PSOE y Podemos pactan introducir el veto a la minería de uranio en la ley de cambio climático

Los dos partidos también quieren elevar del 20% al 23% el recorte de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030

Zonas en obras donde está previsto levantar la mina de uranio en Salamanca.
Zonas en obras donde está previsto levantar la mina de uranio en Salamanca.LUIS SEVILLANO

El plazo para la presentación de enmiendas al texto de la ley de cambio climático y transición energética que se tramita en el Congreso desde mayo se cierra este miércoles tras varios aplazamientos. Y entre las enmiendas pactadas por PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que gobiernan en España, figura un nuevo artículo que veta expresamente las minas de uranio en el país y que impediría el polémico proyecto extractivo que se tramita desde hace más de una década en un municipio de Salamanca. Las dos formaciones, además, han acordado presentar otra enmienda para que se eleve del 20% al 23% el objetivo de recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 respecto a los niveles de 1990, como adelantó EL PAÍS. También pretenden que la norma obligue a la aprobación de una futura ley de movilidad sostenible.

Tras la presentación de las enmiendas, los partidos deberán intentar consensuar cómo queda el texto final de esta ley de cambio climático, que debe ser un instrumento clave para que España cumpla sus compromisos internacionales en la lucha contra el calentamiento y también tiene que ayudar a canalizar los fondos europeos del plan de recuperación. Aunque PSOE y Unidas Podemos hayan pactado esas modificaciones, necesitarán recabar apoyos de más partidos durante el resto de la tramitación de la ley, que se espera que pueda estar definitivamente aprobada a principios del próximo año.

“Mi voluntad es que haya el máximo consenso posible, pero intentando que no sea a costa de rebajar la ambición de la ley”, explica Juan López de Uralde, parlamentario de Unidas Podemos y presidente de la comisión de Transición Ecológica del Congreso, el órgano que tramita la norma. López de Uralde ve realista lograr los votos favorables de casi todos los partidos a la ley. “Salvo Vox, que está instalado en la negación, el resto de grupos sí parecen dispuestos”, añade.

En el texto del proyecto de ley que salió del Consejo de Ministros el 19 de mayo rumbo al Parlamento ya se introducía, por ejemplo, el veto a las nuevas explotaciones de hidrocarburos y a la controvertida técnica de la fractura hidráulica o fracking. Ahora, los dos grupos amplían con su enmienda la prohibición a la minería del uranio, una práctica que no está directamente relacionada con las emisiones de gases de efecto invernadero que sobrecalientan el planeta pero que ha generado una importante polémica en España por un proyecto previsto en el municipio salmantino de Retortillo. Si saliera adelante, sería la única mina a cielo abierto de uranio de Europa. Pero en el texto de la enmienda pactado entre PSOE y Unidas Podemos se apunta: “Queda prohibida la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos (...) cuando tales minerales sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles, en todo el territorio nacional".

Lógicamente, la enmienda a la ley no hace referencia directa al polémico proyecto de la mina de Retortillo, que lidera la empresa australiana Berkeley. Pero sí le pone las cosas realmente complicadas. Además de fijar el veto genérico a ese tipo de minería, el texto pactado entre las dos formaciones políticas añade: “Se procederá al archivo de cualquier procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de tales minerales". La empresa está tramitando ahora ante el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y la Administración central precisamente la autorización para una planta de concentrados y el almacén de la mina, un permiso que quedaría archivado cuando se aprobara la ley de cambio climático si esta enmienda sale adelante.

Para justificar esta modificación ambos partidos explican que la minería del uranio da “lugar a unos materiales residuales que tienen la consideración de residuos radiactivos” que permanecen activos durante generaciones y que deberán ser sometidos a “una vigilancia institucional a largo plazo”. Y, en último extremo, “deberá hacerse cargo el Estado” de ese control con “recursos públicos”. Los dos partidos también entienden que la vigilancia se realizará “por un periodo de tiempo indefinido, prácticamente a perpetuidad, por lo que no es posible precisar su coste total ni las eventuales provisiones económicas a exigir a la empresa”. Por último, recalcan que desde hace 20 años “las necesidades españolas de uranio son sobradamente cubiertas en el mercado internacional”.

Más ambición

Otro de los cambios que pretenden introducir afecta a la ambición de la norma, en concreto, a las metas que se plantean para 2030. El recorte global de emisiones de gases de efecto invernadero deberá ser del 23% respecto a los niveles de 1990, frente al 20% que figuraba en el texto que aprobó el Consejo de Ministros en mayo. Además, la enmienda apunta a que se deberá llegar en 2030 al 42% de renovables sobre el consumo final de la energía (lo que incluye electricidad, transporte y usos industriales) frente al 35% que figuraba en el texto inicial. En el caso de la generación de electricidad, un 74% tendrá que ser de origen renovables dentro de diez años —lo que supone cuatro puntos más que en el texto de mayo—. Todas estas nuevas metas pactadas entre Unidas Podemos y PSOE son las que ya figuran en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Entre las novedades más destacadas que pretenden incluir estos dos partidos con sus enmiendas también figura la obligación de que el Ejecutivo elabore una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte, que ya se incluía en el pacto que alcanzaron PSOE y Podemos para gobernar juntos. Además, en otra enmienda se hace una referencia expresa a incentivar el transporte de mercancías por ferrocarril.

Alimentos de temporada y cercanía

Los dos partidos han consensuado otra modificación en la que se establece que las cláusulas de los contratos de la Administración central y sus entes que impliquen la adquisición de alimentos podrán establecer “condiciones especiales" que “primen los alimentos frescos o de temporada, y con un ciclo corto de distribución”. El objetivo es reducir la huella de carbono de esos productos.

Por último, PSOE y Unidas Podemos quieren reforzar la protección de la biodiversidad frente al calentamiento y proponen que la futura ley incorpore la obligación de que los planes de gestión de los espacios protegidos incluyan “un listado de especies y hábitats especialmente vulnerables” frente al cambio climático. Además, esos planes deberán incorporar medidas e indicadores de progreso para paliar esos posibles daños.

Almacenes nucleares sin control municipal

PSOE y Unidas Podemos han pactado otras dos enmiendas que afectan a Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos. La primera establece que las “obras de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desmantelamiento o cualesquiera otras” que realice Enresa y estén dentro del Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno “constituyen obras públicas de interés general” y por lo tanto no estarán sometidas a “ningún acto de control preventivo municipal”. Esto, básicamente, supone que se podrán acometer sin los permisos y autorizaciones municipales. Afectará a la obras de construcción o ampliación de futuros almacenes para residuos nucleares o para los desmantelamientos de las centrales nucleares que cierren. Por lo tanto, de salir adelante esta enmienda, toda la tramitación de los permisos se realizará solo ante la Administración central.

Esta modificación supondrá para los Ayuntamientos afectados la pérdida de una importante fuente de ingresos. La segunda enmienda establece que, seis meses después de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno establecerá los criterios y las condiciones para que se firmen convenios de colaboración entre Enresa y los municipios. Esos convenios deberán “contribuir al desarrollo socioeconómico o ambiental de los municipios y promover la generación de empleo, la actividad económica en sectores vinculados a la transición ecológica, la creación de tejido empresarial local y la lucha contra el reto demográfico, mediante la fijación de la población de estos municipios”.

Sobre la firma

Manuel Planelles

Periodista especializado en información sobre cambio climático, medio ambiente y energía. Ha cubierto las negociaciones climáticas más importantes de los últimos años. Antes trabajó en la redacción de Andalucía de EL PAÍS y ejerció como corresponsal en Córdoba. Ha colaborado en otros medios como la Cadena Ser y 20 minutos.

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