El Supremo de Estados Unidos frena un intento de restringir el derecho al aborto

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó este lunes que la dura ley que restringe el aborto en Luisiana viola el derecho de las mujeres al acceso a la interrupción del embarazo amparado por la Constitución. Es la primera vez que el Alto Tribunal se pronuncia sobre un caso relacionado con este asunto desde la llegada de los dos jueces conservadores elegidos por Donald Trump. Por cinco votos a favor y cuatro en contra, la máxima autoridad judicial estadounidense derogó la normativa aprobada por el Estado en 2014 que obligaba a los médicos a practicar el aborto en clínicas que estuviesen ubicadas a menos de 48 kilómetros de un hospital general, requisito que, en la práctica, obligaba al cierre de muchos centros. El voto del presidente del órgano judicial, John Roberts, considerado conservador, inclinó la balanza hacia el bloque más liberal.

Dos médicos de Luisiana y una clínica presentaron una demanda para derogar la ley, denunciando que esta dejaba una sola clínica, que cuenta con un único doctor, para practicar sus servicios a las casi 10.000 mujeres que interrumpen voluntariamente sus embarazos cada año en el Estado. Luisiana justificó la medida mencionando los riesgos en caso de complicaciones y la consecuente necesidad de transferir a las pacientes a hospitales vecinos. Sin embargo, los magistrados consideraron que la normativa viola el derecho amparado en la sentencia conocida como Roe versus Wade, que en 1973 estableció que el aborto era un derecho constitucional protegido por la enmienda 14ª de la Constitución.

Los demandantes defendían que el Supremo derogó una ley muy similar de Texas en 2016. Pero en aquel caso el voto decisivo fue el del juez Anthony Kennedy, quien fue reemplazado hace dos años por el conservador Brett Kavanaugh. Las expectativas sobre el voto de Roberts eran bajas porque en los dos últimos casos relacionados con el aborto, el presidente del Alto Tribunal había fallado a favor de las restricciones. “El resultado en este caso obedece a nuestra decisión de hace cuatro años de invalidar una ley de Texas casi idéntica”, escribió el juez Roberts.

El dictamen supone una victoria clave para los defensores del derecho al aborto durante la Administración de Trump, bajo la cual varios Estados han liderado una cruzada para reducir las opciones de las mujeres a la hora de interrumpir sus embarazos y más de una docena de Estados conservadores han aprobado o discutido leyes que limitan el acceso, pero los tribunales inferiores se han encargado de bloquear estas normas, como las de Georgia, Dakota del Norte y Arkansas, antes de que entren en vigor. El pasado octubre un juez federal logró paralizar la ley aprobada en Alabama, que se iba a convertir en una de las más restrictivas del país, penalizando la interrupción del embarazo como delito grave en cualquier etapa del embarazo —incluso en los casos de incesto o violación—. Solo permitía aplicar el procedimiento cuando la vida de la madre estuviese en “grave” peligro o el feto presentara una anomalía letal que pudiera causarle su muerte al poco tiempo del nacimiento.

Durante la primera campaña presidencial, Trump se comprometió con las organizaciones antiaborto a elegir solo jueces “provida” para el Supremo. Y así lo ha hecho con las elecciones de los jueces Neil Gorsuch y Kavanaugh. Pero la presencia de estos no fue suficiente para que el Supremo obviara el derecho constitucional. La Casa Blanca lamentó enseguida el “fallo desafortunado” del órgano judicial. “En lugar de valorar los principios democráticos fundamentales, los jueces no elegidos se entrometieron en las facultades soberanas de los Gobiernos estatales al imponer sus propias preferencias políticas a favor del aborto para anular las normas legítimas de seguridad” para la interrupción del embarazo.

Desde que llegó al poder, Trump ha avanzado en su propósito de dificultar el acceso al aborto. Cuatro días después de asumir el cargo, el mandatario republicano recuperó una ley que prohibía a las ONG y proveedores sanitarios en el extranjero utilizar fondos del Gobierno estadounidense para asesorías a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. También anuló una ley que obligaba a los empleadores a incluir métodos anticonceptivos en el plan de salud ofrecido a sus trabajadores y anunció una reforma al Título X, un programa de planificación familiar que atiende cada año a cerca de cuatro millones de mujeres de bajos ingresos. La reforma, publicada en febrero de 2019 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, está entrampada en una batalla legal. Si sale adelante, los médicos y hospitales no podrán derivar a sus pacientes a clínicas para practicar abortos.

Varios fracasos consecutivos para el presidente

No ha sido una buena temporada de fallos para los conservadores. A pesar de que los jueces liberales están en una desventaja de cuatro sobre cinco, el Tribunal Supremo de EE UU ha votado a favor de las posturas progresistas en casos de suma relevancia. El 15 de junio el máximo órgano de Justicia prohibió la discriminación en el trabajo por razón de orientación sexual, dando un fuerte espaldarazo a los derechos de los gais. Días después, el Alto Tribunal rechazó eliminar la protección legal para 700.000 jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos, amparados por el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Este fallo indignó al presidente Donald Trump, quien anunció que volverá a plantear el caso para cancelar el programa migratorio que beneficia a los conocidos como dreamers (soñadores). El mandatario republicano también hizo una pregunta abierta a través de la red social Twitter: “¿Tenéis la impresión de que no le gusto al Tribunal Supremo?”