Un juzgado ourensano investiga el posible delito de Adif por despeñar dos vagones al río Sil

El Juzgado de Instrucción número 2 de O Barco de Valdeorras (Ourense) ha abierto diligencias para investigar el posible delito que supuso que, a comienzos de agosto, operarios de Adif arrojasen al río Sil dos vagones de Renfe de un tren que había descarrilado sin víctimas. El juzgado ofrece además a la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta, que ya ha sancionado a Adif con una multa de 35.000 euros, que emprenda acciones por el impacto económico o medioambiental que pudiese haber ocasionado esa acción. Junto a ello pide a la Fiscalía que informe sobre las diligencias realizadas hasta el momento.

La compañía se enfrenta a una multa millonaria por daños al medio ambiente pese a que Adif -que anunció la apertura de expedientes disciplinarios a los empleados que dieron la orden de arrojar los vagones- ha cerrado su investigación concluyendo que el impacto sobre el lecho del río ha sido mínimo. Sostiene el administrador ferroviario que las cajas de grasa de los vagones no han sufrido daño o desperfecto alguno por lo que entiende que no se pudo haber producido filtración al medio ambiente. Una evaluación coincidente con la de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), dependiente del Ministerio para la Transición ecológica, que, no obstante, señaló que Adif carecía de autorización para arrojar los vagones al río y la sancionó con una multa de 50.000 euros.

La asociación ecologista Adega pidió por su parte a la Fiscalía que abriese una investigación por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, advirtiendo que la estructura de los vagones “está compuesta por metales de diverso tipo” y “podría contener materiales o sustancias que son muy peligrosas para el ecosistema acuático, como es el amianto”.

El tren de mercancías que descarriló el pasado 28 de julio de en Sobradelo (Carballeda de Valdeorras) cubría la línea Monforte-Ponferrada en un tramo que transcurre junto al río Sil. El convoy, con 25 vagones, iba vacío tanto de personal como de mercancía, solo ocupado por el maquinista, que resultó ileso.

Varios vagones permanecieron en las vías mientras que otros 11 tuvieron que ser reincorporados a los raíles. Debido a su localización y a los destrozos, dos de ellos no pudieron ser recolocados por falta de espacio para la grúa, por lo que se decidió empujarlos al río, con la intención de sacarlos después aguas abajo. La operación se aprecia con claridad en varios vídeos grabados por vecinos de la zona y que se hicieron virales en las redes sociales.

El suceso originó una tormenta política, con duras acusaciones de la Xunta de Galicia al Gobierno central, y el compromiso del Ministerio de Transición Ecológica de que abriría una investigación y se repararían todos los daños medioambientales causados