La desidia del vicepresidente

Jamás pensé que tendría que dirigirme a usted, Pablo Iglesias, como ministro en estos términos. Me ilusioné el día que elevaron el rango de los derechos sociales a vicepresidencia y nombraron a una persona con un liderazgo potente, que pronosticaba por su fuerza e influencia que se pondrían en la agenda pública los servicios sociales como cuarto pilar del Estado del bienestar social.

Confiaba (todavía confío) en que todos los predicamentos sobre el bien común, el compromiso con los más vulnerables y el entusiasmo de una persona novel en la gestión de gobierno iban a tener la impronta de posicionar los servicios sociales y el sistema de la dependencia en la prioridad política. Y llegó la crisis sanitaria que nos deja la crisis social más grave que nos ha tocado vivir.

Ahora, cuando esperábamos que esa esperanza se convirtiera en realidad, justo en el momento de reforzar los servicios sociales, cuyos usuarios pasarán antes de final de año de seis millones de personas a diez millones, usted permite y respalda con su actitud que desaparezca la prometida y cacareada aportación de mil millones de euros al sector procedentes del fondo social. Algo rayano en el desprecio que, comprenderá, resulta inasumible por los más de medio millón de trabajadores y trabajadoras del área y altamente lesivo para las personas usuarias que, confíen o no en usted, nos necesitan.

Actualmente el sistema de la dependencia está en la UCI. Todos los indicadores muestran una caída estrepitosa, registrando unos valores muy inferiores a los de comienzos del año. Durante 2020, 24.554 personas fallecieron en las listas de espera: 17.139 en el limbo de la dependencia, dependientes a quienes se les había reconocido el derecho a una prestación y no se les atendió, y 7.415 que lo habían solicitado y ni siquiera se les valoró.

Se mantiene el recorte acumulado de 5.864 millones de euros desde 2012 en el sistema de atención a la dependencia y se discursea sobre la importancia de no dejar a nadie atrás. Pues sí, en España 164 personas mueren al día en las listas de espera de la dependencia. Imagine el sufrimiento de no poder contar con las prestaciones y servicios a los que tienen derecho. Se impone, es absolutamente imprescindible, tomar medidas urgentes para no abandonar a las 404.159 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento.

Y lo más dramático, las residencias, el ojo del huracán de este cataclismo que nos está tocando vivir. Abandonadas a su suerte, soportando el intento de criminalización. Es bien sabido que las residencias de mayores son lugares donde la covid-19 ha hecho estragos. La edad de quienes las habitan (en su mayoría más de 80 años), la fragilidad de su salud y la convivencia en un mismo entorno hacen que constituyan uno de los escenarios más expuestos a la enfermedad y a su contagio, y que sus consecuencias sean más letales.

En este escenario, los responsables de los centros residenciales y, de manera especial, sus trabajadores y trabajadoras, han tenido que desarrollar su labor sin recibir los medios materiales (equipos de protección individual) para prevenir riesgos para ellos mismos y para los residentes, ni los test, ni apoyo sanitario por parte de un sistema de salud desbordado.

Dejen de tirarse los muertos a la cabeza. No se puede plantear una solución a este reto al que nos impele la sociedad desde los intereses económicos (empresas), corporativistas (sociedades y colectivos que defienden una profesión) o políticos (con estrategias cortoplacistas mirando los votos). No se pueden ni deben admitir ocurrencias, ni banalizar sobre un tema tan trascendente, y menos en este momento (que si todas públicas, que si el modelo nórdico, o el de Singapur…). Pónganse y pongan a sus equipos a trabajar en alternativas serias y decentes para la gente que depende de ustedes, que depende de nosotros como servidores públicos.

En este contexto, debe comprender usted que sorprenda y diluya la confianza de la que hablaba al principio el hecho de que este jueves presida el Consejo Territorial —el máximo órgano de coordinación y toma de decisiones con los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas (un consejo que en estos tres meses apenas se ha reunido)—, y que se despache con asuntos de trámite de carácter ordinario como todos los años. No hay ni un solo punto del orden del día sobre dependencia, ni sobre residencias, ni sobre servicios sociales de atención primaria, ni nada novedoso que no hiciera cualquier Gobierno en otras situaciones.

Debe hacerse consciente de que está usted obligado a ejercer como ministro y gestionar sus competencias, ahora más que nunca, en esta materia tan sensible precisamente en estas circunstancias. Un gobernante que quiere alcanzar el nivel de “político de Estado” debe demostrar su capacidad para ser eficaz en la encomienda de la que es responsable y no debe distraerse con asuntos de rifirrafe político que le podrán mantener en la cresta de la ola, pero que le hacen estar fracasando en su principal trabajo (por el que le pagan), que es ni más ni menos que atender las necesidades sociales de las personas más vulnerables de este país. Por ahora les está defraudando, y su desidia e impericia está provocando mucho sufrimiento y dolor.

Si decide gestionar y liderar la política social de este país, puede contar con nosotros. Llevamos muchos lustros de experiencia y rigor metodológico en la defensa de los servicios sociales y el sistema de la dependencia desde la ética profesional y el compromiso ciudadano con las personas más vulnerables. Para asuntos de trámite y procedimientos ordinarios es suficiente con la gestión de un negociado.

José Manuel Ramírez Navarro es presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España.

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