El Gobierno recomendará que las playas abran este verano con control de aforo y separación entre hamacas

Industria propone normas para evitar contagios en los arenales, pero la regulación final dependerá de los municipios

Ambiente en la playa de la Barceloneta, este viernes.
Ambiente en la playa de la Barceloneta, este viernes.MASSIMILIANO MINOCRI

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El Gobierno recomendará que las playas abran este verano con medidas poco habituales para evitar contagios, entre ellas el control de aforo y la separación entre hamacas, e incluso la delimitación del espacio para cada persona. Lo principal será garantizar la separación física entre bañistas, por lo que la imagen de playas atestadas que se repite cada año cambiará mucho en esta ocasión. El Ministerio de Industria encargó al Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) un protocolo general, que el organismo ha consensuado con comunidades autónomas y ayuntamientos. Este documento se encuentra aún en fase de borrador y en cualquier caso la regulación final de los arenales dependerá de los consistorios, que son en su mayor parte responsables de estos espacios.

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Spain to recommend reopening beaches at reduced capacity

“Se trata de un borrador que todavía tiene que ser autorizado por el Ministerio de Sanidad, por lo que la redacción final puede variar. No son normas de obligado cumplimiento, pero sí se han elaborado con las aportaciones de comunidades y entidades locales, por lo que pensamos que en su mayoría lo seguirán”, explica una portavoz del ICTE. Antes de conocerse este documento, algunos ayuntamientos ya habían puesto sobre la mesa ideas para la reapertura de los arenales: apps para controlar el aforo, cierre con la marea alta —como ya hace San Sebastián—, arenales con parcelas, distancia entre toallas, sin duchas, vestuarios ni colchonetas...

El documento, realizado a instancias de Industria, pide a los consistorios a estimar la capacidad de cada playa, teniendo en cuenta tanto las características de la misma (por ejemplo, cuánto litoral hay con las diferentes mareas) como el uso de sus espacios, que incluye concesiones por hamacas y sombrillas. Con estos datos, las entidades locales deberán determinar si es necesario instalar un control de accesos y un sistema para informar a los usuarios de que la capacidad máxima de la playa se ha alcanzado, con lo que no se podrá acceder a ella. En este sentido, advierte de que para lograr estos objetivos puede ser necesario reorganizar el personal de las playas e incluso usar drones si fuera necesario.

Según el borrador, se recomienda señalizar los espacios que pueden ser ocupados por los bañistas mediante hitos, sombrillas u otro tipo de indicaciones. “Se señalizarán adecuadamente los espacios de movilidad de los usuarios, por ejemplo la entrada y salida de la zona húmeda, itinerarios de paso a las concesiones desde los accesos, etcétera”. Además, debe considerarse cómo asegurar que los usuarios en primera línea de playa guardan la distancia de seguridad respecto a los usuarios en la orilla.

Mientras, la zona de hamacas y sombrillas deberá delimitarse a través de balizas, cintas, indicaciones u otro sistema, “estableciéndose un control en la asignación de las mismas, de forma que se pueda asegurar, previo a su uso, que el equipamiento ha sido debidamente limpiado y desinfectado”. La propuesta del ICTE contempla distribuir las hamacas y sombrillas dentro de la zona delimitada para asegurar la distancia de seguridad entre los usuarios de este servicio. El material de las hamacas que entra en contacto con el usuario debe poder desinfectarse o desecharse tras su uso y al inicio de la jornada. Se instará al usuario en cualquier caso a utilizar su propia toalla en el uso de estos equipamientos.

Las recomendaciones incluyen que cada Ayuntamiento evalúe si se deben abrir los aseos, pero para ello habrá de asegurarse su limpieza y desinfección varias veces al día. Estas instalaciones tendrán que tener agua y jabón para el lavado de manos, papel de secado o secador de manos y papelera de accionamiento no manual con bolsa interior. No se deben utilizar baños químicos. En cualquier caso, habrá que aumentar las frecuencias de limpieza en los arenales y garantizar que los trabajadores reciben la información suficiente sobre las normas de higiene.

Algunas comunidades, como Andalucía, ya realizaron sus propias recomendaciones para cuando abran las playas al baño: estancias de cuatro horas con los arenales marcados para garantizar la distancia, horarios de apertura y cierre, desinfección diaria de la playa y veto a las duchas o vestuarios. Entre las sugerencias también recoge que los aseos se usen “en caso estrictamente necesario”, que las toallas estén a dos metros y que se prescinda de colchonetas.

La última palabra la tendrán los ayuntamientos, pero siempre respetando las obligaciones generales que impone el Ministerio de Sanidad. La norma que permitirá reabrir las playas en fase 2 —hasta ahora, solo han abierto algunas para pasear— deja claro que habrá que guardar dos metros de distancia con otros bañistas, mantener una higiene de manos adecuada y no formar grupos de más de 15 personas. La normativa de Sanidad vigente señala que las playas deben instalar cartelería y mensajes de megafonía sobre las normas de higiene y prevención y recordar a cualquier usuario con síntomas que debe abandonar la zona. Además, recuerda que no se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios ni de las fuentes de agua.

El problema de las piscinas comunitarias

El BOE permite que las piscinas —tanto públicas como de urbanizaciones— de zonas en fase 2 abran con un aforo del 30%, cita previa y estrictas medidas de limpieza que incluyen desinfección diaria (varias veces al día en elementos como barandillas), lo que le pone las cosas difíciles a las piscinas comunitarias. “Los requisitos sanitarios son tan exigentes que es imposible cumplirlos. ¿Cómo organizas los turnos en un espacio pequeño?”, dice Noelia Mochales, del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Mochales calcula que dedicar una persona a controlar el aforo puede suponer un gasto de 9.000 euros en tres meses, que se suman a los 12.000 anuales que cuesta esta instalación (con socorrista). “Es imposible aprobar ese gasto si no se pueden celebrar juntas de vecinos”, añade. Por eso, cree que será casi imposible que estos recintos abran. Falta un mes para la temporada de piscinas públicas, por lo que aún no está claro cómo les afectará la norma, aunque el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ya ha avisado de que no reabrirá las piscinas públicas al menos hasta julio.

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Sobre la firma

Miguel Ángel Medina

Escribe sobre medio ambiente, movilidad -es un apasionado de la bicicleta-, consumo y urbanismo. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense, ha ganado los premios Pobre el que no cambia su mirada y Semana Española de la Movilidad Sostenible. Ha publicado el libro ‘Madrid, preguntas y respuestas. 75 historias para descubrir la capital’.

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