La presidenta de Infancia Libre, condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por sustracción de menores

El juzgado de lo penal número 23 de Madrid ha condenado a María Sevilla, presidenta de la asociación Infancia Libre, a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores y a la retirada durante cuatro años de la patria potestad. Fue detenida en marzo de 2019 en el municipio conquense de Villar de Cañas, donde se ocultaba con su hijo, que ahora tiene 13 años. Un juzgado había otorgado la guarda y custodia a su padre, Rafael Marcos, en 2017. En marzo de ese año, Marcos denunció la desaparición del niño, con el que no volvió a encontrarse hasta el arresto de la madre. El menor vive con su padre desde entonces. La defensa de Sevilla recurrirá la sentencia.

La asociación Infancia Libre ha estado en el foco mediático desde el año pasado, a raíz precisamente de la detención de Sevilla. Su caso fue el primero de los cuatro que trascendieron vinculados a esta organización, que afirmaba trabajar en defensa de los derechos de los menores. Cuatro mujeres fueron detenidas o llamadas a declarar por la Policía Nacional, en el marco de una investigación tras las denuncias de los padres, que aseguraban que estaban reteniendo a sus hijos y que las madres los acusaban falsamente de abusos sexuales. La unidad adscrita de la Policía Nacional a los juzgados de la plaza de Castilla (Madrid) llegó a sostener en un informe que operaban como una “organización criminal”, apoyándose en los mismos profesionales para perjudicar a los padres y que les fuera retirada la custodia.

Sin embargo, la Fiscalía Provincial de Madrid archivó la causa el pasado enero, al no apreciar datos objetivos que aseguren que funcionaba como una organización ilícita y al considerar que no se había podido establecer una conexión directa entre la entidad y las mujeres que denunciaron a los padres de sus hijos. La mayoría de las denuncias se presentaron en fechas anteriores a la constitución de Infancia Libre o cuando esta ya había dejado de tener actividad.

Independientemente del archivo de esta causa contra la asociación, cada uno de los cuatro casos están sumidos en procedimientos judiciales individuales. Sevilla ha sido la primera integrante de Infancia Libre en ser juzgada, en una vista celebrada el pasado 1 de octubre. La sentencia ha sido notificada este martes a las partes. El juzgado condena también a Sevilla a pagar las costas del juicio y a indemnizar a su exmarido con 5.000 euros, en concepto de daños morales, y declara la libre absolución respecto al delito de abandono familiar reclamado por la acusación particular, que pedía cuatro años de cárcel y la suspensión de la patria potestad durante seis. La Fiscalía había solicitado tres años y seis meses de prisión y la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante cinco años.

Sevilla acusa a su expareja de abusos sexuales al menor. Pero los juzgados no avalaron su denuncia. “Con la sentencia se ha hecho justicia”, sostiene este martes el padre del niño. Vicente Tovar, abogado de la madre, afirma que recurrirán la sentencia ante la Audiencia Provincial y confía en la libre absolución de su defendida, pues asegura que en el momento en que se llevó al niño era ella quien ostentaba la guarda y custodia y no llegó a notificársele el auto por el que se le otorgaba al padre. El letrado explica que ella actuó en todo momento bajo la convicción de que su conducta era justa. “Judicialmente no haré ninguna valoración, acato la sentencia, aunque no es firme. Pero si tuviera que entrar en la cárcel, lo haría con la cabeza muy alta y el corazón lleno de amor. He creído a mi hijo y lo he protegido hasta donde he podido”, sostiene Sevilla.

En la sentencia se señala que “concluir que la acusada no se llevó al menor [en 2017] y lo retuvo con la finalidad última de frustrar el cambio de guarda y custodia que definitivamente pudiera producirse sería absolutamente contrario a la lógica”. Y más adelante se añade: “No estamos ante una sustracción temporal que trate de evitar un posible peligro al menor mientras los tribunales se pronuncian sobre los abusos, estamos ante una sustracción que implica un puro desacato al contenido de resoluciones judiciales que valoraron ese peligro”. Sevilla había aportado en el juzgado una treintena de informes para defender la existencia de abusos. En la sentencia se analizan y se remite a resoluciones judiciales anteriores que ya desestimaron tales acusaciones.

En los hechos probados se constata que “durante el tiempo retenido con la madre”, aunque el niño dejó de asistir a clase “durante largos periodos de tiempo, permaneció matriculado” en centros que autorizaron “un régimen educativo no presencial, no iniciándose expediente alguno de absentismo escolar”. Se añade que “no consta que en este tiempo el menor dejara de recibir asistencia médica necesaria, tampoco que no haya seguido el calendario vacunal”, y que, “aunque la actitud de la acusada con su hijo supuso un mayor aislamiento del mismo en relación a otros niños de su edad, tampoco se ha acreditado que ese aislamiento fuera total y absoluto hasta el punto de no tener ningún contacto social”.

Desde que fue detenida, Sevilla no ha vuelto a encontrarse con su hijo. En un primer auto, el 12 de abril del año pasado, un juzgado le prohibió acercarse a menos de 200 metros del niño, pero el 27 de junio se le dio autorización a reunirse con él en visitas supervisadas en un punto de encuentro. Una decisión ratificada el pasado diciembre. Aún no se han visto. La crisis causada por la covid ha influido en el retraso. El sábado está programada la primera visita.