos y economistas preguntados para este reportaje: una falta de una agencia independiente que guíe las actuaciones, primar economía, la propia estructura económica, las tensiones políticas entre el Gobierno central y los autonómicos y la coyuntura social del país.
Razones sanitarias
En España hay “una relación inmadura entre ciencia y política”. Así lo afirma Fernando García Benavides, catedrático de Salud Pública en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. “Nos cuesta trabajo respetar el ámbito del otro”, señala. Esto ha llevado, en su opinión a “perder un tiempo precioso” para fortalecer los sistemas de prevención y rastreo o poner en marcha una evaluación de políticas en la primera ola que sirviera para actuar en la segunda, como solicitó un grupo de científicos en la revista The Lancet.
Otro factor que señalan varios expertos es que España ha carecido de una agencia de salud pública con los medios técnicos adecuados y con la independencia necesaria para publicar datos y recomendaciones basados en la evidencia científica. Miguel Hernán, catedrático de epidemiología de la Universidad de Harvard, asegura que una agencia de este tipo habría advertido “inequívocamente” en junio sobre la insuficiencia de las capacidades estratégicas para la gestión pandémica y entre finales de julio y principios de agosto sobre “el inminente peligro” del resurgimiento del coronavirus en varios territorios. “En lugar de eso, la población recibió mensajes de complacencia”, afirma.
Razones políticas
Varios politólogos señalan que la disputa entre la Administración central y las autonómicas, las dificultades para prorrogar el primer estado de alarma y la dilución de responsabilidades pueden tener un papel en la demora de algunas decisiones. “Con un Gobierno débil, con dificultades para aprobar las últimas prórrogas y con disputas de líderes autonómicos, que son los que hacen oposición entre ejecutivos, el Gobierno central quiere devolver la jugada cediendo la responsabilidad a las autonomías y estas le salen respondonas e irresponsables, cosa que ya sabíamos de antemano, porque a sus líderes (todos) les encanta gastar y pedir pero no dar malas noticias”, apunta Javier Lorenzo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. “Colegiar la decisión mitiga el reparto de culpas y culpables pero no implica necesariamente mejores decisiones. No se ha invertido en recursos necesarios, no se han previsto planes de actuación ante potenciales escenarios. Esto es un error político de quienes ocupan las instituciones, por falta de liderazgo, de responsabilidad y de madurez de la responsabilidad que supone el cargo que ocupan. Partidos muy débiles, con liderazgos muy débiles que buscan más el efecto a corto que gobernar y asumir las consecuencias”, añade.
Aunque la descentralización no tendría por qué ser un obstáculo, si no se gestiona bien sí puede ralentizar las decisiones, según opina Piotr Zagórski, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. “Una gobernanza compartida es algo más lenta en su respuesta, ya que hay que consensuar las decisiones que se toman a nivel nacional con las regiones. Y la rapidez de respuesta es algo clave para parar los picos de contagios. La descentralización de la gestión debe ir acompañada de una correcta coordinación a nivel nacional”, explica.
Razones económicas
Cuando se le pregunta a Rafael Bengoa, experto en sistemas sanitarios, sobre la tardanza en tomar algunas medidas, señala la economía: “Estamos intentando hacer economía y control del virus a la vez. En Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda primero han atacado al virus con un segundo confinamiento severo de un mes y luego han empezado a abrir la economía. Todas han dejado de decrecer económicamente y Corea del Sur crece al 1,9%”. En estos países proteger la salud ha traído mejor economía. En España, tratar de proteger la economía ha traído peor salud y peor economía".
No hay que compararse con países asiáticos ni de Oceanía. Si España tarda más en tomar algunas restricciones que sus vecinos se debe, en parte, a su estructura económica. Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, explica que los sectores que requieren más interacción humana (turismo, hostelería…) generan en España entre cinco y seis puntos más de producto interior bruto que la media Europea. “Cualquier medida de restricción produce más rechazo. Incluso antes de tomarla, hay resistencias porque tiene una repercusión inmediata, muy visible, aunque los costes son mucho menores que los beneficios que darían buenas medidas preventivas, como hemos visto en algunos países asiáticos. Es mucho mayor el coste de esperar que el de anticiparse”, asegura.
Razones sociales
Pablo Santoro, profesor en el Departamento de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, cree que las razones sociales no pesan tanto como las políticas en la toma de medidas: “No se ha consultado para nada a la población, que creo que quizá hubiera aceptado antes medidas más restrictivas”. Sin embargo, sí piensa que hay motivos culturales que pueden haber influido en una cierta sensación colectiva, más o menos perceptible durante el verano, de que no se iba a volver a repetir lo mismo de marzo y de que no iba a hacer falta tomar medidas más duras.
Apunta a que el uso de la mascarilla, que sí se hizo obligatorio en toda circunstancia mucho más rápido que en otros países (donde ni siquiera hoy es obligatoria en exteriores, por ejemplo), ha podido dar falsa sensación de seguridad. También el hacer hincapié en la importancia de comportamientos individuales, más que colectivos: “En un sentido relativamente similar a lo que pasó en los primeros años de la epidemia del VIH, considerar que hay determinados colectivos sociales (jóvenes, migrantes, barrios pobres...) que son los peligrosos, y por contraste dar una falsa sensación de seguridad a quien no pertenece a ellos o no se relaciona con ellos”.
Por último, Santoro cita un artículo publicado en mayo en la Revista Española de Sociología que concluye que los españoles tienden más a la conformidad y a la desconfianza, respecto de los demás y del Gobierno. “Quizá esta combinación poco estimulante de conformismo, desconfianza generalizada y poca potenciación del pensamiento independiente haya impedido que hubiera una presión colectiva más fuerte sobre los gobernantes para implantar medidas de salud pública, o en general una perspectiva más crítica y participativa a nivel social respecto de la gestión de la epidemia, sustituida por una creencia en que bastaba con obedecer a las recomendaciones de los expertos, o en todo caso, por una opción partidista por que los míos sí que lo hacen bien”.
Diferentes estrategias en las autonomías ante la pandemia
El Gobierno aprobó el 25 de octubre un estado de alarma que impone un toque de queda en toda España —salvo Canarias— desde las 23.00 a las 6.00, que cada Gobierno regional puede adelantar o atrasar en una hora y durará hasta el próximo lunes. Después, cada región decidirá si lo mantiene. Más allá de esta restricción, el decreto
otorga a las comunidades los instrumentos jurídicos para tomar medidas frente a la pandemia, por lo que las estrategias varían en cada territorio. Así, todas las autonomías, salvo Galicia, Extremadura y las islas, tienen vigente un cierre perimetral que impide a los ciudadanos salir de ese territorio sin causa justificada. Esta medida también se aplica en muchas localidades, como las capitales gallegas, asturianas y aragonesas y en todos los municipios del País Vasco, Murcia, Cataluña, Cantabria, Sevilla, Jaén y Granada, entre otras. Madrid ha optado por cerrar zonas básicas de salud de distintos municipios.
Varias regiones han clausurado la hostelería salvo para adquirir comida para llevar; son Castilla y León, Cataluña, Murcia, Navarra y el País Vasco, además de las capitales gallegas, Logroño y Melilla, mientras que en Cantabria solo se puede consumir en terraza. Murcia y Navarra impusieron esta restricción el sábado. En el resto de las comunidades, en cambio, se puede acceder a bares y restaurantes con restricciones de aforos.
En cuanto a otras propuestas, Castilla y León ha clausurado los centros comerciales, algo que también ha hecho Cataluña, que también aplica un cierre perimetral por municipios los fines de semana. El País Vasco ha impuesto la mascarilla al realizar deporte en los núcleos urbanos y prohíbe la práctica de los deportes de equipo salvo para competiciones profesionales.
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