La oposición aumenta la crítica al Gobierno y dificulta la prórroga del estado de alarma

Los planes de desescalada del Gobierno combinados con la falta de comunicación de Pedro Sánchez con los partidos y las autonomías generaron una formidable bronca política que amenaza con drenar los apoyos del Ejecutivo. El PP dejó en el aire su voto a favor de ampliar el estado de alarma. Ciudadanos elevó el tono de sus críticas. Y los ataques de los nacionalistas van a más, al hilo con el malestar en las comunidades. ERC amenazó con cambiar la abstención por el no, pero el más duro fue el lehendakari Iñigo Urkullu, que rechaza abiertamente una prórroga del estado de alarma y acusa a Sánchez de “no respetar la pluralidad”, apostar por la “tutela permanente” y defender “un modelo de Estado provincial que supone un retroceso centralizador”.

La crítica política va en aumento. En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no encontró este miércoles el menor alivio en ningún grupo parlamentario. Hubo críticas generalizadas —con diversos tonos— al plan de desescalada, aunque no está muy claro lo que propone la oposición como alternativa. Y hubo continuos ataques por la falta de comunicación entre el Gobierno, los partidos y las comunidades cada vez que se toma una decisión importante. La bronca política es ya casi la tónica habitual, pero la novedad es que esta vez puede tener consecuencias: el PP dejó en el aire su apoyo a una nueva prórroga del estado de alarma, Cs no aclaró cuál será su posición, ERC está más cerca del no que de la abstención y el PNV evidenció que su luna de miel con el PSOE va camino de acabar abruptamente.

Con ese clima político aumenta la incertidumbre sobre la aprobación de la nueva prórroga del estado de alarma, que el Ejecutivo tiene previsto pedir la próxima semana. Partidos y Ejecutivos autonómicos criticaron sin ambages al Gobierno por falta de concreción, por desacuerdos en alguna cuestión de fondo como tomar las provincias como referencia y no las áreas de salud y, sobre todo, por la ausencia de diálogo, que ha sido la tónica habitual de La Moncloa en relación con las medidas adoptadas para luchar contra la covid-19.

Urkullu fue el más rotundo. Con las elecciones vascas a la vuelta de la esquina, el lehendakari no se limitó a criticar el plan de desescalada, sino que lanzó duros ataques a Sánchez por un “modelo de imposición” que impide a las comunidades ejercer su capacidad de autogobierno.

Las críticas fueron también la tónica en el Congreso. El líder del PP, Pablo Casado, acusó repetidamente a Pedro Sánchez de “mentir”. El portavoz de Cs, Edmundo Bal, le tildó de “incoherente” y de “no dar la talla”. “¿Cuánto les importa la legislatura?”, preguntó al Gobierno Gabriel Rufián, de ERC, subrayando los apoyos decrecientes de Sánchez. Apenas hubo referencias a los Pactos de San Jerónimo para la reconstrucción, que se antojan muy complicados.

Pero el PSOE y Podemos, además, perdieron una votación, que funcionó como aviso a navegantes de las dificultades que puede tener la coalición para sacar adelante otras medidas. Se convalidó sin problema el decreto-ley sobre violencia de género, pero a iniciativa de Cs los dos partidos que se sientan en el Consejo de Ministros perdieron la votación en la que trataban de impedir que tal decreto se tramite como proyecto de ley. Eso supone que habrá debate y que podrán presentarse enmiendas. Pero sobre todo es una advertencia seria al Gobierno: el malestar creciente se traduce en apoyos parlamentarios menguantes. La semana pasada, la tercera ampliación del estado de alarma salió adelante con los votos en contra de Vox, Junts per Catalunya y la CUP y la abstención de ERC. La cuarta prórroga será más difícil.

La acogida al plan de transición para la nueva normalidad (con sus cuatro fases) fue de todo menos buena. Frente a la batería de críticas, el presidente Sánchez admitió que el Gobierno “ha acertado en algunas cosas y errado en otras”, y asumió los errores “en primera persona”. Tanto el presidente como los ministros optaron por un tono conciliador, pero nadie cogió esa mano tendida. El tono de las críticas fue desigual, pero el desapego hacia el Gobierno crece en el Congreso. “Usted puede elegir hacer el ridículo, pero no nos pida que lo hagamos con usted”, le espetó Casado, uno de los más duros, a Pedro Sánchez.

Sanidad se abrió a la posibilidad de que junto con las provincias haya otras unidades territoriales para proceder a la desescalada, tal y como piden varias autonomías. Y el presidente podría intentar aplacar los ánimos de la oposición con una nueva ronda de llamadas. Pero de momento el malestar es evidente tanto en el Congreso como en las regiones.

Las comunidades

Las principales críticas de las autonomías al plan de desescalada se centraron en la división por provincias: Cataluña, País Vasco, Galicia e incluso comunidades presididas por el PSOE, como la valenciana, Aragón o Castilla-La Mancha, defendieron como más idóneos los distritos sanitarios, comarcales u otras estructuras más acordes con sus organizaciones territoriales. También hubo ataques, especialmente en el caso de las autonomías gobernadas por el PP —y más o menos velados en las socialistas—, por otras razones: el plan se ha aprobado a espaldas de las comunidades y adolece de falta de claridad y concreción, al tiempo que privilegia las zonas urbanas sobre las rurales, según los Ejecutivos autónomos.

Para el socialista Ximo Puig, el marco general trazado por el Gobierno es “razonable” pero hay que concretarlo en cada sector y en cada territorio. Propuso, por ejemplo, medidas para permitir el traslado a las segundas residencias: “La vida no discurre en una provincia”, dijo. Otro presidente socialista, el aragonés Javier Lambán, señaló que la propuesta “no se ajusta a la realidad aragonesa porque no atiende a la especificidad del medio rural”.

El Gobierno andaluz no se siente incómodo con la elección del distrito provincial y, de hecho, propondrá a Sánchez que incorpore a Huelva y Almería a la fase 1 el próximo 4 de mayo, por su bajo nivel de contagio. Ahora bien, la Junta se mostró crítica con Sánchez. “Si a un virus inédito le añadimos incertidumbre y confusión, se genera un grave peligro para la economía”, dijo Juan Manuel Moreno. El gallego Alberto Núñez Feijóo se manifestó contra la prolongación del estado de alarma, que siembra dudas “democráticas” y “legales”.

En la línea de Urkullu, la Generalitat se despachó contra la falta de negociación entre Gobiernos y autonomías: “Coordinación no es enviar unos datos y que el Estado decida qué se puede hacer y qué no”, criticó la portavoz Meritxell Budó. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tildó a Sánchez de “incompetente” y le atribuyó todos sus errores. Ayuso pedía en marzo “tranquilidad”, y decía: “Está todo previsto, son síntomas menores que los de la gripe”. “Mi error fue fiarme de la izquierda”, se justificó.

Mucho menos críticos fueron los presidentes de Baleares, Canarias, o el presidented e Cantabria, Miguel Ángel Revilla El Gobierno ha incorporado algunas propuestas de las comunidades, conceden en privado muchos presidentes autonómicos. Pero en público es menos fácil escuchar voces de apoyo.

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